EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Supremo admite el recurso de cuatro dueños de una finca de 74.620 metros cuadrados en Telde que reclaman 3,4 millones frente a los 517.360 euros tasados.
- ¿Quién está detrás? La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, el TSJC que rechazó la demanda en 2025 y la Comisión de Valoración del Gobierno de Canarias.
- ¿Qué impacto tiene? El fallo puede fijar doctrina sobre si la aptitud fotovoltaica de un suelo rústico eleva el precio de las expropiaciones.
Una parcela abandonada desde los años ochenta en Telde vale 517.000 euros, o 3,4 millones si el Supremo lo acepta.
De 517.000 euros a 3,4 millones: la pelea por el precio del erial
La finca mide 74.620 metros cuadrados y se extiende por Lomo Gordo, junto al Barranco de Silva, en Telde, uno de los núcleos más poblados de Gran Canaria. Es un erial con cuatro décadas de abandono. El Plan General de 2002 reservó casi 60.000 metros para equipamientos funerarios.
Todo quedó bajo la etiqueta urbanística Sistema General SG-7 (Cementerio). El Ayuntamiento de Telde nunca ejecutó la compra. Allí no se ha construido nada. Ante la parálisis, fueron los propietarios de de la parcela quienes reclamaron su derecho a la expropiación, más de cinco años después de la entrada en vigor del planeamiento.
La primera tasación llegó en octubre de 2014: 485.000 euros. En diciembre de 2018 pidieron una nueva valoración adaptada a la Ley del Suelo canaria de 2017, proyecto estrella del primer mandato de Fernando Clavijo (Coalición Canaria). La Comisión de Valoración subió el justiprecio a 517.360 euros. Los dueños creen que la cifra no refleja el valor real del suelo.
Su tesis se apoya en dos informes. El primero sostiene que la tasación de un terreno rústico debe incluir la renta potencial de una planta solar, por sus dimensiones y su «estratégica e inmejorable ubicación». El Plan Insular de Ordenación lo cataloga como zona de moderado valor agrario. El segundo documento, subsidiario, valora la parcela en 1,4 millones por su aptitud para el aloe vera.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (el TSJC, el máximo órgano judicial del archipiélago por debajo del Supremo) dijo no en noviembre de 2025. La planta solar era, a su juicio, una expectativa «absolutamente incierta». Exige licencias municipales, declaraciones de interés público y permisos de conexión a la red, además de una inversión millonaria. El aloe, añadió, es un cultivo excepcional en la zona.
El Supremo no juzga una parcela: decide si el sol que cae sobre un erial puede convertirse en precio de expropiación.
Una doctrina que puede encarecer las expropiaciones en toda España
El Supremo admitió el recurso el pasado 15 de julio, con la magistrada Ángeles Huet de Sande como ponente. El auto considera indispensable interpretar el artículo 36 de la Ley del Suelo estatal para saber si la aptitud fotovoltaica debe ponderarse al calcular la renta potencial. Los fallos previos se dictaron sobre normativas ya derogadas. El criterio sigue sin fijar.
La decisión corresponde a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y tendrá alcance general. En juego está el precio de miles de expropiaciones de suelo rústico. Canarias empuja la fotovoltaica, pero tiene poco terreno libre. En Castilla-La Mancha y Castilla y León, donde la solar se ha multiplicado, los tribunales superiores ya han visto litigios parecidos.
La factura no recaería sobre las eléctricas, sino sobre las administraciones que expropian. En Telde, un municipio de más de 100.000 habitantes, la diferencia entre 517.000 euros y 3,4 millones se mide en servicios públicos. Las cifras no mienten.
El Pulso Territorial
Gobierna Canarias una coalición en la que Coalición Canaria y PP sostienen al presidente Fernando Clavijo, con las renovables como bandera y el suelo como límite. Las próximas elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027, condicionan cualquier movimiento normativo. El litigio no es una rareza.
El Supremo no ha fijado fecha para deliberar y la Sección Quinta acumula asuntos de renovables. Si la doctrina eleva los justiprecios, los ayuntamientos canarios tendrán que revisar sus valoraciones y el Gobierno de Canarias ajustar su práctica expropiatoria. El riesgo es doble: pagar de más por cada proyecto o dejar sin compensación a dueños cuyo suelo vale hoy mucho más.
Ficha Autonómica
- El caso: Cuatro dueños de un erial de 74.620 metros cuadrados en Telde reclaman 3,4 millones por una expropiación tasada en 517.360 euros.
- Datos importantes: Sentencia del TSJC de noviembre de 2025, auto del Supremo del 15 de julio de 2026 y ponencia de Ángeles Huet de Sande.
- Resumen: El Supremo decidirá si la aptitud solar de un suelo rústico eleva el precio de la expropiación. La doctrina afectará a toda España y aún no tiene fecha.
