La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada destaca que en 2019 se ha dado un incremento en el número de procedimientos penales incoados y un descenso en el de diligencias de investigación. Así, los primeros han pasado de 678 en 2018 a 746 en 2019, mientras que se iniciaron 26 investigaciones penales en 2019 frente a las 38 de 2018.
Según refleja la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente a 2019, a esa cifra se debe añadir 46 diligencias de investigación que se encontraban en trámite a 31 de diciembre de 2018, lo que implica que durante el 2019 se estuvieron tramitando un total de 72 diligencias de investigación.
Por otro lado, sobre el número de escritos de acusación, la cifra (40) es similar a la de 2018. Apuntan que han crecido las sentencias condenatorias dictadas en primera instancia en procedimientos en los que ha intervenido Anticorrupción (39), frente a las 28 del año pasado.
Además, desde Anticorrupción destacan que en 2019 se registraron 2.828 escritos y denuncias ante la Fiscalía frente a 2.736 del año 2018. Sobre los registros de salida, apuntan que fueron 7.323, frente a los 8.179 del año 2018.
ESCRITOS DE ACUSACIÓN
En cuanto a los escritos de acusación, indican que en 2019 se formularon hasta 40, uno menos de los presentados en 2018. «Es de resaltar que los tipos penales por los que se formuló más frecuentemente una acusación fueron los delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y el contrabando (33), los de malversación de caudales públicos (28), los de prevaricación administrativa (25), los de blanqueo de capitales (17), fraude contra la Administración (9), cohecho (9) y los de defraudaciones (8)», añaden.
En el apartado de recomendaciones de la Fiscalía Especial, destacan la necesidad de contar con un nuevo marco procesal en el que los fiscales asuman la investigación de las causas penales y ven imprescindible que se dé una mejora de los cauces de detección de la corrupción en España. Lamentan que las peticiones al respecto de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la OCDE o de organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional «siguen sin ser atendidas por el legislador».
También insisten como en memorias de años anteriores en que los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción estén aforados ante el Tribunal Supremo, y que asuman además nuevas funciones en materia de cooperación internacional, concretamente sobre las extradiciones y las órdenes europeas de detención y entrega.
En este orden de cosas, reclaman también la tipificación de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito ya que «colmaría las pocas lagunas punitivas que todavía en materia de corrupción quedan en el Código Penal».
PROTECCIÓN DE INFORMANTES
Por otro lado, celebran que haya visto la luz la Directiva del Parlamento Europeo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. Apuntan que garantizará una protección en toda la UE para los informantes que notifiquen infracciones de la legislación de la UE entre otras, en materia de contratación pública, servicios financieros y blanqueo de capitales.
Recuerdan al hilo, que esta directiva se aplicará a todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros, las cuales deberán crear un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes de irregularidades.
«La propuesta protege la denuncia de irregularidades responsable y claramente dirigida a salvaguardar el interés público. Por lo tanto, contempla salvaguardias para disuadir e impedir los informes abusivos o malévolos y prevenir daños injustificados a la reputación», añaden.
