El Govern de Salvador Illa encadena crisis y la oposición independentista ya no se limita a criticar: este sábado, Junts per Catalunya ha exigido la destitución de dos consejeras. La petición llega tras conocerse la presencia de agentes de paisano de los Mossos d’Esquadra en una asamblea de docentes en Barcelona. El secretario general de Junts, Jordi Turull, no ha dudado en calificar a esos agentes como ‘espías’ y ha acusado al ejecutivo catalán de haber perdido el control de la situación. Las dimisiones que reclama afectan directamente a Núria Parlon, consellera d’Interior, y a Esther Niubó, consellera d’Educació.
La infiltración que enciende a la oposición
La polémica se desató a raíz de la información adelantada por El Nacional, que reveló la presencia de policías catalanes de paisano en una reunión de profesores. Según Turull, ‘en una democracia no hay precedentes de una situación así, con policías infiltrados en reuniones de maestros’. El dirigente juntaire comparó estas prácticas con las de regímenes dictatoriales y exigió un ‘mensaje muy claro’ en defensa de las libertades fundamentales. En su opinión, estas deben garantizarse ‘sin excusas’.
La presencia de agentes de información en un espacio de debate laboral ha provocado un seísmo político. ERC, Comuns y la CUP ya reclamaron el viernes la destitución del director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. Junts ha ido un paso más allá al apuntar directamente a las dos consejeras del Govern. Turull reprochó a Parlon haber ‘justificado’ la actuación policial y pidió un ‘cambio radical’ en la gestión del conflicto educativo, que se arrastra desde hace meses con huelgas convocadas.
Un Govern en quiebra: de Rodalies al hantavirus
La crisis de los Mossos infiltrados no es la única losa que soporta el Palau. En sus declaraciones desde el Mercado del Clot, Turull también reclamó la cabeza de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, por la gestión de Rodalies. El descarrilamiento de un tren de mercancías en la R8, entre Rubí y Cerdanyola del Vallès, el viernes, fue el detonante. ‘¿Cuántos episodios más de incompetencia, de ridículo y de vergüenza ajena tienen que pasar para que la destituyan?’, se preguntó el secretario general de Junts.
A eso se suma la inquietud por el brote de hantavirus y la sensación de que el Govern ofrece mensajes contradictorios. Turull pidió ‘información, acompañamiento y respeto por la comunidad científica’ y criticó que se esté ‘pendiente de lo que diga Madrid en lugar de afrontar y liderar la situación desde Catalunya’. La alusión a la dependencia del Gobierno central es un estilete que Junts utiliza con precisión quirúrgica.
En materia de vivienda, Turull también cargó contra la ministra Isabel Rodríguez, a quien acusó de ‘buscar el titular fácil’. Sus palabras fueron duras: ‘La política de vivienda del gobierno español va de muy mal en peor y ahora casi tienes que contratar un detective para encontrar un piso de alquiler’.
El Govern de Illa, que llegó presumiendo de gestión, afronta ahora un deterioro acelerado de su autoridad en múltiples frentes.
El coste político para Illa y la relación con Moncloa
La ofensiva de Junts sitúa al president Salvador Illa en una posición extremadamente delicada. Las exigencias de destitución no son nuevas, pero la acumulación de crisis —educativa, ferroviaria, sanitaria— está desdibujando la imagen de solvencia que el Govern quiso vender a Moncloa. De hecho, Turull calificó al ejecutivo catalán como ‘un ejecutivo en quiebra’ y reclamó una remodelación profunda.
La presión llega en un momento clave para los presupuestos de la Generalitat para 2026. El secretario general de Junts ironizó sobre el calendario condicionado ‘por el calendario de un partido político que ni siquiera está en Catalunya, sino en Andalucía’. La referencia al PSOE andaluz y a las negociaciones presupuestarias en Madrid evidencia la debilidad de un Govern que depende de los votos de ERC y Junts para sacar adelante las cuentas.
En esta redacción observamos que la estrategia de Illa de proyectar una gestión eficaz y alejada del procés se ve erosionada por una realidad tozuda. Cada nuevo incidente —un descarrilamiento, una filtración policial, un brote vírico— se convierte en munición para una oposición que no va a dar tregua. La exigencia de Turull de que Illa ‘rectifique e impulse una remodelación profunda’ no es solo una demanda puntual; es la constatación de que el ciclo político abierto en agosto de 2024 ha entrado en una fase de turbulencias.
Cabe recordar que la figura de Núria Parlon, alcaldesa de Badalona en excedencia, era uno de los fichajes estrella del Govern. Su gestión al frente de Interior se pone ahora en entredicho. La de Esther Niubó, consejera de Educació, también queda tocada por un conflicto con los docentes que parece no encontrar cauce negociador. El Govern, mientras, guarda silencio y espera que pase la tormenta.
Con el Parlament a la espera de los próximos plenos y la negociación presupuestaria en el aire, la pregunta que sobrevuela el Palau de la Generalitat es cuánto tiempo podrá Illa resistir sin mover piezas. De momento, la oposición ya ha puesto nombres sobre la mesa.
