La crisis de Ceuta deja una cifra de acogida que el Gobierno sitúa en 5.000 personas: 2.500 menores y otros 2.500 potenciales solicitantes de asilo. El desfase con las organizaciones humanitarias persiste: Save the Children denuncia que 4.000 menores siguen durmiendo en la calle.
La dimensión real de la crisis: de 80.000 entradas a 8.000 residentes forzosos
Durante la crisis de Ceuta entraron de forma irregular unas 80.000 personas con las autoridades marroquíes mirando hacia otro lado. De ellas, alrededor del 90% ha regresado a Marruecos. Sin embargo, la ciudad autónoma, con una población de apenas 83.000 habitantes, todavía acoge en calles, infraestructuras precarias y playas a unas 8.000 personas. Ese dato supone un salto demográfico cercano al 10% y tensiona los servicios básicos de la ciudad.
Los números que maneja el Ejecutivo oscilan entre 7.000 y 9.000 migrantes, una horquilla ligeramente por debajo de la estimación del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP). Con todo, la cifra relevante para la gestión es la de acogida potencial: hasta 5.000 personas repartidas entre menores y solicitantes de asilo.
Las causas de la crisis siguen siendo difusas: malestar socioeconómico entre la juventud marroquí, desinformación en redes y una actitud laxa de las autoridades de Rabat durante la avalancha. Hubo 142 muertes, una cifra que pudo ser mucho mayor.
Acogida, asilo y devoluciones: quién tiene derecho a quedarse
Esa cifra de partida se desglosa en hasta 2.500 menores —unos 1.000 más de los estimados inicialmente— y otros 2.500 potenciales solicitantes de protección internacional. Entre los menores que permanecen en Ceuta hay en torno a 600 niñas y unos 400 menores de 13 años, según fuentes del Gobierno. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, lo resume con claridad: ‘El perfil de las entradas está cambiando. Hay cada vez más niñas y menores de cada vez más corta edad’.
El derecho de asilo asiste a quienes sufren persecución, violencia grave o proceden de países en conflicto, como Siria, Afganistán, Ucrania, Venezuela o Malí. Cometer un delito suspende automáticamente esa vía. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó este miércoles que hay en marcha más de 400 expedientes de protección internacional. Quienes no obtengan esa condición serán expulsados.
El desfase entre la acogida oficial y la emergencia real en las calles de Ceuta resume la brecha de gestión: 5.000 plazas previstas para 8.000 personas, con miles de menores sin techo.
De los 8.000 migrantes que permanecen en Ceuta, unos 3.000 serán devueltos a sus países de origen: la mayoría, migrantes económicos marroquíes mayores de edad que carecen de opciones de asilo. En cambio, los alrededor de 2.500 subsaharianos concentrados en la playa del Trampolín pueden solicitar protección internacional. Las autoridades deben tramitar esos expedientes caso por caso.
La titular de Defensa, Margarita Robles, subrayó este miércoles en su visita al enclave que ‘Ceuta es españolísima’ frente a las proclamas de los nacionalistas marroquíes. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dejó el mensaje claro: ‘Todos los que entraron en Ceuta de forma irregular serán devueltos a Marruecos’. Esa posición oficial convive con el matiz de Interior, que ha abierto la puerta del asilo para quienes acrediten protección.
Entre los menores acogidos, la mayoría no responde al perfil de retorno familiar: solo una minoría será repatriada si las familias lo solicitan expresamente. El resto quedará bajo tutela de las administraciones públicas.
25 millones y reparto autonómico: los plazos de la acogida
El Consejo de Ministros del 25 de agosto habilitará la partida de 25 millones de euros comprometida por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para la atención de los menores no acompañados. El Gobierno estudia, además, elevar esa cifra en función de las necesidades sobre el terreno.
Para finales de agosto está prevista una conferencia sectorial que definirá el reparto de los menores entre los territorios y las familias de acogida que ya han mostrado interés. En la Península existen plazas disponibles para solicitantes de asilo, como quedó demostrado con la crisis de Ucrania.
La conferencia sectorial convocará a las comunidades autónomas para cerrar cupos de acogida. El Ejecutivo insiste en que la solidaridad territorial es clave para evitar que Ceuta soporte en solitario la presión asistencial.
Riesgos y frentes: de la segunda avalancha a la geopolítica
Ceuta reclama rapidez. El presidente Juan Jesús Vivas teme una segunda avalancha en torno al 15 de agosto y ya ha trasladado a la ministra de Defensa que la situación es ‘insostenible’ para unos ciudadanos que se sienten ‘profundamente preocupados, indignados y abandonados’. En paralelo, el contexto europeo añade presión: Italia, Dinamarca y Suecia observan con tensión las posiciones españolas.
La Italia de Giorgia Meloni registraba casi 17.000 entradas irregulares hasta mediados de año, aproximadamente un 50% más que España antes de la crisis de Ceuta. Esas cifras se van a reequilibrar cuando se incorpore la avalancha de julio. Mientras, los expertos no descartan nuevos focos de inestabilidad en Libia y Túnez con impacto directo en el Mediterráneo oriental. La ventana de estabilidad es estrecha: el 15 de agosto y el 25 de agosto marcan el corto plazo.
