El Gobierno autonómico y los colegios de Abogados y Procuradores ha coincidido en la necesidad de impulsar la actividad de la Administración judicial y «volver a funcionar» para alcanzar cuanto antes la normalidad.
Así lo ha señalado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, tras reunirse con los representantes de los colegios profesionales, un encuentro con el que se inicia la ronda de reuniones para abordar el plan de choque regional y hacer frente al incremento de la carga de trabajo cuando concluya el estado de alarma por la epidemia de coronavirus.
Fernández Viaña ha explicado que la premisa para afrontar la nueva situación será la «garantía de la seguridad» de los profesionales y empleados públicos, por lo que ha asegurado los medios necesarios.
En este punto, ha citado como herramientas esenciales el teletrabajo para que abogados y procuradores puedan trabajar desde sus despachos profesionales en contacto con las salas de vista, así como el sistema de gestión procesal ‘Vereda’, que se verá impulsado.
La consejera de Justicia ha destacado, por último, la colaboración de los profesionales de la abogacía y de la procura con el Gobierno de Cantabria para afrontar el importante incremento de escritos, demandas y notificaciones que se han realizado durante los cerca de dos meses de confinamiento.
«Entre todos vamos a responder mejor a los retos planteados por la actual crisis sanitaria y económica», ha subrayado Fernández Viaña, quien ha considerado que la activación de la justicia «facilitará la recuperación de la normalidad».
ABOGADOS Y PROCURADORES
Tras agradecer la convocatoria de este encuentro, el decano del Colegio de Abogados ha valorado la posición de Cantabria ante el Ministerio, en las reuniones de coordinación, en defensa de la puesta en marcha de la actividad judicial con los medios humanos necesarios.
Después de más de 40 días no es admisible que mantengamos este servicio público de la justicia paralizado cuando se pueden hacer multitud de actuaciones que no requieren de la presencia de las dependencias judiciales», ha declarado Andrés de Diego, quien ha defendido, al mismo tiempo, primar en esta etapa las medidas de seguridad y salud.
La coordinación y el diálogo entre el Gobierno y los profesionales, según ha explicado el decano, se mantendrá en el futuro, a través de una comisión de coordinación para el seguimiento de la situación tras la reactivación judicial.
Andrés de Diego ha resaltado el esfuerzo del Colegio para adelantar a los profesionales la cuantía del turno de oficio del primer trimestre y proceder a la reapertura de los servicios de orientación jurídica, con el fin de responder a las «incertidumbres» de la ciudadanía en estos momentos.
Por su parte, la decana del Colegio de Procuradores, Rosaura Diez, ha valorado también la postura tomada por Cantabria ante el Ministerio para defender la «reactivación» de la justicia.
El Gobierno regional «ha luchado mucho porque esa reincorporación sea lo más pronta y efectiva posible», ha declarado, si bien cree que la falta de medios y de capacidad económica pueden dificultar la vuelta a la normalidad.
Especialmente, ha rechazado la propuesta del Estado de habilitar el mes de agosto, al entender que es una medida que perjudica «únicamente» a los procuradores y abogados «sin que asegure un beneficio en la reactivación y la agilización de la Administración de Justicia».
A su juicio, esta administración sufre un «colapso crónico» desde hace muchos años, lo que «no se puede solucionar con un decreto con medidas urgentes de reactivación en cuatro días» y «sin una dotación de medios».
Para este miércoles está previsto continuar estos encuentros con los colectivos judiciales, con los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), encabezada por su presidente, José Luis López del Moral, además de la fiscal superior, Pilar Jiménez, y la secretaria de Gobierno, María Socorro García Melón.
El jueves tocará el turno de los miembros de los sindicatos más representativos del ámbito de la justicia en Cantabria: CSIF, STAJ, UGT y CCOO.
