El Ayuntamiento de Getafe ha adjudicado este jueves las obras para levantar 203 viviendas públicas de alquiler en una parcela municipal junto a la Universidad Carlos III. Será la primera promoción del municipio destinada íntegramente al arrendamiento y con el suelo blindado para siempre como patrimonio público. Las máquinas empezarán a moverse antes del verano, y el sorteo de las llaves podría llegar antes de que termine 2026, según el comunicado municipal.
La parcela, estratégicamente situada frente al campus de la UC3M y con todos los servicios a mano, estaba inicialmente calificada para uso privado. La decisión de recalificarla a residencial público fue una apuesta expresa de la alcaldesa, Sara Hernández, que ahora se materializa en ladrillo. La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) será la encargada de promover, construir y gestionar los pisos, un modelo que el gobierno local reivindica como opuesto al que impulsa la Comunidad de Madrid.
“En Getafe no regalamos el suelo público a empresas privadas para que hagan negocio con el alquiler, como ocurre con el Plan Vive”, ha declarado la regidora. Hernández ha subrayado que “aquí es la EMSV la que promueve, construye y gestiona, garantizando que el suelo siga siendo siempre público”. La referencia al Plan Vive, que cede parcelas autonómicas a promotores privados con alquileres regulados durante 50 años, marca una de las diferencias políticas más nítidas entre el ayuntamiento socialista y el Ejecutivo autonómico del PP.
La alcaldesa sitúa esta promoción como “un modelo radicalmente distinto” al regional, en el que la administración municipal mantiene el control directo y evita que el suelo acabe en manos ajenas. Con esta operación, Getafe aspira a engrosar su parque público de alquiler de forma permanente, en un contexto de precios disparados en el sur metropolitano.
El blindaje del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa
Para asegurar que las viviendas no puedan ser enajenadas en un futuro, el Ayuntamiento ha recurrido a una fuente de financiación poco habitual en los municipios españoles: el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB). La operación, aprobada en el último pleno municipal, permite a la EMSV obtener los recursos necesarios con la condición de que el suelo permanezca público de forma perpetua.
La concejala de Vivienda, Gema Cáceres, calificó la consecución de esta línea de crédito como “un logro de la ciudad”, recordando que Getafe es en en uno de los pocos municipios españoles que ha logrado financiación del CEB para promociones de vivienda. La edil añadió que este respaldo internacional servirá de palanca para atraer a otras entidades financieras a las próximos proyectos de la EMSV.
La operación es inédita en Getafe, pero 203 pisos apenas rozan la superficie de una necesidad que ya supera las mil familias en lista de espera municipal.
Lo que 203 viviendas no solucionan: el atasco del alquiler en el sur
Con un mercado del alquiler que, según los principales portales del sector, ha subido un 9 % en el último año en la zona sur de Madrid, cada nueva promoción pública es recibida con alivio pero también con escepticismo. La demanda de alquiler asequible en Getafe, como en Móstoles o Fuenlabrada, supera con creces la oferta municipal, y medidas como esta —aunque bienvenidas— difícilmente aflojan la presión a corto plazo.
La EMSV gestiona ya otras promociones de alquiler con opción a compra, pero esta es la primera vez que el 100 % de las viviendas se destinará al arrendamiento puro, sin opción de venta futura. La apuesta, en todo caso, es cualitativa: demuestra que se pueden levantar pisos públicos con financiación europea y sin ceder un metro cuadrado al sector privado. El verdadero test llegará cuando se abra el sorteo, previsiblemente en el último trimestre de 2026, y se confronten las miles de solicitudes con las 203 llaves disponibles.
Mientras tanto, las obras empezarán antes de que termine la primavera y se convertirán en un elemento cotidiano del paisaje frente al campus. La pregunta que queda en el aire es si este modelo se replicará a mayor escala en futuras legislaturas o si quedará como un gesto aislado de resistencia municipal frente al Plan Vive.
