España ha lanzado la candidatura de Pablo Hernández de Cos a la presidencia del BCE, la primera apuesta clara por un trono monetario que nunca ha sido español. El movimiento llega antes de que exista una vacante formal y convierte a Madrid en el primer Gobierno que se retrata en la puja.
Un año, tres sillones y una cuenta atrás que no admite demoras
Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España entre 2018 y 2024 y hoy director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), es el nombre que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa, según la información publicada por El País. Su perfil encaja con lo que Fráncfort valora: reputación técnica sólida y trato directo con los gobernadores de medio mundo desde Basilea. Solo tres países han ocupado la presidencia del Banco Central Europeo desde 1998: Países Bajos, Francia —dos veces— e Italia.
El calendario ha acelerado todo. La institución afronta la renovación de tres puestos del Comité Ejecutivo, el órgano de seis miembros que dirige el día a día del banco, entre mayo y diciembre de 2027. La marcha de Luis de Guindos el pasado 31 de mayo dejó a España sin sillón en ese núcleo, y el Gobierno no quiere que la ausencia se prolongue más de lo imprescindible.
La presidencia viaja en el mismo paquete. El mandato de ocho años de Christine Lagarde expira en el otoño de 2027 y la hipótesis de una salida anticipada, aún sin confirmar, está sobre la mesa en Bruselas y en Fráncfort. El plan que se atribuye al Consejo de Gobierno del BCE es tener una cúpula totalmente renovada en un año cargado de elecciones en Francia e Italia.
Madrid sostiene que la ventana es ahora. El presidente del Gobierno defendió hace unos días la idoneidad de Hernández de Cos, consciente de que España jugaba hasta ahora con varias apuestas abiertas y sin candidato declarado. Lo que observamos es que el Ejecutivo ha decidido quemar el cartucho del anuncio antes de que Berlín y París fijen su propio reparto.
Lo que está en juego no es un sillón decorativo. El Comité Ejecutivo decide, junto a los veinte gobernadores nacionales, los tipos que mueven el euríbor y con él el coste de millones de hipotecas españolas a tipo variable. También pilota la recta final del euro digital, la aplicación de Basilea III y la supervisión de los grandes bancos españoles. Sin voz en ese órgano, Madrid negocia el resto de expedientes con una silla menos.
La presidencia del BCE no se gana en Fráncfort: se negocia en los pasillos del Consejo Europeo, y España acaba de mover ficha sin saber las reglas.
Alemania y Francia ya han reservado dos de las tres vacantes
Ahí empieza el problema real. Dos de los tres huecos parecen reservados para Alemania y Francia, que no están dispuestas a ceder terreno en política monetaria después de años de dominio en el núcleo decisorio. España tiene, sobre el papel, una sola bala. Y no la dispara en campo neutral: en el BCE rige la regla de que ningún país puede tener dos miembros en el Comité Ejecutivo a la vez, lo que cierra puertas y las abre según se muevan las fichas de los demás.
El procedimiento lo fija el artículo 283 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: el Consejo Europeo nombra a los miembros del Comité Ejecutivo por mayoría cualificada, a propuesta del Consejo y previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE. Traducido: no basta con caer bien en Fráncfort. Hace falta una mayoría cualificada, esto es, 15 de los 27 Gobiernos que sumen al menos el 65% de la población, en una sala donde cada capital defiende su propia casilla.
El riesgo tiene precedente. Cuando se reparten los premios grandes, los países medianos y pequeños tienden a coaligarse para impedir que los mayoritarios se lo lleven todo. Pasó en 2020 con la presidencia del Eurogrupo: Nadia Calviño partía como favorita y perdió frente al irlandés Paschal Donohoe porque media docena de capitales decidieron que ya había bastantes grandes mandando. La candidatura española necesita, por tanto, algo más que méritos técnicos: necesita una coalición.
El Eje del Poder Europeo
Nada de esto se decide en clave técnica. Berlín y París cerrarán su reparto cuando les convenga, y el resto de bloques —los frugales del norte, los socios del sur, Visegrado, los nórdicos y bálticos— jugará su carta en función de lo que consiga en otros expedientes. La mecánica es conocida desde 2019: aquel verano, el paquete que colocó a Ursula von der Leyen en la Comisión, a Charles Michel en el Consejo Europeo y a Lagarde en el BCE se cocinó en una cumbre y se formalizó semanas después como si fuera fruto de un consenso espontáneo.
El precedente más incómodo para España es de 2011. La lectura más extendida es que Berlín aceptó a Mario Draghi al frente del BCE a cambio de endurecer el marco fiscal europeo y de imponer condiciones más duras a los rescates. Desde entonces, el sillón de la presidencia funciona como moneda de cambio en las grandes negociaciones, no como premio al mejor currículum.
Para España, la lectura a cinco años es clara. Con la regla fiscal apretando de nuevo, con los fondos de Next Generation en su fase final y con la unión bancaria a medio construir, tener o no la presidencia del BCE cambia la capacidad de influir en la letra pequeña que después se aplica en Madrid. Una presidencia española no garantizaría una política monetaria complaciente, pero sí una interlocución directa en un momento en el que se discuten el euro digital, el trato prudencial a la deuda soberana, y el encaje de los grandes bancos españoles en las fusiones transfronterizas.
El siguiente hito está a la vuelta de la esquina. El Gobierno desplegará contactos en el Eurogrupo y en el Consejo Europeo, previsiblemente antes de que termine el año, y el proceso formal no arrancará hasta la primera mitad de 2027. Nadie espera una decisión antes del próximo otoño. Pero la partida ya ha empezado, y España ha decidido jugarla a cara descubierta.
