Asociaciones judiciales valoran la posibilidad de acudir tanto el Tribunal Constitucional (TC) como a la Comisión Europea y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para combatir una eventual reforma legal impulsada por el Gobierno para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y desbloquear así su renovación, pendiente desde hace casi dos años.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó el pasado viernes que el Ejecutivo está estudiando vías para cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para sortear el «bloqueo» del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Si el principal partido de la oposición cada vez que pierde las elecciones bloquea hasta que gana de nuevo las elecciones, entiendo que el legislador tendrá que tomar una decisión», dijo tras el Consejo Europeo en Bruselas.
Las asociaciones judiciales consultadas por Europa Press se han mostrado expectantes, ya que aún no se sabe el sentido en el que iría la reforma legal. Actualmente, los veinte vocales del CGPJ son designados por las Cortes Generales. Cada una elige –por mayoría de tres quintos de sus miembros– a diez vocales: cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial.
El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, ha considerado que una eventual modificación de la LOPJ para reducir la mayoría por la que Congreso y Senado designan a los miembros del CGPJ sería «radicalmente inconstitucional» porque vulneraría el artículo 122 de la Constitución, que establece la mayoría de tres quintos para los ocho vocales que no son del turno judicial.
En la misma línea, la portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, ha estimado que una reforma así vulneraría el artículo 122, no solo porque hace mención expresa a la mayoría reforzada, sino porque con ella se busca «un consenso generalizado en las Cámaras sobre la elección de esas personas». «Y una mayoría absoluta permitiría que un solo partido controle el órgano de gobierno de los jueces ahora o en el futuro», ha explicado.
Almenar y Rodríguez han coincidido en que eso conllevaría «una mayor politización del CGPJ» y que, en cualquier caso, «afectaría gravemente a la imagen de independencia de la justicia». «Va en sentido contrario de lo que estamos pidiendo las asociaciones de jueces», ha apostillado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, pronunciándose en el mismo sentido que sus dos colegas.
RESPUESTA NACIONAL E INTERNACIONAL
En consecuencia, las tres asociaciones han avanzado a Europa Press que, si la reforma se llega a materializar y lo hace en dicho sentido, responderán. «Con toda seguridad, acudiremos a los instrumentos e instituciones que sea necesario en defensa de la independencia del CGPJ», ha aseverado el presidente de la APM, la asociación mayoritaria en el estamento judicial.
Almenar ha señalado dos vías. Por un lado, la vía nacional mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, entendiendo que tanto los jueces como sus asociaciones estarían legitimados. Rodríguez no ve tan clara esa legitimación pero cree igualmente que acabará en el TC a través de «algún grupo parlamentario», aunque teme que, como ya pasó en los años 80, no tenga en cuenta la «interpretación sistémica, histórica y teleológica» del artículo 122.
A este respecto, la portavoz del FJI ha advertido del «peligro» de que se profundice en «un reparto proporcional de los puestos a designar en el CGPJ en función de las fuerzas de cada uno de los grupos parlamentarios en las distintas cámaras, que es lo que ha venido pasando sistemáticamente a lo largo de todos estos años, que no se ha respetado el espíritu del 122».
La otra vía, según ha explicado Almenar, sería la internacional, donde cabría denunciar ante la Comisión Europea, que «debe velar por el respeto a las normas básicas del Estado de Derecho en todos y cada uno de los países de la UE». Rodríguez ha recordado que Polonia ya está en «el punto de mira» del Ejecutivo comunitario por su reforma judicial.
También en la arena internacional, la APM y el FJI han mencionado la posibilidad de acudir al TEDH para denunciar un incumplimiento del artículo 6 del Convenio Europeo de Derecho Humanos, que recoge el derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser oído por «un tribunal independiente e imparcial establecido por ley».
Rodríguez ha recordado que el Consejo de Europa ya ha manifestado, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que ni siquiera el actual sistema de elección de vocales en el CGPJ cumple las exigencias europeas en cuanto a la independencia judicial porque «es un órgano de procedencia política».
La Comisión Europea también ha abordado la situación del Poder Judicial en España, en su primer informe sobre el Estado de Derecho en los 27, que se espera que se publique este miércoles. En concreto, se hace eco de la no renovación del CGPJ, entre otras cosas.
Desde la AJFV, han asegurado asimismo que, una vez concretada la reforma de la LOPJ, estudiarán cuáles son los «mecanismos» a su alcance para intentar evitar que se materialice este cambio legal, que sería «muy grave». En concreto, Fernández Vaquero ha aclarado que «eso pasa por estudiar la adecuación a la Constitución y a las reglas del Estado de Derecho, tal y como las interpretan la Comisión y el TJUE». «Todas las vías están abiertas», ha aseverado.
UNA REFORMA «LÓGICA» CONTRA UN BLOQUEO «INDEFINIDO»
La portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ascensión Martín, se ha desmarcado de las otras tres asociaciones al manifestar que, si bien «la primera solución debe ser la renovación del CGPJ con la ley actual», es «lógico» que ante un bloqueo que puede ser «indefinido» se valore un cambio legal para resolverlo.
«Nosotros apostamos por la renovación antes que cambiar las leyes, por intentar que los políticos lleguen a un acuerdo, que el partido que lo está bloqueando cambie de actitud y que antes de final de año se cambien las instituciones», ha defendido.
Sin embargo, ha continuado, «si esto se alarga es lógico que el Gobierno trate de paliar esta situación, y frente a la ley solamente cabe una reforma legal». «¿Hasta cuándo se puede esperar?», ha cuestionado, haciendo hincapié en que el CGPJ lleva en situación de interinidad casi dos años. «Es una situación insostenible», ha lamentado.
