Polymarket sitúa en el 70% la probabilidad de un tercer impeachment de Donald Trump si los demócratas recuperan la Cámara en noviembre. La cifra no sale de un sondeo, sino de un mercado de apuestas, y reordena el riesgo político de Washington.
El 70% de Polymarket: qué mide y qué no
Conviene fijar antes el término. El impeachment es el mecanismo por el que la Cámara de Representantes acusa formalmente al presidente y el Senado celebra después un juicio político que puede terminar en destitución. Trump ya lo ha vivido dos veces. Ninguna acabó en condena. Polymarket, por su parte, es un mercado de predicción donde los usuarios compran contratos ligados a eventos futuros: su cotización funciona como termómetro agregado de expectativas.
El dato más sólido procede del promedio de encuestas de RealClearPolitics. La aprobación del presidente ha caído a la treintena, con seis de las últimas siete encuestas por debajo del 40%, y su desaprobación se asienta en el 60%. Ningún presidente tocaba esa cota desde George W. Bush, que la alcanzó en el verano previo a las legislativas de 2006. Joe Biden se quedó en el 58%.
Lo que altera el cálculo esta vez es la economía. Una encuesta de CNN recoge que el 72% de los estadounidenses califica de ‘pobre’ la situación actual, frente al 28% que opinaba lo mismo en el ecuador del primer mandato. El Wall Street Journal añade que el 60% de los votantes cree que las políticas de Trump han empeorado la economía.
El desgaste alcanza los dos terrenos donde el presidente había construido su ventaja. Una encuesta de Fox News concluye que una mayoría clara considera que su política migratoria ‘ha ido demasiado lejos’, y solo el 37% aprueba su gestión exterior.
Los sondeos no destituyen a nadie por sí solos. Lo que hacen es decirle a cada senador cuánto le cuesta seguir defendiendo al presidente.
Y los números cambian conductas. Tres candidatos republicanos al Senado del Medio Oeste —Ashley Hinson (Iowa), Mike Rogers (Míchigan) y Jon Husted (Ohio)— se han desmarcado del presidente por la guerra de Irán. En Wisconsin, el candidato a gobernador Tom Tiffany, respaldado por Trump en las primarias, pide salir de Irán. En Florida, Byron Donalds ha borrado las menciones al presidente de su web. Aquí nadie se mueve gratis.
Eso sí, la matemática constitucional no se ha movido. La condena en el Senado exige dos tercios de los senadores presentes, lo que obligaría a entre 17 y 20 republicanos a votar contra su propio presidente. Ese umbral nunca se ha cruzado: Andrew Johnson se salvó por un voto en 1868, Richard Nixon dimitió en 1974 y Bill Clinton fue absuelto en 1999.
El arsenal que espera a una Cámara con poder de citación
La segunda pregunta no es política, sino de munición. Una Cámara demócrata dispondría del poder de citación —la capacidad de obligar a comparecer y a entregar documentos— y el segundo mandato de Trump ha dejado un rastro que ningún comité ha examinado todavía con esa herramienta en la mano.
El caso más citado es el de los Emiratos Árabes Unidos. Cuatro días antes de la investidura, Aryam Investment, firma respaldada por el asesor de seguridad nacional emiratí, compró el 49% de World Liberty Financial por 500 millones de dólares. Unos 187 millones fueron a entidades de la familia Trump y al menos 31 a sociedades del entorno de Steve Witkoff, enviado para Oriente Medio. Meses después, la administración autorizó a los EAU comprar cientos de miles de chips de inteligencia artificial.
A eso se suman el avión regalado por Catar, el indulto a Binance y varias operaciones cripto de la familia presidencial, incluida la cena con los tenedores del memecoin $TRUMP. Ninguna prueba un delito por sí sola. El problema es que la suma construye un relato fácil de explicar en televisión.
El cálculo decisivo está dentro del Partido Republicano, y tiene nombre: JD Vance. Según el análisis del Washington Examiner, los senadores más cercanos al vicepresidente afrontan una disyuntiva simple. Si competir en 2028 con historial propio les conviene más que presentarse como herederos de Trump, su disposición a condenarlo crecería. El paralelismo con el dilema demócrata de 2024 es incómodo.
Bob Cusack, editor ejecutivo de ese medio, lo resumió en CNN: ‘Va a haber más casos así, y creo que la presa puede romperse después de las elecciones’.
La Lógica de Washington
Antes de traducir esto a consecuencias europeas conviene entender qué mira Washington. La lógica interna del sistema americano no es la de un golpe parlamentario, sino la de un partido que calcula costes electorales distrito a distrito. Los demócratas llevan una década esperando una rendición de cuentas y su base responde: un sondeo del Center for Strategic Politics sitúa en el 77% los votantes demócratas que quieren ver entre rejas a cargos de la administración. Un presidente con una aprobación del 29%, el registro más bajo recogido por American Research Group, deja de ser un activo para los suyos.
El precedente que mejor explica lo que viene es Richard Nixon en 1974. No fue la Cámara la que echó a Nixon; fue su propio partido, que dejó de verlo rentable cuando las encuestas de sus distritos empezaron a sangrar. Entonces había una cinta con una instrucción inequívoca. Ahora hay operaciones opacas que todavía deben convertirse en un relato coherente, y ese trabajo lo puede hacer un comité con citaciones.
La lectura que hacemos aquí es que el 70% de Polymarket describe un riesgo real, pero también un mercado que se mueve con la emoción del momento. Ningún presidente ha sido condenado en el Senado en 250 años de historia. Nada impide que el primero sea Trump. Tampoco nada garantiza que lo sea.
Para España el primer efecto es de calendario. Un presidente asediado tiene menos capital político para cerrar acuerdos comerciales y más incentivos para exhibir firmeza arancelaria ante su base. El marco del 15% pactado entre Bruselas y Washington en 2025 —que ya grava el aceite de oliva, el vino, y el automóvil español— sería el primero en notarlo. Un acuerdo comercial amplio es hoy más improbable que hace un año.
El segundo efecto es de defensa y de regulación. Iberdrola y su filial Avangrid, Ferrovial, ACS, Santander y BBVA operan bajo permisos federales, créditos fiscales y expedientes que se resuelven en despachos que ahora miran a las encuestas. España se ha comprometido a elevar su gasto militar al 2% del PIB y a seguir la senda hacia el 5% acordada por la OTAN en La Haya en junio de 2025. Ese calendario se negoció con una administración concreta.
La ventana clave es el 3 de noviembre. Si el Partido Demócrata recupera la Cámara, las primeras citaciones llegarían antes de que acabe el año y los procedimientos de acusación, ya en 2027. Si no la recupera, el 70% de Polymarket se desinflará en semanas. El mercado ya lo descuenta.
Ficha del Caso
- El caso: Los mercados de predicción sitúan en el 70% la probabilidad de un tercer impeachment de Donald Trump si los demócratas conquistan la Cámara en las legislativas de noviembre.
- Datos clave: Aprobación presidencial en la treintena (29% en American Research Group), desaprobación del 60%, 72% de ciudadanos que califica la economía de ‘pobre’ y dos tercios del Senado necesarios para una condena: entre 17 y 20 republicanos.
- Para España: Un presidente debilitado tiene menos margen para cerrar acuerdos comerciales y más incentivos para el gesto arancelario, mientras las empresas españolas con presencia en EE. UU. ven cómo sus permisos federales quedan en manos de una administración en cuenta atrás.
