La compañía Renfe, cuyo tren Alvia se estrelló contra un Iryo que descarriló el pasado 18 de enero de 2026 en Adamuz, firmó su actual póliza de siniestros de responsabilidad general con la empresa QBE Europe el 28 de enero, con una franquicia general de 1,5 millones de euros por siniestro. De hecho, la compañía aseguradora pidió personarse el 29 de enero ante el juzgado de instrucción y primera instancia 2 de Montoro que investiga el accidente que causó 46 víctimas mortales, un día después de que firmase la póliza cuya vigencia abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.
Dice QBE que «tiene suscrita la póliza (…), en la que es asegurada la entidad Renfe Viajeros (…) póliza en vigor en la fecha en que sucedió el accidente, de la que se acompaña copia». Por tanto, solicita que «se la tenga por comparecida y personada en los presentes autos en su condición de compañía aseguradora de la responsabilidad civil de Renfe, entendiéndose con ella las sucesivas actuaciones y diligencias». En el Alvia murieron 37 personas y en Iryo fueron 9 las víctimas mortales.
Además, la compañía aseguradora advierte en el juzgado que «se ha presentado escrito de personación de QBE en su condición de aseguradora de ADIF. Habida cuenta de que la existencia de dos pólizas diferentes, regidas por condiciones contractuales y con asegurados distintos, podría dar lugar a situaciones contradictorias en el presente procedimiento, cada personación se formaliza mediante escrito y dirección letrada distintos».
La empresa también pone a disposición del juzgado la póliza que cita. En la misma se cita como objeto: «La finalidad del seguro es garantizar a los asegurados el pago de las indemnizaciones de las que puedan resultar civil o patrimonialmente responsables conforme a derecho, por daños
corporales o materiales y perjuicios ocasionados involuntariamente a terceros y producidos durante la vigencia del contrato de seguro, de acuerdo con los términos fijados y por hechos derivados del riesgo cubierto».
En el apartado de «daños indemnizables» figuran «las lesiones, enfermedades o fallecimiento sufrido por personas físicas» y explican que serán «terceros», «los asegurados personas físicas en los casos en que actúen como usuarios de los servicios prestados por el Grupo Renfe o, en general, fuera del ámbito contemplado en el apartado 4 por el que adquieren su condición de asegurado».
En el apartado de «acuerdos extrajudiciales», algo que podría ocurrir con las víctimas de Adamuz, en vez de esperar a una sentencia, se recoge que «en aquellos siniestros en los que en su conjunto se presuma que las cuantías indemnizatorias no superarán el importe de 1.500.000 euros, la aseguradora deberá informar a Renfe Operadora de los términos de cualquier posible acuerdo con cada perjudicado, reclamante o titular de la acción ejercitada con anterioridad a su suscripción».
El accidente de Adamuz fue grave
La póliza incluso recoge un plan de contingencia en caso de accidente: «El objeto del presente procedimiento es fijar las bases de actuación coordinada en caso de siniestro ferroviario grave, integrando los modos de operación en el marco del Plan de Contingencias de Adif. Así como regular la gestión y organización de los servicios de transporte, alojamiento, manutención y asistencia psicológica, por parte de la aseguradora, para garantizar la asistencia a las víctimas de accidentes y sus familiares, conforme a las disposiciones recogidas en el R.D. 627/2014 y que obligan a RENFE, como prestadora del servicio de viajeros, de modo que amplíen o complementen las prestaciones cubiertas por la póliza del SOV (Seguro obligatorio de viajeros)».
Como accidente grave se considera «cualquier colisión o descarrilamiento de trenes con el resultado de al menos una víctima mortal o de cinco o más heridos graves o grandes daños al material rodante» y los beneficiarios son «los viajeros de Renfe provistos del correspondiente título de transporte y menores de edad que estén exentos del pago del billete (…)».
