Ayuso exige claridad al Gobierno sobre la gestión de los pasajeros del crucero con hantavirus que llegarán al Gómez Ulla. La presidenta madrileña, desde México donde se encuentra de viaje oficial, denunció esta madrugada el «descontrol» del Ejecutivo y las «versiones diferentes dependiendo del ministerio que te hable».
La alerta sanitaria que desató la polémica
El brote de hantavirus –una infección grave que se transmite por roedores– a bordo de un crucero con bandera extranjera ha puesto en jaque la coordinación entre administraciones. Los 14 pasajeros españoles afectados serán trasladados desde Canarias al Hospital Gómez Ulla, un centro militar en el distrito de Latina, para cumplir la cuarentena. Sin embargo, la decisión ha llegado envuelta en contradicciones que la Comunidad de Madrid considera inaceptables.
La confusión entre cuarentena voluntaria y obligatoria
El principal punto de fricción, es la naturaleza del aislamiento. La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió que la cuarentena será voluntaria, al requerir consentimiento informado por tratarse de una medida privativa de libertad. Por contra, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que el Gobierno dispone de «instrumentos legales suficientes» para obligar a los positivos a confinarse si fuera necesario. Una contradicción que, en palabras de la presidenta regional, genera «absoluta confusión».
Ayuso también señaló discrepancias con el Ejecutivo canario. «Esta misma mañana el Gobierno de Canarias decía que estaba totalmente en contra de que el barco atracara directamente la costa. Pero, sobre todo, también sobre qué va a hacer el Gobierno con todo ello», relató desde su viaje oficial, exigiendo conocer los criterios que llevaron a centralizar en Madrid la atención a los infectados.
La Comunidad exige respuestas ante las contradicciones ministeriales
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, escribió esta mañana a Mónica García para reclamar información detallada sobre la gestión del brote. «No solo de eso, sino de la controversia que hay entre las declaraciones de la ministra de Defensa respecto a la voluntariedad del ingreso», detalló en la Asamblea. La Comunidad recuerda que es la única región de España con un plan de respuesta a emergencias sanitarias alineado con la directiva europea, un instrumento que, según remarcó, «el Ministerio no tiene».
Pese a las críticas, tanto Ayuso como Matute garantizaron que Madrid está preparada. «Nuestro sistema sanitario, el de Madrid, es de primer orden», afirmó la presidenta, confiando en que el centro militar pueda asumir los casos sin tensionar la red hospitalaria pública.
La confusión sobre la voluntariedad de la cuarentena no es un detalle menor: determina la capacidad real del Estado para controlar un brote importado en pleno corazón de Madrid.
Madrid frente al Gobierno: un pulso con precedentes
El choque entre administraciones por la gestión de alertas sanitarias no es nuevo. Durante la pandemia de COVID-19, el Gobierno central y la Comunidad de Madrid mantuvieron numerosos desencuentros sobre competencias, confinamientos perimetrales y recursos. Ahora, con el hantavirus, se repite un patrón: Madrid se queja de falta de información y exige coordinación, mientras que el Ejecutivo asume la dirección sin detallar los protocolos. La diferencia con aquel entonces es que el sistema sanitario madrileño cuenta hoy con un plan de emergencias homologado, lo que otorga un argumento técnico a las demandas de Ayuso.
No obstante, la elección del Gómez Ulla —un hospital militar— sugiere que la responsabilidad de la atención recae en el ámbito de Defensa, no en la sanidad autonómica. Esto podría explicar la indefinición, aunque no la justifica. En esta redacción entendemos que la transparencia es clave para evitar alarmas innecesarias entre los madrileños, que verán cómo en pocas horas se activa un dispositivo sanitario del que apenas tienen información.
Mientras tanto, los 14 pasajeros aguardan su traslado a la capital en un ambiente de incertidumbre administrativa.
