La Xunta atribuye al absentismo laboral las 176 plazas docentes sin cubrir a los ocho días de iniciarse el curso. Es el mismo argumento que Alfonso Rueda esgrimió con los bomberos durante los incendios de 2025.
Mil cuatrocientas bajas, 176 vacantes y una etiqueta que lo explica todo
El titular de la Consellería de Educación, Román Rodríguez —el equivalente gallego de un ministro autonómico—, eligió el domingo 20 de septiembre una entrevista en la Cadena SER para fijar su versión. «Las vacantes son cuando hay bajas», dijo. Y puso cifra: entre el 1 y el 15 de septiembre se habían registrado 1.400 bajas docentes (1.393, precisaría después), con una media diaria de 3.000 profesionales de baja en el sistema. De ahí, argumentó, la necesidad de un plan para evaluar a quienes no están en condiciones de trabajar.
Los números oficiales cuentan otra cosa. Ese mismo domingo, la aplicación de la Consellería mostraba 176 vacantes sin cubrir, 142 de ellas en secundaria. Solo 58 eran bajas médicas. El resto, cerca del centenar, respondía a permisos de maternidad o lactancia, excedencias por cuidado de familiares, reducciones de jornada e interinidades sin adjudicar. Doce días antes, la víspera del arranque de curso, CIG-Ensino recopilaba 1.148 vacantes en esa misma aplicación, más de la mitad en secundaria; otras 817 ya estaban cubiertas.
La CIG, primer sindicato del sector, respondió con las cifras de la propia Xunta en la mano. «Él es quien manipula los datos», aseguró su secretaria nacional, Laura Arroxo, que recordó que en marzo la Consellería cifró en 2.354 los docentes de baja, un 7,2% del total, por debajo del 7,4% de media gallega. Incluso CCOO, firmante del acuerdo de mejoras con la Xunta, habló de «enfoque desacertado» y reclamó rigor. La oposición en el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados) calificó el mensaje de «criminalización» del profesorado.
El sistema público gallego alcanza este curso los 32.712 docentes, 956 más que el año anterior, según el dato oficial recogido en xunta.gal. La CIG rebaja esa subida a 396 con el CADP —el Concurso de Adjudicación de Destinos Provisionales— en la mano. La discrepancia, unida a las 176 plazas todavía abiertas, es el terreno donde se libra la batalla política de este septiembre.
La Xunta ha encontrado en el absentismo una explicación para cada carencia: primero fueron las motobombas paradas, ahora son las aulas sin profesor.
El precedente de Ourense: cuando las motobombas también faltaban por «bajas»
En agosto de 2025 Galicia sufrió la peor oleada de incendios forestales de su historia registrada, con la provincia de Ourense en situación de alerta 2 y 40.000 hectáreas arrasadas a mediados de mes. Alfonso Rueda reclamaba a diario al Gobierno central 30 motobombas con sus conductores. Mientras tanto, el cuadrante mensual del distrito forestal XIII, el de Valdeorras-Trives, mostraba que solo cuatro de los ocho vehículos podían operar a pleno rendimiento con el personal asignado. Faltaban 200 trabajadores, 80 de ellos en Ourense, según denunciaban CCOO, y CIG.
El 15 de agosto, con la provincia en alerta y el fuego descontrolado, Medio Rural lanzó dos llamamientos para cubrir puestos vacantes. Rueda negó entonces que existiera un problema estructural: era «para cubrir las bajas», dijo. Quince días después, con la crisis apagada y el traje de vuelta, ofreció una segunda versión. Las motobombas paradas no lo estaban por las bajas supuestas de sus conductores, sino porque el servicio no tenía personal suficiente para darles relevo. Ni los bomberos ni los profesores pueden trabajar 24 horas.
La coincidencia no es solo de guion, sino de método. Primero se nombra el absentismo. Después, los sindicatos responden con documentos oficiales. Al final, la consellería matiza. Es un patrón que se repite con un año de diferencia y en dos servicios públicos distintos.
El Laboratorio Gallego
Galicia es el territorio donde el PPdeG (el Partido Popular de Galicia, en el Gobierno autonómico con mayorías absolutas consecutivas desde 2009) ha construido su modelo de gestión sin socios ni coaliciones. Alfonso Rueda preside la Xunta desde 2022 y no necesita consultar a nadie antes de lanzar un mensaje.
Enfrente, el BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) y un PSdeG (la federación gallega del PSOE) que no gobierna la Xunta desde 2009. Ese marco da al Ejecutivo gallego una capacidad de comunicación que otras administraciones no tienen: un solo portavoz, un solo relato y ninguna coalición que romper.
La lectura nacional está en el método. Explicar la falta de efectivos de un servicio público con las bajas de sus propios trabajadores es un recurso que cualquier gobierno puede replicar, y que en el debate español sobre el absentismo en las administraciones tiene recorrido. Si el marco funciona en Galicia, el marco es exportable. Eso sí, la prueba de fuego no es la entrevista: es si el plan anunciado por Román Rodríguez para evaluar las bajas llega al orden del día del Parlamento como norma con soporte jurídico o se queda en un enunciado radiofónico.
La proyección es concreta. El curso acaba de empezar y cada semana dejará nuevas sustituciones sin adjudicar en la aplicación de la Consellería; el debate presupuestario de otoño llevará el asunto a la Cámara. La incógnita no es cuántas plazas quedan abiertas, sino si el relato del absentismo aguanta la próxima comparación con los datos. En 2025 aguantó tres semanas. Luego cayeron las motobombas.
Ficha del Caso
- El caso: La Consellería de Educación atribuye al absentismo docente las plazas sin cubrir al inicio de curso, un argumento que la Xunta ya usó en agosto de 2025 con las motobombas paradas durante los incendios de Ourense.
- Datos importantes: 176 vacantes sin cubrir el 20 de septiembre (142 en secundaria, solo 58 por bajas médicas); 1.400 bajas docentes entre el 1 y el 15 de septiembre; 32.712 docentes en el sistema; en 2025 faltaban 200 trabajadores forestales y solo cuatro de ocho motobombas operaban a pleno rendimiento en Valdeorras-Trives.
- Resumen: Sindicatos y oposición desmontan el relato con datos oficiales, mientras la Xunta mantiene un marco de comunicación aplicable a cualquier administración.
