EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias no designará representantes para el triaje de menores migrantes en los CATE y reclama que el Estado asuma la identificación.
- ¿Quién está detrás? La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, frente a la Delegación del Gobierno en Canarias, con Anselmo Pestana al frente.
- ¿Qué impacto tiene? La comunidad no tutelará a menores sin triaje previo y llevará el reparto competencial a la bilateral del 26 de agosto.
El Gobierno de Canarias rechaza participar en el triaje de menores migrantes y exige al Estado asumir la identificación de edad.
El choque competencial entre Canarias y el Estado
La decisión llega después de que la Delegación del Gobierno en Canarias pidiera a la comunidad autónoma designar representantes para los procedimientos en los Centros de Atención Temporal de Migrantes (CATE). El delegado, Anselmo Pestana, defendió el pasado 24 de julio que el Pacto Europeo de Migración y Asilo exige una persona que vele por el interés superior del menor y que esa función no puede recaer en los agentes policiales responsables del centro.
Candelaria Delgado sostiene que esa responsabilidad no convierte a Canarias en competente. “El Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que el competente para hacer el triaje es el competente en la entrada al país. La entrada al país, la frontera, es competencia del Estado”, ha señalado. La comunidad sí actuará una vez identificados los menores, pero exige que el triaje se realice antes de asumir su protección.
La Dirección General de Infancia mantuvo recientemente una reunión con la Delegación y con las brigadas de Extranjería para abordar el reparto de funciones. El Gobierno autonómico reclama que quede definido quién ejerce la representación legal de los menores durante el procedimiento, una cuestión que Delgado quiere cerrar en la bilateral del próximo 26 de agosto con el Ministerio de Inclusión. También ha pedido que participe el Ministerio de Juventud e Infancia.
El ejecutivo canario ha enviado ya tres cartas al Ministerio para reclamar información sobre las reformas necesarias. “Nosotros podríamos asumir competencias, sí, pero las competencias se asumen o se delegan con un documento normativo y con una ficha financiera”, ha defendido la consejera. España tiene pendiente concretar mediante su normativa interna cómo se aplicará el pacto europeo y cómo se repartirán las competencias entre el Estado y las comunidades.
La presión asistencial no cede tras el pico migratorio
El choque sobre el triaje se produce con una presión todavía elevada sobre el sistema de protección de menores. Canarias atiende actualmente a unos 2.600-2.700 menores migrantes no acompañados, según los los datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social. La comunidad llegó a tutelar a más de 5.000 menores, muy por encima de una capacidad ordinaria que entonces se situaba en 737 plazas.
Canarias no rechaza proteger a los menores: rechaza asumir una función de control fronterizo sin respaldo normativo ni financiero.
El archipiélago continúa declarado en situación de contingencia migratoria, una condición que el Gobierno autonómico defiende mantener pese a la reducción de la ocupación. En los últimos meses ha cerrado y reorganizado recursos: en abril cerró el centro de Mácher, en Lanzarote, y en julio los de Ayagaures y Ancor, en Fuerteventura. Actualmente dispone de 86 centros de acogida.
Esa misma posición explica el rechazo de Canarias a participar en la acogida obligatoria de los menores llegados a Ceuta. La distribución se articula mediante la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que fija la reubicación en un máximo de 15 días de los menores que llegan a territorios declarados en contingencia. Mientras rechaza recibir nuevos menores de la ciudad autónoma, el Ejecutivo sí respaldará en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para financiar su atención.
El Pulso Territorial
El desencuentro competencial se enmarca en un gobierno autonómico de Coalición Canaria y PP presidido por Fernando Clavijo. La migración se ha convertido en el principal campo de fricción con la Administración central, y la consejera Delgado utiliza el reparto de funciones para reclamar claridad normativa y financiera. En Ceuta, el Ministerio de Juventud e Infancia ha registrado ya 1.342 menores, con el proceso de filiación todavía abierto.
La lectura territorial es clara: Canarias se niega a asumir nuevas responsabilidades si no se reforma antes la normativa estatal. El precedente del pico de más de 5.000 menores tutelados explica la resistencia del Ejecutivo autonómico. La bilateral del 26 de agosto y la concreción del pacto europeo marcarán el alcance real de este pulso. Si el Estado no define la representación legal en el triaje, la comunidad mantendrá su negativa y cada llegada abrirá el mismo conflicto.
Ficha Autonómica
- El caso: Canarias se desmarca del triaje de menores migrantes en los CATE y reclama que la identificación de edad sea asumida por el Estado, al considerarlo control fronterizo.
- Datos importantes: 2.600-2.700 menores atendidos, 86 centros de acogida, pico superior a 5.000 tutelados, capacidad ordinaria de 737 plazas y 25 millones de euros de transferencia a Ceuta.
- Resumen: El Gobierno autonómico no designará representantes y llevará el reparto de competencias a la reunión bilateral del 26 de agosto, pendiente de la normativa que desarrolle el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
