La situación del Estado de Derecho en España ha cruzado un umbral crítico que ha encendido todas las alarmas en el corazón de la Unión Europea tras los últimos casos de corrupción acontecidos en esta última legislatura de Pedro . Según los últimos datos analizados entre mediados de 2025 y los primeros meses de 2026, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han manifestado una preocupación sin precedentes por la deriva institucional del país.
Informes técnicos y debates parlamentarios coinciden en un diagnóstico sombrío: España ha entrado en una zona de alto riesgo de corrupción, marcada por la erosión de la separación de poderes y un deterioro constante de los estándares democráticos que se exigen a los Estados miembros. Esta situación no solo afecta a la imagen exterior del país, sino que amenaza con socavar la confianza de los ciudadanos en la arquitectura misma de su democracia.
El escenario actual se ve agravado por la falta de una respuesta contundente por parte del Ejecutivo español ante las advertencias de Bruselas. La Comisión Europea ha sido taxativa al señalar que España no ha cumplido con los plazos previstos para la aprobación de una estrategia nacional contra la corrupción, una herramienta que se considera indispensable para atajar las malas prácticas en la administración pública.
Además, la persistente negativa a avanzar en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la tardanza en la resolución de causas complejas han generado un clima de impunidad que preocupa seriamente a los observadores internacionales. El mensaje de Europa es claro: la rendición de cuentas no es opcional, y la pasividad actual está alimentando una percepción de riesgo que no se veía en más de una década.
La sombra de la corrupción de alto nivel
Uno de los puntos más sensibles que ha centrado los debates en el Parlamento Europeo es el auge de las investigaciones relacionadas con la corrupción de alto nivel. Las instituciones comunitarias han instado a las autoridades españolas a agilizar las pesquisas sobre casos que afectan directamente al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez.
Se han mencionado explícitamente procesos judiciales que involucran a figuras de gran relevancia, como el denominado caso Ávalos, así como las investigaciones abiertas sobre la esposa y el hermano del presidente del Gobierno. A este complejo panorama se suma un hecho que Bruselas califica de extremadamente grave: la imputación del Fiscal General del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, una situación que pone en entredicho la neutralidad y la ética de la cúpula fiscal en España.
Ante esta acumulación de escándalos, el eurodiputado del PP y presidente de la Comisión de Libertades Civiles (LIBE), Javier Zarzalejos, se ha mostrado contundente. El parlamentario ha subrayado que los datos actuales muestran que la corrupción está dejando de ser un fenómeno aislado para convertirse en una amenaza estructural.
Zarzalejos ha reclamado de forma urgente una estrategia legal, administrativa y política firme contra la corrupción, argumentando que “cuando la corrupción se normaliza o se tolera, acaba contaminando el funcionamiento del Estado de derecho y erosionando la confianza de los ciudadanos en las instituciones”. Según su análisis, el país se enfrenta a un problema de fondo que las autoridades no parecen dispuestas a atajar con la contundencia necesaria.
El asalto a la independencia judicial y el CGPJ
La independencia de la justicia es otro de los pilares que la Unión Europea considera bajo asedio en España. El informe de la misión parlamentaria realizada en febrero de 2026 destaca que el sistema de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin adaptarse a los estándares europeos de independencia.
A pesar de las recomendaciones reiteradas de la Comisión, el proceso de elección continúa bajo la sombra de la influencia política, lo que genera dudas razonables sobre la imparcialidad del órgano de gobierno de los jueces. Esta situación se ve agravada por las denuncias de presiones directas sobre magistrados y el uso de amnistías en contextos de corrupción, una práctica que el Parlamento Europeo ha censurado por considerar que puede servir para blindar a cargos políticos frente a la acción de los tribunales.
Javier Zarzalejos ha denunciado este inmovilismo institucional como una estrategia deliberada para controlar los contrapesos del Estado. El diputado popular ha sido especialmente crítico con la falta de voluntad para reformar el órgano judicial, asegurando que “el Gobierno sigue incumpliendo su compromiso de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial conforme a los baremos europeos”.
Para el presidente de la comisión LIBE, esta resistencia al cambio no es accidental, sino que forma parte de una dinámica de poder que busca reducir la autonomía de los jueces y asegurar que la Justicia no sea un obstáculo para los intereses del Ejecutivo.
El abuso del decreto-ley y el vacío parlamentario
El informe del Parlamento Europeo también pone el foco en la forma en que se ejerce el poder en España, alertando sobre una creciente concentración de autoridad en manos del Ejecutivo. La misión europea ha identificado un abuso sistemático del real decreto-ley, una figura jurídica diseñada para casos de extraordinaria y urgente necesidad que, sin embargo, se ha convertido en la herramienta legislativa habitual del Gobierno.
Según los observadores comunitarios, esta práctica limita severamente la deliberación parlamentaria y debilita los mecanismos consultivos que son esenciales en cualquier democracia sana. La dominancia del Ejecutivo sobre el Legislativo se percibe ya como una anomalía que aleja a España de las mejores prácticas de gobernanza de la Unión.
Sobre este punto, Zarzalejos ha advertido que nos encontramos ante un “abuso continuado del real decreto-ley como fórmula para debilitar la deliberación parlamentaria y amordazar al Congreso”. Esta crítica se extiende también a la neutralidad de organismos públicos y la gobernanza de RTVE, cuya independencia ha sido cuestionada en el último informe europeo debido a la alta polarización y la percepción de control gubernamental.
La negativa del presidente del Gobierno y de varios ministros a reunirse con la misión parlamentaria durante su visita a Madrid fue calificada por el eurodiputado como un “hecho insólito” y un síntoma inequívoco de la degradación institucional. Según Zarzalejos, esta falta de colaboración institucional es una señal de alarma que Bruselas no puede pasar por alto.
Hacia una respuesta europea coordinada
En respuesta a la proliferación de escándalos no solo en España, sino en diversos puntos de la Unión, el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2026 una nueva directiva destinada a armonizar las normas contra la corrupción en todo el territorio comunitario. Esta medida busca establecer un marco común más estricto que impida a los gobiernos nacionales relajar los controles éticos y judiciales.
La situación en España se ha convertido en un caso de estudio para los legisladores europeos, que ven con preocupación cómo el deterioro de los indicadores de percepción de la corrupción ha caído a niveles no vistos desde el año 2012, afectando directamente a la credibilidad del país en los foros internacionales.
Para Javier Zarzalejos, el informe emitido tras la misión de febrero es una prueba irrefutable de que la situación ha llegado a un punto de no retorno sin reformas profundas. El parlamentario ha insistido en que el documento “pone de manifiesto que existen problemas graves y un deterioro progresivo del Estado de derecho en España que ya no puede seguir siendo ignorado”.
La conclusión de las instituciones europeas es que España debe renovar su compromiso con la separación de poderes y la protección de sus instituciones si quiere seguir siendo un socio fiable en el proyecto europeo. La transparencia y la independencia judicial no son sugerencias, sino requisitos fundamentales que, hoy por hoy, parecen estar en entredicho en el panorama político español.
