El Tribunal Supremo fijó en su sentencia 426/2026, dictada el pasado mes de junio, la frontera procesal entre el «okupa» y el «inquiokupa». Un auto del Tribunal de Instancia número 5 de Roquetas de Mar ha reactivado ahora esa doctrina al separar la ocupación ilegal del simple impago de la renta.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? El Juzgado de Instancia número 5 de Roquetas de Mar, en auto, distingue el «okupa» del «inquiokupa» y ordena restituir los suministros cortados a una morosa hipotecaria pendiente de lanzamiento.
- ¿Qué base jurídica aplica? La sentencia 426/2026 del Tribunal Supremo, que ampara los cortes frente a la ocupación sin título, y el artículo 172 del Código Penal sobre coacciones.
- ¿Qué impacto tiene? Ningún propietario puede equiparar el impago al allanamiento; el corte unilateral de suministros fuera de la ocupación ilegal expone a diligencias penales.
El origen del conflicto: ocupación sin título e impago de renta
La vivienda concentra en España una tensión económica y social sostenida. A los precios de compra y alquiler inaccesibles para amplias capas de la población se suma la escasez de oferta y el temor de los propietarios a que su inmueble sea ocupado. En ese contexto, la confusión entre okupa e inquiokupa deja de ser terminológica y adquiere consecuencias jurídicas.
El juez Claudio García Vidales, titular de la Sección de Civil e Instrucción de la plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar, ha advertido en un auto de que ambos supuestos reciben un tratamiento legal distinto. La resolución del Tribunal Supremo dictada en junio podría haber alimentado la confusión entre quienes creen que cualquier impago habilita las mismas medidas que la ocupación ilegal.
El auto de Roquetas de Mar: cortes de suministros y diligencias por coacciones
La sentencia 426/2026 del Tribunal Supremo abrió la vía a los cortes de suministros de agua y luz frente a los ocupantes ilegales, como mecanismo de presión para la liberación de la vivienda. La doctrina opera, sin embargo, exclusivamente sobre la ocupación sin título. Extenderla al inquilino que deja de pagar la renta —o al titular que ha perdido la vivienda por ejecución hipotecaria— conduce directamente a los tribunales.
El auto subraya que no es lo mismo quien accede a una vivienda ajena, fuerza la cerradura y carece de vínculo alguno con el inmueble, que el inquilino en impago sometido a un proceso de desahucio. Tampoco se equipara a la persona que pierde la titularidad por impago de la hipoteca y se halla pendiente de lanzamiento judicial.
El Tribunal Supremo habilita el corte de suministros frente a la ocupación sin título, no frente al inquilino en impago ni ante el titular pendiente de lanzamiento.
El supuesto concreto que originó el auto afecta a una mujer de 88 años. Perdió la titularidad de su vivienda habitual tras no poder afrontar los pagos de la hipoteca, fue embargada y su domicilio salió a subasta. El nuevo propietario, antes de que se ejecutara el desahucio, interrumpió de forma unilateral el suministro de agua y luz.
Los cortes se produjeron en pleno mes de agosto, con temperaturas extremas. La actuación ha dado lugar a la apertura de diligencias contra el nuevo propietario por un presunto delito de coacciones. La mujer, según el auto, nunca dejó de abonar los servicios.
El juez dictó una medida cautelar que ordenaba la restitución inmediata de los suministros interrumpidos. En su razonamiento, el auto descarta que la mujer sea una ocupante ilegal: es la propietaria que, ante una situación económica adversa, perdió la titularidad y esta pendiente de lanzamiento por orden judicial. Su obligación de abandonar el inmueble no habilita al ahora investigado para adoptar medidas coactivas al margen del ordenamiento.
La Doctrina del Tribunal
El auto consolida una distinción que la práctica forense tiende a difuminar. La ocupación ilegal constituye una situación de hecho sin título habilitante, mientras que el impago de renta deriva de una relación arrendaticia previa y exige el cauce del desahucio. El corte unilateral de suministros solo encuentra amparo en el primer escenario; en el segundo, el propietario que actúa por su cuenta responde por coacciones.
El delito de coacciones, previsto en el artículo 172 del Código Penal, castiga a quien, sin estar legítimamente autorizado, impide a otro obrar conforme a su voluntad. La privación de suministros esenciales a un morador encaja en ese tipo cuando no concurre título que la ampare. La línea entre la defensa de la propiedad y la autotutela es la que el auto traza, y su traslación a la práctica puede multiplicar las diligencias contra propietarios que aplican por analogía la doctrina de la sentencia 426/2026.
El mensaje para los litigantes es inequívoco: ningún propietario puede equiparar el impago al allanamiento. El cauce sigue siendo judicial, a través del procedimiento de desahucio, y la ejecución de cortes ajenos a la ocupación sin título expone a quien los ordena a una eventual condena penal.
FICHA DEL CASO
- El caso: Actuación en el orden civil e instrucción penal sobre el corte unilateral de agua y luz a una mujer de 88 años que perdió la vivienda por ejecución hipotecaria y estaba pendiente de lanzamiento.
- Datos importantes: Auto del Tribunal de Instancia número 5 de Roquetas de Mar; sentencia 426/2026 del Tribunal Supremo como referencia; artículo 172 del Código Penal (coacciones); medida cautelar de restitución de suministros.
- Fecha de los juicios: Corte de suministros en agosto de 2026; auto dictado y conocido en septiembre de 2026; la sentencia 426/2026 del Tribunal Supremo data de junio de 2026.
- Personas acusadas y por qué: El nuevo propietario de la vivienda subastada, investigado por un presunto delito de coacciones tras interrumpir el suministro a la anterior titular.
