Junts per Catalunya registra esta semana en el Parlament una proposición de ley para exigir diez años de empadronamiento continuado antes de poder acceder a una vivienda protegida en Cataluña. Una medida que, de aprobarse, redibujaría el mapa de la política de vivienda autonómica y tensa aún más las costuras del Govern de Salvador Illa.
Qué plantea exactamente la iniciativa de Junts
La propuesta, registrada en la Cámara catalana el pasado martes, eleva de forma sustancial el umbral actual de empadronamiento. Hasta ahora, la normativa autonómica exige estar empadronado en el municipio donde se solicita la vivienda, pero sin un periodo mínimo tan prolongado; los ayuntamientos pueden fijar requisitos adicionales, aunque pocos superan los dos o tres años. Junts quiere blindar los diez años de residencia acreditada para todas las promociones de habitatge protegit en toda Cataluña.
La proposición incluye excepciones para víctimas de violencia machista, familias con menores a cargo en situación de vulnerabilidad sobrevenida y personas que acrediten movilidad laboral forzosa dentro de la misma comunidad. Sin embargo, el núcleo duro de la medida —el decenio de empadronamiento— afectaría de lleno a ciudades como Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona o Terrassa, donde la presión migratoria y la demanda de piso público son más intensas.
Por qué Junts mueve ficha ahora
El contexto no es casual. El Govern de Illa negocia con ERC los Presupuestos de 2026, y la vivienda es uno de los ejes que los republicanos han situado como línea roja: incremento del parque público, regulación de alquileres de temporada y más herramientas para los ayuntamientos. Junts, que quedó fuera del ejecutivo tras las elecciones, utiliza su mayoría en el Parlament —suma con el PSC y otros grupos según la aritmética— para condicionar el relato y plantear un debate que incomoda tanto al Govern como a sus antiguos socios de ERC.
Fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com señalan que la iniciativa de Junts llega después de varios episodios de tensión en municipios gobernados por el partido, como Sant Cugat del Vallès o Figueres, donde la percepción de que la vivienda protegida se adjudica a recién llegados ha provocado roces en el ámbito local. La formación de Puigdemont pretende capitalizar ese malestar y, de paso, marcar distancias con las políticas más aperturistas de los comunes y de la propia Generalitat.
De momento, el PSC no ha fijado posición oficial. La consejera de Territori i Habitatge, de ERC, declinó ayer hacer declaraciones, aunque fuentes del departamento admiten que la propuesta les parece “jurídicamente dudosa y socialmente regresiva”.
El decenio de empadronamiento no es un matiz técnico: redefine quién es considerado vecino a efectos de la vivienda pública y tensa la frágil geometría parlamentaria del Govern de Illa.
Antecedentes y lectura política
Esta no es la primera vez que el empadronamiento se convierte en arma arrojadiza en la política catalana. En 2024, el Ayuntamiento de Barcelona, entonces con gobierno de comunes y PSC, ya endureció los criterios para las viviendas de protección oficial mediante un reglamento que priorizaba el arraigo, pero sin llegar a los diez años. Aquel movimiento generó críticas por parte de entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de la Síndica de Greuges, que alertaron de discriminación indirecta.
En el ámbito estatal, el Gobierno central aprobó en 2025 la Ley de Vivienda, que permite a las comunidades establecer criterios de empadronamiento y residencia habitual para el acceso a la vivienda protegida, aunque siempre bajo el paraguas de la igualdad de oportunidades y la no discriminación. La propuesta de Junts fuerza los límites de esa legislación y abre un posible conflicto competencial con Moncloa si prosperase.
Observamos, además, que la iniciativa llega en un momento en que ERC negocia con Illa un traspaso de competencias en materia de vivienda en el marco de la financiación singular. Junts, con esta proposición, se posiciona como actor imprescindible: cualquier cambio legal en el Parlament necesita sus votos si el Govern no logra el apoyo de los comunes o de la CUP. La estrategia de Puigdemont no es tanto sacar adelante la ley como colocar el debate en la agenda pública y medir la capacidad de resistencia del PSC.
La tramitación parlamentaria comienza ahora un recorrido que, según fuentes de la Mesa del Parlament, podría alargarse hasta finales de 2026. La propuesta debe pasar por la ponencia, el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries —si se solicita— y el debate de totalidad. El Govern aún no ha decidido si presentará enmienda a la totalidad, pero en esta redacción entendemos que la viabilidad política de la proposición es escasa si el PSC no la respalda. Y, a día de hoy, los socialistas no quieren ni oír hablar de los diez años.
