El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado que el gobierno valenciano pedirá al Ejecutivo central «un convenio para que lo más pronto posible pueda gestionar» el Ingreso Mínimo Vital, al tiempo que ha recalcado que «lo más importante son los ciudadanos, no quien administra una prestación».
Así se ha pronunciado el ‘president’ este domingo en una comparecencia tras participar en la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas para tratar la crisis del coronavirus.
Puig ha remarcado que el Ingreso Mínimo Vital tiene «una enorme relevancia» y es un «gran paso adelante», al tiempo que ha incidido, durante la reunión, en la «necesidad de que haya coordinación entre administración» para que se implemente «de la manera más eficaz». En este sentido, ha anunciado que la Generalitat pedirá un convenio «para que lo más pronto posible pueda gestionar el IMV».
Asimismo, preguntado por la opinión del Consell sobre la decisión de que la Comunitat no gestione desde el primer momento el Ingreso Mínimo Vital, compo sí harán País Vasco y Navarra, y sobre que este se pueda utilizar para negociar prórrogas del estado de alarma, Puig ha recalcado que el Ingreso Mínimo es una «medida extraordinariamente positiva y eso es lo que piensa el gobierno valenciano en su totalidad», porque son «conscientes» de que es un «gran avance».
MÁS CAPACIDAD
En este sentido, ha señalado que quieren «la máxima coordinación posible» y la «máxima unidad de acción» entre administración, al tiempo que ha señalado que el gobierno central tiene «instrumentos muy potentes» como en este caso son Agencia Tributaria y la Seguridad Social. También ha reconocido que si la Comunitat Valenciana tuviera hacienda foral tendría «más capacidad».
Sobre el papel que pueda tener la gestión del IMV en las negociaciones para la prórroga del estado de alarma, cree que de sebe «discernir lo que es el estado de alarma, que está condicionado por el límite de la movilidad, de otras cuestiones». «Eso no ha pasado», ha dicho, para afirmar que en su opinión es «una manera de funcionar que no ha sido la más correcta».
Puig ha subrayado que el propio real decreto «habla de convenios con las comunidades autónomas». «Si hay distintas ayudas dirigidas a las mismas personas con el objeto común de la lucha contra la exclusión, hay que trabajar lo más coordinado posible». Sobre cómo ha recibido Pedro Sánchez este planteamiento, el ‘president’ ha dicho que «hay voluntad por parte del gobierno de que sea así», y que «la voluntad de la Generalitat es manifiesta».
El ‘president ha señalado que «no tiene que haber ningún tipo de discrepancia en el gobierno valenciano». «El gobierno ha puesto en marcha un instrumento extraordinario contra la pobreza, a partir de ahí hay que hacerlo bien, generar la máxima coordinación posible» y, «sobre todo, pensar en el ciudadano», ha indicado, antes de abogar por «sumar todas las sinergias para que no haya duplicidades». «Eso se pedirá», para tener un convenio «lo más pronto posible», ha reiterado.
El ‘president’ ha señalado que hay que «poner a la persona ahí donde es el sujeto fundamental de la acción política» y que lo que «interesa es que tenga los menos problemas posibles y sea lo más ágil» esta ayuda, con una «ventana única y que no tenga que marearse».
100.000 FAMILIAS EN LA COMUNITAT
Puig ha destacado que el IMV supondrá en la Comunitat Valenciana «una inversión por parte del estado de 377,27 millones de euros año», que hará que «100.000 familias tengan un apoyo por parte de la sociedad. Serán 280.000 beneficiarios, 125.000 personas entre Alicante y Valencia y 28.000 en Castellón, ha precisado el ‘president’.
Ha resaltado que, como pretende la Ley Valenciana de Inclusión, hayan itinerarios para «salir de esta situación» y «no cronificar la pobreza» sino proporcionar «pasarelas» para abandonarla.
