La Audiencia Nacional cita esta semana como testigos al presidente de Ceuta y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno por la entrada masiva de personas desde Marruecos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha citado como testigos al presidente de Ceuta y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno.
- ¿Dónde y cuándo? Las comparecencias se producirán el miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre, por los hechos de la frontera del Tarajal de los días 30 y 31 de julio.
- ¿Qué se investiga? Una entrada masiva con al menos 83 fallecidos en la parte española y hasta 140 muertes en el mar.
La titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia ha fijado dos jornadas de declaraciones. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, comparecerá el miércoles 30 de septiembre. Un día después, el jueves 1 de octubre, lo hará Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta. Ese mismo jueves está citado también el jefe de la Policía Local ceutí, Sebastián Vega.
Los tres comparecen en calidad de testigos, no de investigados. Esa condición les obliga a responder y a decir la verdad, bajo apercibimiento de incurrir en un delito de falso testimonio. La instrucción se encuentra, por tanto, en una fase de recopilación de prueba, sin imputaciones personales confirmadas.
La magistrada asumió la causa por un auto de 7 de septiembre. En él rechaza que lo ocurrido pueda analizarse como una suma de entradas irregulares aisladas. Lo describe como un fenómeno organizado y supraterritorial, con un «antes, durante y después». El eje de la investigación son los delitos contra la paz o la independencia del Estado.
La causa de la Audiencia Nacional
Tardon aprecia indicios de una conducta cometida en el extranjero que habría atacado gravemente la integridad territorial de España. La instructora enmarca la avalancha en los métodos propios de la «guerra híbrida» o «zona gris». Por eso la competencia recae en la Audiencia Nacional: el artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la jurisdicción española estos delitos aunque se cometan fuera del territorio nacional. La propia magistrada subraya que la calificación es «totalmente provisional» y que no existe, por ahora, imputación concreta a nadie.
Junto a ese núcleo, el auto recoge otros tres bloques delictivos: los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (artículo 318 bis del Código Penal), los homicidios y lesiones por imprudencia en conexión con los anteriores, y la organización o grupo criminal. A petición de la jueza, el CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) de la Policía Nacional atribuyó a las fuerzas de seguridad marroquíes «el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso».
El informe del CENIF de la Policía Nacional descarta que lo ocurrido fuera espontáneo y apunta a una planificación previa y táctica de las fuerzas marroquíes.
El documento policial habla de una planificación «previa» y «táctica» y descarta que lo ocurrido fuera «espontáneo». Los investigadores describen a uniformados marroquíes que habrían dado «indicaciones a las personas que cruzaron irregularmente la frontera para superar obstáculos». Señalan también la presencia de «agentes dinamizadores» sin uniforme, «de complexión fuerte o atlética», cuya conducta «no encaja con la dinámica de comportamiento de la masa». Son conclusiones policiales que tendrán que contrastarse con el resto de diligencias.
La vertiente española de la investigación
La instrucción mira también a este lado de la frontera. El auto ya planteaba analizar las medidas adoptadas por las autoridades españolas, los medios de respuesta disponibles y las alertas recibidas antes de los hechos. Tardón ha asumido la investigación abierta en un juzgado de Ceuta contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, por su actuación durante la entrada masiva. La Fiscalía respalda esa petición.
El presidente ceutí ya anticipó en varias entrevistas televisivas que informará a la jueza de todas las llamadas y alertas que dirigió al Gobierno central en los días previos. Vivas se presenta como el primer interesado en saber quién está detrás de lo que calificó como una «agresión a la integridad territorial». No oculta su convicción de que el responsable es Marruecos, si bien se trata de su posición y no de un hecho acreditado en la causa.
La declaración de Sanz se presenta como la más delicada. Dimitió hace semanas, cuando trascendió que había recibido mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por WhatsApp y que mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio el 29 de julio, un día antes de los hechos. Qué se dijo en esa llamada no ha trascendido. La ciudad de Ceuta ya está personada como acusación particular, condición que la magistrada le concedió al considerarla «víctima directa e inmediata»; el Estado la obtuvo antes a través de la Abogacía del Estado. La acusación popular la ejercen Iustitia Europa y Hazte Oír, cuya denuncia originó la causa, junto a Vox y al PP.
El contexto institucional
La causa de Ceuta se enmarca en un fenómeno que la propia instructora describe como organizado y supraterritorial. El auto sitúa la avalancha en los métodos propios de la «guerra híbrida» o «zona gris», un enfoque que traslada el análisis al terreno de la seguridad del Estado. Esa calificación es la que justifica la competencia de la Audiencia Nacional y la que convierte el caso en una pieza de referencia sobre la instrumentalización de flujos migratorios como herramienta de presión geopolítica.
Las cifras de la causa sitúan los hechos entre los episodios más graves registrados en la frontera española. La instrucción parte de al menos 83 fallecidos en la parte española del Tarajal y de hasta 140 muertes en el intento de alcanzar Ceuta por mar. Sobre esos números trabaja el informe del CENIF de la Policía Nacional, que descarta la espontaneidad y apunta a una dirección organizada. La investigación judicial avanza en paralelo al trabajo técnico de los servicios de información, que han puesto el foco en la planificación previa y en la actuación coordinada de las fuerzas marroquíes.
El calendario de la instrucción continúa abierto. Tras las testificales de esta semana, la magistrada deberá contrastar las conclusiones policiales del CENIF con el resto de diligencias. No hay, por ahora, imputación concreta a nadie y la calificación del auto es «totalmente provisional», de modo que cualquier conclusión sobre responsabilidades queda pendiente de la resolución judicial. La causa se convierte, en todo caso, en una prueba de la capacidad del sistema judicial y de los cuerpos de seguridad para reconstruir lo ocurrido en la frontera.
