El vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha cambiado mucho su forma de ver las cosas. Ha madurado, dirán algunos. Del piso de Vallecas al chalet de Galapagar, de los tres salarios mínimos a una cifra incierta y de machacar a quienes disfrutaban de su condición de aforado a librarse de una imputación gracias a ella. Cambios que llaman la atención de la hemeroteca, pues quién no recuerda cuando el líder de la formación morada quiso en 2018 suprimir la condición de todos los aforados, incluido al Rey. Pero ahora es otro cantar.
El magistrado Manuel García Castellón, que instruye el caso Dina (una pieza separada de toda la maraña que envuelve el caso Villarejo), ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. No ha podido imputarle él porque Iglesias, al ser diputado y miembro del ejecutivo, disfruta de la condición de aforado y solo puede juzgarle el Supremo. Sobre el papel, Iglesias debería sentarse en el banquillo, pues el magistrado que investiga su caso así lo considera. Sin embargo, es probable que el vicepresidente del Gobierno se libre de esta foto gracias a su condición de aforado, la misma que ha guerreado por eliminarla de España desde que irrumpió en el panorama político.
«Desde luego no vamos a apoyar una medida que deje fuera del control democrático a la Monarquía», sentenciaba Iglesias en una rueda de prensa en septiembre de 2018 tras ser preguntado por el anteproyecto de reforma constitucional que tenía previsto aprobar el Ejecutivo ese viernes en el Consejo de Ministros. Este proyecto no era otro que eliminar la condición de aforado, la misma que ahora disfruta Iglesias.
«En los actos en los que el Rey es refrendado por ministros o por el presidente del Gobierno, tiene lógica que sea irresponsable, pero en el resto de los actos es inexplicable en democracia, en el siglo XXI, que esto siga ocurriendo. Esperamos que el Gobierno lo reconsidere. Si no, no podrá contar con nuestro apoyo», comentaba entonces. Ahora imaginamos que el discurso será sensiblemente distinto.
La petición del juez al Supremo se produce semanas después de que la Sala de lo Penal le devolviera a Iglesias su condición de perjudicado en el caso. Según el magistrado, Iglesias no era parte perjudicada del presunto robo de un teléfono móvil a una de sus exasesoras. El hecho de que el político tuviera acceso al contenido de la tarjeta y decidiera esconderlo durante meses hizo saltar las alarmas en el juzgado, y más cuando Iglesias dio sus poco convincentes explicaciones. A todo esto hay que añadir que la tarjeta que contenía la información del teléfono móvil estaba destruida, o al menos no se podía acceder al contenido.
Iglesias fue inteligente y eliminó del código ético de Podemos el que un cargo público del partido tuviera que dimitir en caso de ser imputado. Muy oportuno aunque eso no borra la hemeroteca. Desde la oposición, las conversaciones son todas idénticas: «¿Qué habría hecho Iglesias si en su misma situación se encontrara un dirigente del Partido Popular?», comentan. Pues la mayoría lo tiene claro, pero ahora la cosa cambia.
Aún no se sabe qué decidirá el Supremo, pero Iglesias se ve en una situación comprometida a pesar de que el presidente del Gobierno le haya mostrado su incondicional apoyo. Cierran filas, pero no por mucho tiempo. Ya adelantó este medio que lo que realmente preocupaba en Podemos era el caso Dina, y no las declaraciones del exabogado de la formación José Manuel Calvente. Y de momento, todos los pronósticos del partido se han cumplido a rajatabla.
