La Fiscalía Provincial de Madrid pide entre tres y seis años de prisión para seis presuntos expoliadores arqueológicos acusados de vender piezas robadas en el mercado legal. El juicio arranca este martes, 29 de septiembre, según el escrito de acusación del Ministerio Público.
El escrito imputa a los seis acusados, tres hombres y tres mujeres, un delito de blanqueo de capitales (dar apariencia legal al dinero procedente de una actividad ilícita) y otro de pertenencia a grupo criminal. Ninguno de ellos ha sido condenado. La condición de acusado no implica culpabilidad.
Qué pide la Fiscalía para los seis acusados
La petición de pena se recoge en el escrito de acusación (el documento en el que la Fiscalía detalla los hechos que atribuye y las penas que reclama). El Ministerio Público sostiene que los acusados adquirían piezas arqueológicas robadas para colocarlas después en el mercado legal, y que esa operativa es la que da pie al delito de blanqueo.
- Seis acusados: tres hombres y tres mujeres.
- Penas solicitadas: entre tres y seis años de prisión.
- Delitos imputados: blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
- Periodo que describe la acusación: entre 2015 y 2022.
- Origen de las piezas: casi todas procedentes de Andalucía, de origen ilícito.
El relato de la Fiscalía distingue entre la adquisición del material y su salida al mercado. Las piezas llegaban ya sustraídas de los yacimientos, según el escrito, y el grupo se ocupaba de preparar las transacciones y de darles apariencia de legalidad. Ese reparto de tareas es el que sostiene la imputación por grupo criminal. El número de piezas no se ha hecho público.
La trama que operó entre 2015 y 2022
Según el relato del Ministerio Público, entre 2015 y 2022 tres hermanos, uno de ellos ya fallecido, montaron una estructura que la acusación califica de «estable» y «eficaz» para hacerse con piezas arqueológicas. El texto sitúa el origen de casi todo el material en Andalucía y lo describe como de procedencia ilícita.
La Fiscalía sostiene que el grupo operó durante siete años con piezas de origen ilícito, casi todas procedentes de yacimientos andaluces.
Al núcleo inicial se fueron sumando otras personas. Dos de ellas también han fallecido y una de las acusadas se encargaba de preparar las transacciones, siempre según la versión de la Fiscalía. Los fallecidos no serán juzgados.
La acusación fija en siete años el funcionamiento de la estructura, entre 2015 y 2022. Durante ese tiempo, el material salió de Andalucía, y se introdujo en circuitos de venta con apariencia legal, siempre según el Ministerio Público.
El expolio arqueológico (la extracción ilícita de bienes del patrimonio) priva a los yacimientos de su contexto, el dato que permite datar y estudiar cada pieza. En este caso, la acusación no atribuye a los seis procesados la sustracción directa del material, sino su adquisición y su posterior colocación en el mercado.
En qué fase está el proceso y qué falta por acreditar
La causa llega a la fase de juicio oral (la parte del procedimiento penal en la que las partes presentan sus pruebas y el tribunal decide), después de una instrucción (la etapa previa, en la que el juez investiga los hechos) que se ha prolongado varios años. Las resoluciones y los señalamientos de este tipo de causas se publican en la página del Poder Judicial.
Hasta ahora no se ha difundido la posición de las defensas. Tampoco consta el número de testigos ni de peritos que comparecerán durante las sesiones.
Ninguno de los seis acusados ha sido condenado. La presunción de inocencia (el derecho a ser considerado no culpable mientras no exista una sentencia firme) se mantiene hasta que el tribunal se pronuncie. No hay condena firme. Las penas que pide el Ministerio Público son una petición, no una decisión judicial.
A partir de este martes, la vista avanza con la práctica de las pruebas y las conclusiones de las partes. La sentencia no será firme si alguna de ellas recurre. Hasta entonces, los seis mantienen la condición de presuntos autores de los delitos que se les imputan.
