El Ministerio de Justicia ha hecho balance del primer año de Juan Carlos Campo al frente del departamento y ha destacado las medidas implementadas para hacer frente a la pandemia de coronavirus o el cumplimiento de los objetivos marcados y compromisos adquiridos en este periodo como impulsar la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para otorgar a los fiscales la dirección de las instrucciones penales.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia subraya que con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Anteproyecto de la nueva LECrim, así como con el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía Europea, se ha avanzado hacia el fortalecimiento del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea.
Según explica, con la reforma del proceso penal, impulsada por ambas normas, se cumple con el objetivo de armonizar el sistema español con el de los países del entorno, donde la investigación está al cargo del fiscal, así como incorporar al ordenamiento jurídico la nueva figura del fiscal europeo.
La nueva LECrim supondrá la transformación integral del proceso penal, «más acorde y totalmente coherente con la arquitectura del Estado de Derecho que establece nuestra Carta Magna», señala el Ministerio. Para ello incorpora herramientas para la lucha contra la criminalidad y reforzará las garantías de los intervinientes en el proceso penal.
Así, en julio la Cortes ya aprobaron una primera modificación en uno de sus artículos, el 324, por el que se amplían los plazos máximos de las instrucciones de las causas penales de seis a 12 meses. Esta reforma, una de las primeras que impulsó Justicia, supone un «elemento destacado de la lucha contra la impunidad y la corrupción», afirma el departamento que dirige Campo.
MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA
Además de la actividad legislativa, el Ministerio ha tenido que hacer frente a las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria, por la que sacó adelante la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la pandemia en el ámbito de la Administración de Justicia, planes de choque para evitar el colapso de los juzgados y tribunales, así como el impulso del trabajo deslocalizado e inmediación digital.
En esta línea, según recoge la ley de medidas procesales, se han creado 33 unidades judiciales para contribuir a la agilización y reactivación de la actividad judicial ordinaria alterada por la pandemia.
A ello se suma el impulso de la convocatoria de 540 plazas de empleo público para jueces y fiscales, destinadas a la sustitución paulatina de empleo temporal y a la cobertura de las necesidades de la Administración de Justicia.
JUSTICIA 2030
Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha el proyecto ‘estrella’ de Campo: el plan ‘Justicia 2030’ para la transformación del Servicio Público de Justicia.
Tal y como ha defendido el ministro en distintas intervenciones públicas, se trata de un plan que se basa en el diálogo, la transparencia y la cogobernanza con el objetivo de hacer la Justicia un servicio público «más accesible y eficiente».
Asimismo, se ha constituido un grupo de trabajo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para iniciar el despliegue de la Nueva Oficina de Justicia en el municipio, y se está trabajando en una reforma parcial de la Ley del Registro Civil.
También, dentro de Justicia 2030 y con este mismo objetivo de vertebración del sistema de Justicia en el territorio, se ha consolidado el proyecto de expediente judicial digital, seguro y accesible.
Por último, el pasado 15 de diciembre el Consejo de Ministro aprobó el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que contiene un eje de medidas para la transformación digital, en el que se incluyen los juicios telemáticos.
RETOS PARA EL 2021
Con todo ello, el Ministerio de Justicia se marca los retos para el 2021, entre los que se encuentra la modificación del Código Penal para la incorporación de directivas comunitarias o para incluir la reforma de los delitos de sedición y rebelión, que tratan de «acomodarse» al derecho comparado de la Unión Europea.
Entre los trabajos previstos también se encuentra la actualización de tipos penales para potenciar la lucha contra nuevas formas de criminalidad, como la ciberdelincuencia, los delitos de odio o el maltrato animal. Igualmente, se continuará con la tramitación de la reforma del delito de proxenetismo, incluido en el anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad Sexual, subraya el Ministerio.
El acceso a la Justicia de grupos vulnerables es otro de los compromisos del Ministerio que dirige Campo. En este sentido, ya se ha avanzado con varios anteproyectos de ley, como el de Discapacidad y el de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).
