Detrás de cada desmentido de un bulo independentista o unionista en Cataluña se esconde una paradoja que pocos han puesto sobre la mesa: el fact-checker de referencia, Verificat, ha recibido casi un millón de euros de la Generalitat en los últimos cinco años para decidir qué es verdad y qué no. La información, adelantada por Crónica Global, obliga a preguntarse si es posible fact-checkear a quien te paga la nómina con absoluta independencia.
La mochila pública de Verificat: casi un millón en cinco años
Según el recuento de Crónica Global, Verificat ha acumulado 950.000 euros procedentes del Govern entre 2021 y 2025. Los fondos se han canalizado a través de convocatorias públicas y contratos menores, principalmente desde los departamentos de Presidència y Polítiques Digitals, dos áreas estratégicas en la lucha contra la desinformación.
No es un dato menor: en ese mismo periodo, la entidad ha pasado de ser un observatorio modesto a convertirse en el verificador hegemónico de la comunidad, con presencia en los debates de la radiotelevisión pública catalana y acuerdos con plataformas como Meta. Su crecimiento, en paralelo a la inyección de recursos del Govern, dibuja una dependencia que incomoda a analistas y colegas de profesión.
Qué dice el Govern y por qué el sector recela
La Generalitat defiende las ayudas como un pilar de su apuesta por el periodismo de calidad. Fuentes del Departament de la Presidència, consultadas a raíz de la publicación, subrayan que todas las subvenciones se rigen por criterios de concurrencia competitiva y transparencia absoluta. Pero, sin embargo, el contexto político convierte cualquier euro público destinado a un verificador en un arma arrojadiza.
En el sector, la lectura es más escéptica. La concentración de fondos en un solo verificador, mientras otras iniciativas de fact-checking en Cataluña apenas sobreviven, genera una asimetría que puede distorsionar el mercado de la información. “Si solo tú tienes línea directa con el Govern, es difícil que no acabes pareciendo su brazo verificador”, apuntan fuentes del ámbito periodístico consultadas por Moncloa.com.
La trampa de la captura: lecciones que vienen de fuera
La situación de Verificat no es única. A escala europea, los verificadores que dependen de forma abrumadora de fondos públicos han sido señalados por la International Fact-Checking Network (IFCN) como potenciales casos de “state capture”. Un informe del European Digital Media Observatory (EDMO) de 2025 ya advertía de que, en ecosistemas polarizados, la financiación gubernamental puede restar credibilidad incluso cuando las verificaciones son impecables.
Casi un millón de euros no compran una línea editorial, pero bastan para que el lector desconfíe antes de pinchar.
En España, el modelo es distinto. Maldita.es y Newtral se financian mayoritariamente mediante fondos europeos, lectores y proyectos con fundaciones privadas; ninguna alcanza la proporción de ingresos públicos autonómicos que acumula Verificat. La comparación es inevitable y señala a la entidad catalana.
Verificat, por su parte, defiende en sus informes de transparencia su cumplimiento de los estándares internacionales y recalca que sus decisiones editoriales no están condicionadas por los financiadores. Sin embargo, el hecho de que la Generalitat haya sido objeto de verificaciones incómodas en el pasado –sobre sanidad o educación– y que las subvenciones no se hayan resentido, alimenta la paradoja: si el Govern no corta el grifo pese a las correcciones, ¿es porque no teme perder influencia o porque las verificaciones no le hacen daño?
El debate sobre la independencia de los verificadores es global, pero en Cataluña se topa con un muro de polarización que amplifica cualquier sombra. Según el último barómetro del CEO, el 62% de los catalanes desconfía de las noticias que circulan en redes sociales. Esa cifra convierte cada bulo desmentido y cada euro recibido en munición política.
El riesgo de ser juez y parte: ¿hay salida?
Desde Moncloa.com observamos que el caso de Verificat trasciende lo presupuestario y plantea un dilema irresuelto: ¿debe el erario financiar a quien fiscaliza la verdad en el debate público? Y si lo hace, ¿cómo evitar que esa financiación condicione –o parezca que condiciona– la línea editorial? Voces del sector piden un sistema de financiación plural, con un comité independiente que supervise las adjudicaciones. Otras, más drásticas, abogan por la autofinanciación exclusiva mediante donaciones.
Lo que parece claro es que, mientras la Generalitat siga siendo el principal pagador de la entidad que debe poner coto a sus propias narrativas, la mochila pública seguirá pesando. En un año preelectoral como 2026, con las municipales en el horizonte, el escrutinio sobre cada veredicto de Verificat será todavía mayor.
