Cataluña cerró el ejercicio 2025 con un déficit presupuestario superior al 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), según el informe anual de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El dato, recogido a partir de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), sitúa a la comunidad en el grupo de autonomías que más se desviaron de la meta fiscal y reaviva el pulso entre la Generalitat y el Gobierno central por una financiación que el Govern considera estructuralmente injusta.
Solo tres territorios acompañan a Cataluña en este club del déficit elevado: Murcia, la Comunidad Valenciana y La Rioja. Las cuatro superaron la barrera del 0,5% del PIB, mientras que el conjunto de las comunidades autónomas duplicó su agujero presupuestario, pasando del 0,20% en 2024 al 0,39% en 2025. Todas incumplieron el objetivo del 0,1%, pero ocho presentaron incluso un saldo positivo.
El informe que dirige el economista Ángel de la Fuente advierte de que los datos brutos de los últimos años pueden ser engañosos. Las transferencias extraordinarias del Estado durante la pandemia distorsionaron las cuentas y su desaparición, junto al desfase en las liquidaciones del sistema de financiación, explica buena parte del repunte observado. Bajo esa lupa, el déficit catalán no se debería exclusivamnente a un descontrol del gasto autonómico.
El dato que enciende las alarmas en la Generalitat
En el Departament d’Economia i Hisenda el informe de Fedea se recibió con una mezcla de preocupación y oportunidad. Preocupación porque el déficit de 2025 —cuyas cifras definitivas se conocerán en los próximos meses— podría superar el 0,6% del PIB si se confirman las previsiones más pesimistas, lo que equivaldría a unos 1.800 millones de euros adicionales de endeudamiento. Y oportunidad porque el dato refuerza el argumento del Govern de que la comunidad necesita un trato especial.
El ejecutivo de Salvador Illa lleva semanas preparando el terreno para la próxima reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, prevista para finales de junio de 2026. En ese encuentro quiere poner sobre la mesa la necesidad de abordar una reforma del sistema de financiación antes de que termine la legislatura. La cifra de déficit que refleja Fedea proporciona munición a quienes sostienen que Cataluña aporta al sistema mucho más de lo que recibe y que la infrafinanciación lastra los servicios públicos.
La coincidencia de cuatro autonomías con déficits muy por encima de la media —y entre ellas Cataluña— subraya la insuficiencia del actual modelo de financiación autonómica, que penaliza a las comunidades con mayor esfuerzo fiscal.
Por qué el déficit reabre el frente de la financiación autonómica
El debate no es nuevo, pero la publicación de los datos de 2025 lo recoloca en un momento políticamente incómodo para el Gobierno central. Pedro Sánchez afronta unas cuentas públicas tensionadas y cualquier concesión a las autonomías del arco mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia) sería interpretada en otras regiones como un agravio comparativo. Sin embargo, en el Palau de la Generalitat consideran que el dato de déficit legitima su demanda de una ‘financiación singular’.
El concepto, acuñado durante las negociaciones de investidura con ERC, busca un sistema que permita a Cataluña gestionar y recaudar todos sus impuestos, como ya ocurre en el País Vasco y Navarra. Aquellas dos comunidades, precisamente, son las que mayor superávit registraron en 2025 (junto a Galicia y Baleares). El contraste es flagrante y el Govern lo explotará en las próximas semanas.
Fuentes de la Conselleria d’Economia consultadas por este medio reconocen que el déficit de 2025 era esperable porque el año pasado los ingresos por liquidaciones del modelo de financiación de 2023 fueron especialmente bajos. Ese efecto contable, señalan, desaparecerá al suavizar la serie con los ingresos reales de 2024 y 2025. Pero la foto política es la que vale: Cataluña aparece como la comunidad más poblada con un desequilibrio presupuestario significativo.
El precedente del pacto de investidura y la incomodidad del PSC
La exigencia de un modelo singular forma parte del núcleo duro del pacto que permitió a Salvador Illa ser president. Esquerra Republicana condicionó su apoyo a la creación de una Hacienda catalana y a que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos. La cúpula del PSC, consciente de que una concesión total en ese sentido quebraría la solidaridad interterritorial, ha tratado de modular la propuesta. La irrupción del déficit de 2025 complica ese equilibrio.
El informe de Fedea proporciona un contexto técnico que relativiza el drama, pero el ruido político ya está montado. Junts ha aprovechado el dato para cargar contra el Govern de Illa, al que acusa de no presionar lo suficiente a Moncloa. En un mensaje difundido esta mañana, el portavoz del partido lamentó que “con el PSC, Cataluña sigue en la cola de la financiación”. Mientras tanto, la Comunidad Valenciana y Murcia —gobernadas por el PP— piden un fondo de nivelación transitorio. La fragmentación es total.
La paradoja es que el dato de déficit se produce en un año en el que la economía catalana creció un 2,7% y el empleo alcanzó máximos históricos, según los últimos registros del IDESCAT. La recaudación tributaria aumentó, pero el desfase contable de las liquidaciones y el aumento del gasto en sanidad y educación —derivado de las sentencias judiciales sobre personal interino— generaron el desequilibrio. La lectura es, por tanto, más compleja de lo que sugiere la pura cifra.
Lo que viene ahora es una partida de ajedrez entre Barcelona y Madrid en la que el clima político importa tanto como los números. Illa necesita mostrar resultados antes del verano y la reunión bilateral de junio será su primer test. La Comisión Europea, por su parte, ha relajado las reglas fiscales, lo que otorga cierto margen de maniobra. Pero una cosa es el margen técnico y otra el margen político: ningún presidente del Gobierno quiere pasar a la historia como el que pagó el privilegio catalán.
