Los grandes fondos de inversión están sorteando el tope de precios del alquiler en Cataluña con la bendición del Gobierno central. Así lo desvela este jueves una investigación de El Confidencial que muestra cómo la normativa autonómica, pionera en España, se ha topado con un boquete jurídico que favorece a los grandes tenedores. La Generalitat, impulsora de la ley que regula los alquileres en zonas de mercado tensionado, observa con impotencia cómo los propietarios institucionales eluden los límites, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez permanece en un inquietante silencio.
La Ley 11/2020, aprobada por el Parlament, fijó un índice de referencia que limita las subidas en los nuevos contratos para quienes poseen más de diez inmuebles. Un mecanismo que buscaba enfriar un mercado en ebullición, especialmente en Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat o Girona, donde los precios escalaban a ritmos de dos dígitos. Sin embargo, la información publicada hoy revela que los grandes propietarios han encontrado la forma de sortearlo: contratos de temporada, de habitaciones, o de alquiler turístico que, en la práctica, quedan fuera del paraguas protector de la norma.
El truco legal que permite saltarse los límites
La regulación catalana, desplegada por la Agència de l’Habitatge de Catalunya, es taxativa: en las zonas declaradas como tensionadas, los contratos de alquiler de vivienda habitual para grandes tenedores deben ajustarse al índice de referencia. Pero esa rigidez se diluye cuando el inmueble se destina a otros usos. Los fondos, según El Confidencial, estarían redirigiendo sus carteras hacia el alquiler de temporada —un limbo legal que permite precios de mercado— o fragmentando pisos para alquilar por habitaciones, una práctica que también evita el control. En algunos casos, incluso se habría detectado un repunte de contratos de larga estancia disfrazados de turísticos.
Fuentes del sector inmobiliario citadas en el artículo confirman esta tendencia. Un operador que gestiona más de 2.000 viviendas en Barcelona reconoce que, desde que entró en vigor la ley, ha migrado casi un 30% de su stock a contratos de temporada. ‘Es legal, y además el propio Ministerio de Vivienda no ha movido un dedo para cerrar ese resquicio’, afirman. Una realidad que choca con el espíritu de la norma catalana, diseñada precisamente para proteger a los inquilinos de larga duración.
La lectura que hacemos desde esta redacción es que la sofisticación legal de los grandes operadores está un paso por delante de la administración autonómica. La Generalitat aprobó sanciones de hasta 900.000 euros para quienes incumplan los topes, pero su aplicación práctica tropieza con la dificultad de acreditar que un contrato de temporada es en realidad un arrendamiento habitual. Una realidad que deja en evidencia una laguna que el Govern aún no ha sabido taponar.
La letra de la ley, impecable en el papel, se agrieta cuando los inversores encuentran un atajo y el Estado decide no cerrarlo.
El papel del Gobierno: ¿omisión o complicidad?
El dato más incendiario de la publicación es la presunta connivencia del Gobierno central. Según El Confidencial, altos cargos del Ministerio de Vivienda estarían al tanto de estas prácticas desde hace meses y, lejos de actuar, habrían optado por no interferir. La razón, sostienen fuentes próximas a la negociación, es doble: por un lado, la presión de los fondos internacionales, que amenazan con desinvertir en España si se endurece la regulación; por otro, la convicción en Moncloa de que la ley catalana es demasiado rígida y desincentiva la oferta.
Esa ambigüedad coloca al Govern de Salvador Illa en una posición incómoda. El presidente de la Generalitat, que asumió el cargo tras el pacto con ERC y los Comuns, mantiene el discurso oficial de defensa de la regulación, pero sus consellers de Economia i Hisenda recuerdan en privado que la seguridad jurídica para los inversores es clave para que la vivienda asequible no se limite a ayudas públicas. Una tensión que se refleja en el retraso de la comisión bilateral prevista para abordar el despliegue de la ley estatal de vivienda en Cataluña.
Consecuencias para la política de vivienda catalana
Lo que está en juego no es menor. Cataluña concentra casi el 40% de los grandes tenedores de vivienda de todo el Estado, según datos de l’IDESCAT. Si el goteo de contratos hacia modalidades no reguladas se consolida, el índice de referencia acabará siendo papel mojado en los barrios más tensionados, precisamente aquellos donde los inquilinos necesitan más protección. En el Raval o en Sants, por ejemplo, la presión de los pisos turísticos y de temporada ya está desplazando a las familias que llevan décadas en el barrio.
La pelota queda ahora en el tejado del Govern. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, que heredó la cartera de la fallida Agència Catalana de l’Habitatge, tiene sobre la mesa un borrador para cerrar los vacíos legales de la ley 11/2020. Pero cualquier modificación requeriría del apoyo del PSC, que no ha mostrado prisa, y probablemente tensaría aún más el delicado equilibrio con los comunes, firmes defensores de mantener los topes sin excepciones.
A la espera de que la Generalitat mueva ficha, los grandes fondos continúan operando con la tranquilidad de quien se sabe respaldado por las alturas. Y el Gobierno central, mientras tanto, parece más preocupado por no espantar a los inversores que por garantizar que una ley que él mismo permitió desarrollar se cumpla.
