La asociación profesional Unión de Militares de Tropa (UMT) ha planteado ante el Ministerio de Defensa «una cuestión de calado para la planificación profesional y la conciliación familiar: ¿pueden los militares que tengan previsto su pase a la situación de Servicio Activo Pendiente de Asignación de Destino (SAPAD) solicitar las vacantes reservadas para dicho personal antes de cumplirse el plazo de seis meses?».
La respuesta del Ministerio, limitada a una interpretación literal del Reglamento de Destinos, ha sido «insuficiente y desconsiderada con la realidad que a diario enfrenta nuestro personal», dicen desde la UMT.
Esta cuestión, de implantación idónea en todos los Ejércitos, permitiría una flexibilidad normativa que el Ministerio se niega a ejecutar «sin explicar cuál es el perjuicio real de permitirlo», añaden.
Vacantes que fracturan familias
La UMT considera que existen herramientas sobradas para articular esta posibilidad, dando preferencia a quienes ya están en el Servicio Activo Pendiente de Asignación de Destino (SAPAD), pero sin cerrar la puerta a quienes están próximos a dicha situación. Con esta medida se evitaría que muchas plazas quedaran desiertas y se reducirían los movimientos contra los intereses de los militares mediante traslados geográficos forzosos.
Según esta misma asociación profesional, estos traslados desencadenan con demasiada frecuencia:
• Excedencias forzadas por la imposibilidad de conciliar.
• Problemas de salud psicológica al enfrentar una realidad bifurcada entre dos ubicaciones a cientos de kilómetros.
• El drama de mantener familias y vidas construidas a distancia, con un insoportable desgaste emocional y económico.
El fracaso de la Estrategia de Viviendas de Defensa
La situación se agrava con la reciente Estrategia de Viviendas promovida por el INVIED. El Ministerio presume de apoyo a la movilidad, pero excluye al personal de la Escala de Tropa y Marinería con contrato temporal del parque de viviendas para arrendamiento en zonas tensionadas.
Esta política desampara a la unidad familiar de nuestros compañeros, obligándoles entre otras acciones a:
1. Separarse de sus familias.
2. Hipotecarse para pagar alquileres muy por encima de su nivel de endeudamiento viable.
3. Aceptar la humillante solución de «pisos compartidos» mediante arrendamiento por habitaciones.
Es inadmisible que un marinero, un Cabo o un Cabo Primero, por el hecho de no ser permanente, no tenga derecho a una vivienda digna por parte del Ministerio de Defensa, a diferencia del militar de carrera, Oficial o Suboficial, que goza de retribuciones más altas y mayores ayudas para la residencia, denuncia la UMT.
Priorizar el “papel” sobre las personas
En definitiva, el Ministerio de Defensa sigue «primando una cobertura en los papeles sobre una cobertura eficaz. Prefieren ignorar el ahorro de costes que supondría evitar pasaportes, mudanzas y permisos por traslado, a cambio de mantener una interpretación restrictiva que solo genera malestar», añaden. Por eso la UMT elevará esta cuestión por escrito a la Subsecretaría de Defensa y a la Dirección General de Personal. No cejaremos en nuestra exigencia de que se modifique esta interpretación y se dé una solución real a la escala más castigada de nuestras Fuerzas Armadas.
