La Fiscalía de la Comunidad Valenciana ha abierto diligencias de investigación preprocesal y ha designado un fiscal instructor para aclarar la supuesta filtración de información judicial de la que presumió David Muñoz, diputado de Vox en las Corts Valencianes.
A raíz de una denuncia del PSPV, la Fiscalía Provincial incoó un expediente gubernativo y, tras analizar las competencias, lo trasladó a la Fiscalía autonómica, que ha asumido la instrucción del caso. La conversación de receso se convirtió en el centro de la investigación.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía valenciana investiga la supuesta filtración de información privilegiada a David Muñoz, diputado de Vox, tras una denuncia del PSPV.
- ¿Quién está detrás? La Fiscalía de la Comunidad Valenciana ha designado un fiscal instructor; el PSPV aportó la grabación y Compromís acudió a la inspección de la Fiscalía General del Estado.
- ¿Qué impacto tiene? Pone bajo lupa la relación de cargos electos con el Ministerio Fiscal y alimenta el debate sobre el uso partidista de datos judiciales.
Una conversación captada por un micro abierto en las Corts
Durante un receso de la comisión, David Muñoz conversó con su compañero de partido Jesús Albiol sin advertir que los micrófonos seguían abiertos. “¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Lo sé porque me lo ha dicho la fiscal”, se escuchó decir al diputado de Vox. La escena se retransmitió por el canal institucional de la Cámara.
En su intervención, el diputado había hablado de una trama contra la trata con fines de explotación laboral desmantelada en Nules y había vinculado la llamada “concentración demográfica” con el crimen organizado. Cuando un parlamentario de Compromís preguntó quiénes eran los principales beneficiarios, Muñoz respondió que “todos pakistaníes” y que estaban “todos en proceso de regularización por las instrucciones del Gobierno de España”.
La presidenta de las Corts, Llanos Massó, aseguró después que la frase era una broma y que la información sobre la nacionalidad la había facilitado la Guardia Civil. Sin embargo, el comunicado oficial de la operación no recogía referencia alguna al proceso de regularización: señalaba que las víctimas carecían de documentación y que los detenidos estaban acusados de favorecer la inmigración irregular. La versión institucional y la del diputado no coinciden.
Un micro abierto convirtió una conversación de receso en la prueba de una supuesta filtración judicial con recorrido penal.
La Fiscalía entra y Vox intenta rebajar la gravedad
El PSPV depositó la grabación ante la Fiscalía Provincial sin apuntar a nadie. “Nos pareció muy grave”, señaló el portavoz socialista José Muñoz, que ha desvelado la apertura de las diligencias. La Fiscalía Provincial abrió un expediente gubernativo y lo remitió a la Fiscalía de la Comunidad Valenciana al considerar que la competencia correspondía al órgano autonómico.
Mientras tanto, Compromís presentó un escrito ante la inspección de la Fiscalía General del Estado. Ese órgano también ha incoado un expediente gubernativo, un trámite de análisis previo para valorar si cabe abrir un expediente sancionador. La decisión eleva el caso al tablero estatal del Ministerio Fiscal.
El Escenario Valenciano
El caso tensa aún más la política valenciana y deja una foto incómoda para Vox. No solo porque un diputado presumiera de datos judiciales privilegiados, sino porque la presidenta de las Corts, también de Vox, haya tenido que salir a explicar que era una broma. A la espera de lo que determine la Fiscalía, el PP mantiene el pacto de gobierno con Vox, pero el episodio alimenta el discurso de la oposición sobre los límites del socio en las instituciones.
La dimensión nacional es evidente: la Fiscalía General del Estado ya ha abierto su propio expediente y la frase de Muñoz sobre “las instrucciones del Gobierno de España” en materia de regularización conecta el caso con el debate migratorio que recorre todo el país. De confirmarse la filtración, no solo habría un problema deontológico en la Fiscalía valenciana, sino un argumento más en la batalla política por el control de los datos judiciales. La batalla por los datos judiciales se juega ya en clave estatal.
Lo que viene a continuación son los tiempos de la instrucción. La Fiscalía no ha anunciado plazos, pero cualquier hallazgo sobre el origen concreto de la información podría forzar explicaciones públicas en las Corts y abrir un frente nuevo en la ya tensa relación entre las instituciones valencianas, la oposición y el Ministerio Fiscal.
Ficha del Caso
- El caso: La Fiscalía valenciana investiga la supuesta filtración de información judicial a un diputado de Vox, que presumió en las Corts de haber recibido datos privilegiados de una fiscal.
- Datos importantes: El PSPV aportó la grabación de la sesión; la Fiscalía autonómica ha designado un fiscal instructor; la Fiscalía General del Estado mantiene un expediente gubernativo por el escrito de Compromís.
- Resumen: La filtración, de confirmarse, comprometería la deontología judicial y tensaría aún más la política valenciana y el discurso migratorio nacional.
