La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado que se suspenda la audiencia preliminar convocada para el próximo 9 de junio por el juez, Juan Carlos Peinado, y ha criticado que el instructor haya abocado el proceso a juicio con jurado popular «a una velocidad de crucero».
Así lo ha pedido el abogado y exministro Antonio Camacho en un recurso contra el auto de Peinado que declaró acusada a Gómez y a los otros dos investigados -su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés– y en el que les requería para que acudieran presencialmente a la audiencia preliminar, apercibiéndoles de ser «conducidos por la fuerza pública» y de tomar medidas cautelares en su contra si no van.
La defensa de Gómez considera que Peinado lleva la causa a «una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías de proceso penal en un Estado democrático, como si tuviera excesiva prisa en finalizar el procedimiento».
Y reclama que se acuerde suspender el trámite hasta el momento en que hayan sido resueltos los recursos interpuestos contra la decisión de Peinado de dirigir el caso hacia un juicio con jurado popular, que están pendientes de resolución por la Audiencia Provincial de Madrid.
Camacho sostiene que «se ha privado a las partes de trámites esenciales en el procedimiento del jurado» para poder proponer pruebas, lo que supone una «vulneración del derecho de la tutela judicial efectiva» y produce «una situación de indefensión material».
Además, critica que Peinado «ha denegado la práctica totalidad» de las pruebas que han solicitado y señala que «las que han sido practicadas lo han sido por una decisión de la Audiencia Provincial tras los correspondientes recursos».
«La denegación de la ratificación de los tres informes periciales deja a la defensa de Begoña Gómez sin poder contradecir pericialmente, en el acto procesal ‘ad hoc’ para ello, tres de los ejes fácticos sobre los que se construye la acusación: la existencia y cuantía del perjuicio económico, la naturaleza de la cátedra y el reparto de responsabilidades entre las investigadas», indica. Asimismo, Camacho pidió en un escrito de alegaciones, que se suspendiera la vistilla porque ese día 9 ya tenía agendado otro procedimiento.
24 años de cárcel
El juez planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
En su escrito de defensa, Begoña Gómez reclamó ser absuelta si finalmente la causa contra ella llega a juicio, al considerar que los hechos por los que se la investiga «no son constitutivos de delito alguno» y que existe una «mala fe» por parte de las acusaciones.
La esposa del presidente denunció «temeridad de las acusaciones» que «se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el procedimiento» porque, en su opinión, «ha existido una inexistencia absoluta de base indiciaria suficiente desde el inicio».
En la misma línea, la Fiscalía pidió al juez que archive el caso y avanzó que reclamaría la absolución de los tres en caso de que la Audiencia de Madrid considere procedente abrir juicio oral.
Las acusaciones populares, por su parte, solicitan hasta 24 años de prisión para Gómez, así como la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte por «evidente riesgo de fuga».
Así lo pidió Hazte Oír en representación de las diversas acusaciones populares de la causa, en la que también están personados Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa o Movimiento de Regeneración Política de España. También pide 22 años de prisión para Álvarez por presunta malversación y por ser «cooperadora necesaria» en el resto de delitos que también atribuyen a la esposa del presidente, y solicita seis años para Barrabés por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
