El Gobierno ha dado un paso firme para evitar que los apagones dejen a la población sin acceso a la red móvil. Un real decreto, que se aprobará antes de que finalice 2026, obligará a las operadoras que facturen más de 50 millones de euros o tengan al menos 500.000 usuarios a instalar sistemas de baterías que mantengan el servicio activo durante un mínimo de cuatro horas cuando se produzcan cortes eléctricos.
Claves de la operación
- El decreto alcanza a las principales telecos por facturación y usuarios. La normativa afectará a Movistar, Orange, Vodafone y otros operadores con más de medio millón de clientes o ingresos superiores a los 50 millones de euros anuales.
- La cobertura se desplegará en tres fases, con el 75% de la población cubierta en 2029. El primer año deberá cubrir al 50% de la población, el segundo al 65% y el tercero al 75%, según el calendario previsto.
- El gran apagón de 2025 en España, Portugal y Francia aceleró esta medida. El colapso eléctrico del año pasado puso en evidencia la vulnerabilidad de las comunicaciones sin respaldo energético.
La medida afecta directamente a los tres grandes operadores de red en España —Telefónica (a través de Movistar), Orange y Vodafone—, que concentran la inmensa mayoría del tráfico de voz y datos. El umbral de 500.000 usuarios o 50 millones de facturación anual deja fuera de la exigencia a los operadores virtuales con menor base de clientes. El despliegue inicial del 50 % de la población deberá completarse en el primer año tras la entrada en vigor, un ritmo que exigirá una inversión significativa en baterías y sistemas de alimentación ininterrumpida.
El calendario de implantación marca un hito claro: al tercer año, tres de cada cuatro españoles tendrán cobertura móvil respaldada durante al menos cuatro horas tras un apagón. Las zonas rurales, históricamente más dependientes de torres aisladas y con menor redundancia eléctrica, podrían ser las más beneficiadas por esta obligación.
La factura del apagón de 2025 y la nueva doctrina de resiliencia
El episodio de 2025, que dejó sin electricidad a millones de hogares en la península ibérica y el sur de Francia, reveló una carencia crítica: sin energía, las torres de telefonía se apagaban en minutos. Las comunicaciones de emergencia colapsaron en muchas zonas. Ahora, la Administración quiere que las redes móviles no dependan exclusivamente de la red eléctrica general. La exigencia de baterías de respaldo se impone como una medida de protección civil.
El real decreto también impone requisitos a otras infraestructuras críticas: los centros de control que puedan afectar a todo el país deberán funcionar al menos 24 horas tras un apagón, y los centros de llamadas de emergencia deberán disponer de planes operativos específicos.
Baterías frente a satélites: ¿duelo tecnológico o complemento obligado?
La regulación apuesta por sistemas de almacenamiento de energía locales en las infraestructuras de red. Sin embargo, el sector observa con interés los proyectos de conexión directa entre satélites y teléfonos móviles, como los que impulsan Starlink y AST SpaceMobile. Estos sistemas podrían hacer menos necesarios los respaldos terrestres en unos años. Por ahora, ninguna de esas soluciones tiene cobertura masiva ni está disponible comercialmente en España, por lo que la exigencia de baterías es la vía más inmediata. Eso sí, las operadoras deberán asumir un coste de inversión adicional que podría repercutirse en las tarifas.
La resiliencia de las comunicaciones no se mide en kilómetros de fibra, sino en la capacidad de seguir funcionando cuando todo lo demás se apaga.
La regulación española, ¿un modelo para Europa? El caso de Telefónica y la red de emergencia
España se suma a un reducido grupo de países que legisla la resiliencia de las telecomunicaciones. En la UE, la Directiva de Redes y Seguridad de la Información (NIS2) ya obliga a determinados sectores a garantizar la continuidad del servicio, pero la norma española es más específica. Telefónica, el principal operador del país y uno de los actores de referencia en el IBEX 35, ha participado históricamente en los mecanismos nacionales de emergencia. La compañía lidera un consorcio que mantiene la Red Nacional de Emergencias (RNE) y dispone de la infraestructura más capilar. En paralelo, Orange y Vodafone, con menor cuota de mercado, tendrán que acelerar sus inversiones en baterías si no quieren ver mermada su reputación ante el regulador.
Consideramos que la medida es acertada a corto plazo, pero el riesgo de que quede obsoleta ante la maduración de la cobertura satelital es real. El Ejecutivo debería revisar la norma en un plazo de cinco años para evaluar si la tecnología ha superado la necesidad de baterías terrestres.
Para los consumidores, la principal garantía es poder realizar llamadas de emergencia durante un apagón. Aunque la factura eléctrica de los operadores suba, el coste por usuario final se diluye en sus millones de clientes. La medida, en definitiva, protegerá la conectividad básica sin que el bolsillo del usuario note un impacto significativo.
