La Guardia Civil detuvo el 8 de septiembre a dos miembros de la Embajada de Venezuela en Barajas con 50 kilos de cocaína. La operación, adelantada por el diario El Mundo, sigue rodeada de un extremo secreto y la investigación continúa abierta en un juzgado de Plaza de Castilla.
Así fue la detención en el aeropuerto de Barajas
Según la información publicada por El Mundo, uno de los detenidos llegó a Madrid en un vuelo regular procedente de República Dominicana y esgrimió su documentación diplomática, todavía vigente, para que su equipaje no fuera registrado. El otro le esperaba en la terminal.
Antes de aterrizar en Barajas, el mismo sospechoso había cogido un vuelo privado desde Venezuela hasta República Dominicana y, desde allí, había cambiado a un vuelo comercial con destino a España, de acuerdo con la reconstrucción del medio.
La Guardia Civil practicó las dos detenciones el pasado 8 de septiembre. Los agentes habían recibido el aviso de los investigadores dominicanos, que sospechaban que no era la primera vez que ambos realizaban el mismo trayecto con fines similares.
El pasaporte diplomático fue la llave que permitió pasar el control sin que la valija fuera abierta. Los especialistas sitúan a República Dominicana como una base de almacenamiento de cocaína y un punto de tránsito habitual hacia Europa.
Quiénes son los dos detenidos
Los arrestados son José Rafael Escorihuela Pereira, ministro consejero de la legación diplomática, y Kelvin Jesús Matos Pérez, primer secretario de la embajada hasta principios de septiembre. Ambos formaban parte de la estructura de la legación venezolana en Madrid.
El mismo día de las detenciones, la embajada comunicó al juzgado que ninguno de los dos mantenía ya vínculo alguno con la delegación diplomática. Ambos permanecen presos en un centro penitenciario de Madrid como presuntos autores (las personas a las que se atribuyen los hechos, sin que exista aún condena) del transporte de la droga.
El arresto provocó que casi todo el personal de la embajada fuera llamado a a declarar, según detalla la misma información. Los nombres de los detenidos no figuran en los archivos policiales comunes.
Los investigadores centran ahora sus esfuerzos en los teléfonos de los detenidos para reconstruir el recorrido de la droga.
En qué punto está la investigación por narcotráfico
La Guardia Civil analiza desde hace días el contenido de los teléfonos móviles de los dos detenidos. Los agentes tratan de determinar quién les proporcionó la sustancia, a quién pensaban venderla y si contaron con la ayuda de cómplices.
La causa se encuentra en fase de instrucción (la etapa en la que el juez investiga los hechos) en un juzgado de Plaza de Castilla, bajo el radar de la Fiscalía Antidroga. El medio atribuye el secreto a que la investigación sigue abierta, aunque apunta a las conexiones de los detenidos como otro motivo de discreción.
En un sector en el que la droga suele medirse por toneladas, el volumen de la incautación no resulta excepcional; lo singular, según los expertos consultados, es el canal empleado para introducirla.
Para dimensionar el alijo, el expolicía y profesor universitario Ricardo Magaz calcula que un kilo de cocaína de alta pureza adquirido en origen puede costar unos 1.500 euros, mientras que ese mismo kilo ya importado a España ronda los 15.000. Una vez adulterado y repartido al menudeo, su valor se multiplica.
El medio venezolano El Pitazo sostiene, sin confirmación oficial, que los dos detenidos habrían repetido el procedimiento en cinco ocasiones. La Guardia Civil no ha confirmado por ahora ese extremo.
La investigación sigue abierta y bajo secreto. Queda por esclarecer quién facilitó la droga, cuál era su destino final y cuántas veces se repitió una operación que los agentes reconstruyen ahora pieza a pieza.
