Donald Trump ha firmado este martes una nueva estrategia nacional antiterrorista que describe a los aliados más ricos de la OTAN como ‘incubadores de amenazas terroristas’, acusándoles de permitir que ‘culturas alienígenas’ exploten las fronteras abiertas. El documento, difundido por la Casa Blanca, supone un giro radical en la doctrina de Washington y coloca a Europa en el centro de la diana.
El contenido de la estrategia: de aliados a amenaza
La nueva estrategia nacional antiterrorista rompe con décadas de retórica cooperativa. El texto utiliza un lenguaje inusualmente duro para referirse a los socios de la Alianza: habla de ‘incubadores de terror’ y sostiene que la inmigración masiva, tolerada por gobiernos europeos, ha permitido la infiltración de redes extremistas. Fuentes de la administración citadas por filtraciones a la prensa indican que el presidente está particularmente irritado con Alemania, Francia y España.
El documento señala que la combinación de políticas de asilo laxas, falta de integración y sistemas de vigilancia fragmentados convierte a las capitales europeas en plataformas de reclutamiento y planificación. El Pentágono, en coordinación con el Consejo de Seguridad Nacional, ha comenzado a revisar los protocolos de inteligencia compartida que podrían verse restringidos si los aliados no corrigen el rumbo.
La mención explícita de ‘culturas alienígenas’ ha generado un fuerte rechazo diplomático, aunque la Casa Blanca defiende que no es un ataque a grupos étnicos sino una referencia a ideologías ajenas a los valores occidentales. Sin embargo, el tono recuerda a los discursos más controvertidos de la campaña de 2024.
Silencio oficial y malestar en Bruselas
La reacción europea ha sido cauta. La Comisión Europea ha evitado una condena formal, limitándose a señalar que la lucha antiterrorista debe basarse en ‘el respeto mutuo y los derechos fundamentales’. Francia y Alemania han emitido comunicados casi idénticos subrayando su compromiso con la seguridad transatlántica, sin mencionar directamente las acusaciones.
España, que ya había recibido críticas de Washington por los repuntes migratorios en Canarias y las ciudades autónomas, guarda silencio. Moncloa sabe que cualquier respuesta airada podría tensar aún más unas relaciones ya dañadas por el viraje proteccionista estadounidense y el debate sobre el gasto en defensa. La estrategia llega, además, en un momento especialmente delicado: el Ejecutivo negocia un nuevo acuerdo de cooperación con Marruecos que podría verse afectado si Trump vincula inmigración con terrorismo en el Magreb.
Observamos un patrón: cada vez que Washington tensiona la inmigración, Rabat utiliza la carta migratoria como moneda de cambio en sus demandas sobre el Sáhara.
Equilibrio de Poder
La nueva doctrina antiterrorista de Trump representa un terremoto para el eje Washington-Bruselas. No es una bravata aislada: se inserta en una estrategia más amplia de repliegue selectivo que empezó con la retirada de Afganistán y se acentuó con las amenazas de retirar el paraguas nuclear. Al calificar a los aliados de la OTAN como parte del problema, la Casa Blanca está creando una justificación legal y política para reducir su presencia militar en Europa y, sobre todo, para condicionar la protección del Artículo 5 a reformas migratorias.
Para España, el impacto es múltiple. En primer lugar, la asociación explícita entre inmigración y terrorismo podría afectar los programas de ayuda al desarrollo en el Sahel, una región que el Pentágono considera prioritaria tras la retirada francesa. En segundo lugar, si la administración endurece los requisitos de visado para ciudadanos de países con alta presión migratoria, los flujos hacia Canarias y las fronteras sur podrían aumentar al cerrarse otras rutas. Y en tercer lugar, la presión sobre el gasto en defensa se intensifica: si Europa se convierte en un ‘incubador’, el argumento de Trump para exigir el 5% del PIB gana peso y Moncloa perderá margen de negociación.
Históricamente, nunca un presidente estadounidense había llegado tan lejos en la estigmatización de sus aliados. Incluso durante la crisis de los misiles en Cuba, Kennedy mantuvo la retórica de defensa común. El precedente más cercano es la intervención en Libia de 2011, cuando Washington acusó a Francia y Reino Unido de liderar sin capacidad militar suficiente, pero sin calificarles de amenaza interna. Ahora la situación es distinta: la administración Trump ha decidido que el coste de la seguridad europea ya no vale la inversión, y el terrorismo le sirve de coartada.
Esta redacción entiende que el movimiento, aunque provocador, responde a una realidad incómoda: los sistemas de asilo europeos han sido explotados por individuos radicalizados. Sin embargo, convertir a los aliados en el enemigo no solo es diplomáticamente arriesgado, sino que podría alimentar ciclos de desconfianza que debiliten la lucha antiterrorista real. El próximo Consejo Europeo de junio será el escenario donde los Veintisiete tendrán que articular una respuesta común si quieren evitar que la brecha se convierta en una fractura definitiva.
