Eduard Sallent, el exjefe de los Mossos d’Esquadra durante dos mandatos y actualmente consultor, ha arremetido contra la infiltración de dos agentes de paisano en una asamblea de trabajadores del Consorci d’Educació del Barcelonès, denunciando que la operación fue un error táctico y una amenaza para la confianza ciudadana en el cuerpo. La acción, ocurrida el pasado miércoles, se produce en pleno conflicto laboral del sector docente contra el pacto firmado por la Generalitat con los sindicatos mayoritarios.
Una operación ‘no planificada’ que el máximo exresponsable rechaza
En un hilo publicado en su perfil de X, Sallent ha sido contundente: ‘En Cataluña, por sus dimensiones, la infiltración no es, en general, una buena opción operativa para el cuerpo de los Mossos d’Esquadra’. El excomisario sostiene que hay enfoques igualmente eficaces y más seguros para obtener información en un contexto como éste. ‘La seguridad operativa no se planificó adecuadamente, y los agentes han acabado expuestos’, ha añadido, exigiendo que eso ‘preocupe y ocupe’ a los responsables políticos y policiales.
Sus palabras, cargadas de autoridad por haber dirigido el cuerpo en dos etapas distintas (2019-2024), ponen en cuestión la decisión de infiltrar a una asamblea de empleados públicos que, además, mantienen una relación de lealtad con los Mossos, como él mismo recuerda. ‘Actuaciones como ésta pueden erosionar la confianza entre la ciudadanía y el cuerpo policial’, ha subrayado.
El trasfondo del suceso es especialmente sensible. Los sindicatos del sector ultiman nuevas movilizaciones y jornadas de huelga contra el acuerdo alcanzado entre la Conselleria d’Educació y las centrales CC.OO. y UGT. La presencia de agentes en un espacio de reunión sindical es interpretada por las organizaciones convocantes como un acto de intimidación.
El Parlament aprieta: la comisión de infiltraciones y el debate sobre Trapero
Esta exigencia se produce cuando el Parlament mantiene abierta una comisión que investiga precisamente las infiltraciones policiales en movimientos sociales. El momento no podía ser menos oportuno: con la comisión aún activa y la polémica sobre la presencia de agentes en institutos educativos todavía fresca, la operación en la asamblea de docentes se asemeja a un jarro de agua fría para los intentos del Govern de cerrar ese capítulo. Illa se ha visto obligado a salir al paso, pero sus palabras chocan con las pruebas que los propios sindicatos y el exjefe Sallent están aireando. La idea de que los agentes se hicieran pasar por trabajadores del centro y fueran desenmascarados por un profesor no hace sino alimentar la percepción de improvisación.
Sallent ha expresado con crudeza lo que muchos piensan en los pasillos del Parlament: una operación chapucera en el peor momento político posible para el Govern.
Por qué Sallent es la voz más incómoda para Illa en este momento
Eduard Sallent no es un crítico cualquiera. Excomisario con una trayectoria reconocida dentro del cuerpo, actualmente en excedencia y trabajando en consultoría de estrategia, goza de una independencia que le permite señalar fallos que otros mandos activos no pueden ni mencionar. Cuando habla, no habla un activista: habla quien fue el máximo responsable operativo de los Mossos.
Su mensaje va más allá de lo técnico. Al advertir de que la infiltración ‘no es una buena opción operativa’ en Cataluña, está describiendo un fallo de doctrina que debería hacer reflexionar a la cúpula del cuerpo. Y al recordar que hay alternativas más seguras para obtener información, está criticando implícitamente la falta de imaginación o el exceso de celo de los servicios de información.
La polémica llega en un momento crítico para la dirección de los Mossos. El cuerpo ha intentado en los últimos años proyectar una imagen de proximidad y profesionalidad, pero incidentes como éste devuelven el debate a las sospechas de instrumentalización política. Sallent, al distinguir entre el error operativo y las instrucciones políticas, está lanzando un mensaje a sus antiguos compañeros: el daño reputacional puede ser irreversible si no se admite con claridad lo sucedido.
Para Illa, que ha situado su presidencia como una etapa de normalización institucional, este episodio supone una magulladura considerable. Su respaldo a Trapero y a los agentes es previsible, pero no calma a unos socios parlamentarios —ERC, en particular— que necesitan demostrar firmeza en el control del Govern. El president podría afrontar en pocas semanas una sesión de control en la que tenga que elegir entre mantener al director general o perder apoyos clave en la cámara.
Mientras tanto, los sindicatos educativos han convocado nuevas movilizaciones para los próximos días. La infiltración ha añadido un agravio que unifica al sector frente a la administración, justo cuando la Conselleria busca apaciguar los ánimos. El Govern, en lugar de apagar un fuego laboral, se ha encendido otro en el terreno de los derechos fundamentales.
El Parlament tomará la palabra en las próximas semanas. Y si las explicaciones que ofrezcan los responsables políticos no satisfacen a los grupos, la destitución de Trapero podría convertirse en una línea roja para los partidos que sostienen a Illa. La confianza, como bien sabe Sallent, tarda años en construirse y se pierde en un solo error.
