La escalada del conflicto en Oriente Próximo ya ha empezado a alterar las previsiones económicas de Cataluña. El bloqueo del estrecho de Ormuz frenará el crecimiento catalán en hasta 0,3 puntos porcentuales este año, según estimaciones de analistas y fuentes del sector marítimo consultadas por Moncloa.com. La dependencia energética y la exposición del comercio exterior catalán convierten la crisis iraní en un factor de riesgo de primer orden para la economía de la comunidad.
El impacto directo sobre el crecimiento
Los servicios de estudios de las principales entidades financieras con presencia en Cataluña ya han empezado a ajustar sus escenarios. Las previsiones de crecimiento para 2026, que antes del conflicto situaban el PIB catalán en una horquilla del 2,1% al 2,4%, se revisan ahora a la baja hasta un 1,8% en el escenario más moderado del conflicto. Si la tensión se prolonga más allá del verano, la Generalitat podría verse obligada a corregir también sus proyecciones oficiales, que aún no han sido actualizadas formalmente.
El canal de transmisión principal es el comercio exterior. Cataluña exporta anualmente bienes por valor de más de 90.000 millones de euros, según los últimos datos del IDESCAT sobre comerç exterior. Una parte significativa de este intercambio transcurre por rutas marítimas que dependen de la estabilidad del Golfo Pérsico y, en particular, del paso por el estrecho de Ormuz. La interrupción de estas cadenas logísticas afecta directamente a sectores como el químico, el agroalimentario y la automoción, pilares del tejido productivo catalán.
Presión inflacionista y dependencia energética
El segundo vector de riesgo es la inflación. El IPC catalán podría situarse por encima del 3% en la segunda mitad del año, impulsado por el encarecimiento de los combustibles y de los fletes marítimos. Los datos provisionales del INE ya apuntaban a una tasa interanual del 2,7% en abril, y la escalada del petróleo podría añadir hasta medio punto adicional en los próximos meses. La Consejería de Economía monitoriza ya el impacto en la cesta de consumo, con especial atención a los carburantes y a los productos frescos importados.
La dependencia energética catalana es un factor estructural que amplifica cualquier choque externo. A pesar de los esfuerzos en renovables, Cataluña sigue importando más del 90% de la energía que consume, una cifra que hace vulnerable a la economía ante cualquier disrupción geopolítica como la actual. El conflicto iraní añade incertidumbre sobre el suministro de hidrocarburos, lo que se traduce en precios más altos y en menor margen para empresas y hogares.
El Govern se enfrenta a un escenario que no contemplaban sus presupuestos: menos crecimiento y más inflación justo cuando necesita margen fiscal para negociar la financiación singular.
El Govern activa el gabinete de crisis económica
Ante este panorama, el Govern ha convocado por primera vez en esta legislatura el gabinete de seguimiento económico para evaluar el impacto del conflicto en la economía catalana. Fuentes del Departament d’Economia i Hisenda confirmaron a Moncloa.com que se están preparando medidas de apoyo a los sectores exportadores más expuestos, aunque descartan por ahora un plan de contingencia de gran alcance. La lectura política es doble: la capacidad de respuesta del Govern puede condicionar las negociaciones con Moncloa sobre la financiación autonómica.
El precedente más cercano de un choque externo similar fue la crisis de suministros de 2021, cuando la Generalitat activó ayudas directas a la industria por valor de 50 millones de euros. Entonces, la economía catalana perdió aproximadamente un 0,5% de crecimiento y la inflación escaló hasta el 4,2%. Los analistas consultados por Moncloa.com creen que el impacto actual podría ser comparable, aunque con una recuperación más rápida si el conflicto se desactiva en los próximos meses. El consenso entre los expertos, sin embargo, es que el crecimiento de 2026 se reesentirá aunque cesen las hostilidades en breve.
De momento, las principales patronales catalanas —Foment del Treball y PIMEC— ya han trasladado su preocupación al Govern en las reuniones de la Taula de Reactivació. Piden flexibilidad fiscal y agilización de las ayudas europeas aún pendientes para contrarrestar el alza de costes. Mientras, el Govern se mueve en la cuerda floja: necesita mostrar músculo económico sin desvelar debilidades que puedan ser utilizadas por la oposición en el Parlament.
Los próximos dos meses serán determinantes. Si el precio del barril de Brent se estabiliza por debajo de los 100 dólares y las rutas alternativas logran absorber parte del tráfico marítimo, el daño podría contenerse. Pero si la escalada persiste, las cuentas del Govern para 2027 empezarán a redactarse bajo un signo muy distinto al de la estabilidad presupuestaria que se anticipaba hace solo unos meses. Y eso afectará, inevitablemente, al debate sobre la financiación singular.
