EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Conselleria de Servicios Sociales ha enviado a su servicio de inspección al centro Huize Soria, en Aspe (Alicante), y le ha requerido la autorización para operar como centro de menores.
- ¿Quién está detrás? El Consell de Pérez Llorca (PP-Vox), el Síndic de Greuges y la Inspección de Atención Sanitaria y Juventud de Países Bajos.
- ¿Qué impacto tiene? La entidad no consta como autorizada en el registro autonómico, por lo que, según la Generalitat, estaría operando fuera de la legalidad.
La Generalitat investiga un centro de menores holandeses en Aspe (Alicante) que no consta como entidad autorizada. La investigación se abre después de que la televisión pública de Países Bajos haya descrito un entorno de “presión y coerción” sobre los adolescentes internos.
A escasos kilómetros del casco urbano de Aspe, una localidad de algo más de 22.000 habitantes en el interior de la provincia de Alicante, se levanta Huize Soria. El centro está prácticamente aislado, en un entorno rural, y durante años se promocionó como un proyecto de reinserción para jóvenes holandeses con problemas de conducta o de adicción.
El requerimiento de la Conselleria y un registro donde el centro no aparece
Fuentes de la Generalitat Valenciana confirman que se ha abierto una investigación. La Conselleria (el equivalente valenciano de un ministerio) de Servicios Sociales, que dirige Elena Albalat, ha enviado a su servicio de inspección para “verificar los servicios” que se prestan. En paralelo, la inspección ha requerido a la entidad la autorización correspondiente y cualquier otra documentación que acredite su actividad.
La respuesta a ese requerimiento lo cambia todo. A la espera de recibir los papeles, desde la Conselleria advierten de que el centro “no consta como entidad autorizada” para funcionar como centro de menores. No hay constancia de que Huize Soria figure inscrita en el Registro oficial General de Titulares de Actividades, Servicios y Centros de Servicios Sociales. Un centro sin autorización está fuera de la legalidad, y en función de cómo conteste la entidad, la Conselleria “actuará”.
Por ahora, la dirección no ha respondido a las preguntas de la prensa. Sí ha colgado un comunicado en su página web en el que niega todas las acusaciones y asegura que ofrece “desde hace más de 20 años” un entorno “seguro” para familias que “no han encontrado apoyo adecuado en otros lugares”.
Un centro sin autorización no es un centro con papeles pendientes: es una actividad fuera de la ley con menores dentro.
Huize Soria sostiene que ya fue investigado en 2021, a raíz de las primeras denuncias, con conclusiones “extremadamente positivas”. La dirección añade que el propio Consejo para la Protección de la Infancia ha derivado a varios jóvenes al centro, y cifra en más de 265 los chavales atendidos en dos décadas.
Las denuncias que Países Bajos no trasladó a España
El origen del escándalo está en el programa Nieuwsuur, de la televisión pública neerlandesa. Su investigación describe una “cultura represiva” con castigos y largas jornadas de trabajo —plantar árboles, atender a los animales, o cavar zanjas como “programa ocupacional”—, comida restringida y prohibición de contactar con familiares. Las primeras denuncias se remontan al menos a 2021, cuando cinco jóvenes acudieron al Defensor del Menor de Ámsterdam.
A eso se suma la duda sobre la legalidad de algunos traslados. Varias organizaciones han sido señaladas por enviar a los jóvenes a Aspe sin los permisos que exige España. Y la Inspección de Atención Sanitaria y Juventud de Países Bajos, sin competencia para actuar en el extranjero, tampoco avisó a las autoridades españolas de las denuncias que pesaban sobre el centro. El último contacto conocido se produjo en 2016.
En España, la Conselleria no ha sido la única en moverse. El Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo valenciano) ha abierto una investigación de oficio para “esclarecer las condiciones de atención y trato que reciben los menores” y determinar si ha habido “vulneraciones de derechos fundamentales de la infancia”. Su titular, Ángel Luna, muestra su preocupación por que las autoridades neerlandesas conocieran las denuncias y no las comunicaran: podría haber “dificultado la adopción de medidas de protección”.
El Escenario Valenciano
El caso llega en un momento delicado para el Consell de Pérez Llorca, el ejecutivo de coalición entre PP y Vox que gobierna la Generalitat desde diciembre de 2025. La Conselleria de Servicios Sociales responde a Elena Albalat y el asunto le obliga a demostrar que su control sobre los recursos residenciales para menores funciona.
PSPV y Compromís disponen ya de un flanco por el que preguntar en las Corts: cuánto tiempo ha podido funcionar un centro de menores en Alicante al margen de la ley sin que ninguna administración lo detectara.
Hay una dimensión que excede a la Comunitat. La Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, exige autorización administrativa para cualquier recurso residencial y sitúa el interés superior del menor por encima de cualquier otro criterio. En el plano europeo, el traslado transfronterizo de adolescentes necesita el visto bueno del país de destino. Queda una pregunta incómoda: cuántos centros de este tipo operan en España con menores extranjeros y sin control autonómico.
Los próximos movimientos están tasados. La Conselleria espera la documentación y actuará si el centro no acredita su autorización; el abanico va del requerimiento formal a la clausura. El Síndic resolverá su investigación de oficio y elevará conclusiones a las Corts. Y queda la pregunta que nadie ha respondido: qué ocurre con los menores que siguen internos si el centro cierra.
Ficha del Caso
- El caso: Huize Soria, un centro para menores holandeses con problemas de conducta, opera en Aspe (Alicante) sin constar en el registro oficial de centros de servicios sociales de la Generalitat.
- Datos importantes: La Conselleria de Servicios Sociales ha enviado a inspección y ha requerido la autorización; el Síndic de Greuges ha abierto una investigación de oficio. Las primeras denuncias datan de 2021.
- Resumen: Si el centro no acredita su autorización, la Generalitat podría actuar contra una actividad que, según sus propias fuentes, está fuera de la legalidad, con menores extranjeros dentro.
