El abogado del Estado, en representación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) de Óscar Puente, ha recurrido varias veces ya la decisión de la juez instructora de Montoro que investiga el accidente ferroviario de Adamuz. Lo cierto es que la juez no deja personarse al ministerio porque todavía no sabe si el MITMA es afectado o responsable civil de la tragedia y, por tanto, no puede estar en la causa de las dos maneras, como afectado y como imputado. El juzgado dictó una diligencia de ordenación el pasado 20 de mayo para rechazar esta personación.
El último escrito del abogado del Estado recoge que interpone «recurso de reposición frente a la Diligencia de ordenación de 20 de mayo de 2026 dictada en la presente pieza separada y que declara no haber lugar a la personación interesada por esta representación en concepto de actor civil, por infracción de los artículos 110, 141 y 144 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el apartado 3 de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, y la jurisprudencia que se indica en el cuerpo de este escrito».
Víctimas de Adamuz
Las alegaciones usadas para recurrir por el representante del Estado se sustentan en que «la diligencia de ordenación que impugnamos rechaza, sin razonamiento alguno, nuestra personación en concepto de actor civil, remitiéndonos al ejercicio de acciones “en el procedimiento civil y/o administrativo pertinente”.
Pero la juez no tiene claro todavía el papel del MITMA en todo esto, si es que tiene algún papel que jugar. Si la juez admitiera la personación del ministerio como perjudicado sería luego prácticamente imposible cambiar esa condición a la de imputado, aunque fuera en concepto de responsabilidad civil.
El abogado del Estado dice que «asimismo, se viene reconociendo de manera reiterada la personación como actor civil en el supuesto de subrogación por pago a la víctima del delito, como ocurre de forma más recurrente con las compañías aseguradoras».
Todo para defender que «en el presente procedimiento, por tanto, la Administración del Estado se encuentra legitimada para personarse como actor civil en la medida en que, tal y como se exponía en nuestro escrito de personación, en el apartado 3 de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), se reconoce la subrogación del Estado en la titularidad de los derechos de crédito derivados de las indemnizaciones que en su caso se declaren en favor de las víctimas en el presente procedimiento, hasta el límite de la ayuda satisfecha de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de dicha disposición».
El problema es que varias de las acusaciones populares han presentado querellas contra altos cargos de ADIF, una empresa dependiente del ministerio de Óscar Puente. Por ejemplo, la asociación Liberum, que ejerce la acusación popular en varios casos importantes como el de la DANA de Valencia, pide investigar a tres altos cargos de ADIF por homicidio por imprudencia grave, lesiones y delito contra los trabajadores.
A pesar de ello, el abogado del Estado insiste en que «conforme a cuanto se ha razonado, que debe admitirse la personación de la Administración del Estado en concepto de actor civil en el presente proceso penal, en cuanto subrogada legalmente en los derechos de crédito derivados de las indemnizaciones que se puedan reconocer en el presente procedimiento conforme a las
previsiones del apartado 3 de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, con el alcance y en las condiciones allí establecidos».
El accidente de Adamuz tuvo lugar el 17 de enero de 2026 cuando un tren colisionó contra otro que había descarrilado. El accidente causó 46 muertos y más de cien heridos.
