La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha arrancado este lunes el juicio por el presunto pago de las reformas de la sede nacional del PP con dinero procedente de la caja ‘b’ del PP, por el que el extesorero del partido Luis Bárcenas se enfrenta a otros años de prisión.
La sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de (Henares) recibe de nuevo a Bárcenas, quien entre desde octubre de 2016 hasta noviembre del año siguiente fue juzgado por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), causa por la que se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 29 años y un mes.
El extesorero y ex senador del PP ha llegado a la sede judicial pasadas las 8.15 horas, en un furgón policial con el que ha sido trasladado desde el centro penitenciario de Soto del Real en el que se encuentra desde mayo de 2018.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para él por esta causa cinco años de prisión por los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal, una pena mucho más baja que las que solicitan las acusaciones populares, como Izquierda Unida que pide 19 años y siete meses.
A las puertas de la Audiencia Nacional, una decena de medios de comunicación esperaban la llegada de Bárcenas, así como la de los otros cuatro acusados y sus abogados, salvo el que fuera gerente de la formación política Cristóbal Páez, que ha seguido la primera jornada del juicio a través de videoconferencia desde su domicilio tras comunicar su positivo en covid.
El tribunal presidido por el magistrado José Antonio Mora Alarcón ha iniciado la vista oral pasadas las 10.00 horas, dando comienzo a que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, las cuatro acusaciones populares –PSOE, Izquierda Unida, Adade y Observatori Desc– y las defensas realicen las alegaciones que consideren oportunas durante las cuestiones previas antes de proceder al interrogatorio de los acusados.
Bárcenas se sienta en la primera fila del banquillo de los acusados. La fila de atrás está ocupada por los también acusados el responsable de Unifica, Gonzalo Urquijo, su socia Belén García y la empleada de esta empresa Laura Montero, que guardan las distancias de seguridad.
Además de la pena de prisión interesada para Bárcenas, la Fiscalía solicita para Cristóbal Páez un año y medio de cárcel por los mismos delitos que el extesorero del PP salvo el de apropiación indebida.
En cuanto a Gonzalo Urquijo y Belén García, el Ministerio Público pide tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública. No obstante para Laura Montero, interesa el sobreseimiento de la causa, en contra de la acusación que mantienen las acusaciones populares.
En cuanto al PP, volverá a estar frente al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como ocurrió por la primera época de la trama Gürtel, donde fue condenado como partícipe a título lucrativo, pero esta vez como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados.
Para la acusación pública, representada por el fiscal Antonio Romeral, el partido no cometió un delito fiscal al no declarar las donaciones correspondientes al año 2008 e incluirlas en su contabilidad b, si bien sí considera que es «responsable civil subsidiario» de los delitos que habrían cometido sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta –cuya presunta responsabilidad se archivó por «demencia sobrevenida» dos años antes de fallecer– por pagar presuntamente en negro las obras de su sede.
En su escrito provisional de acusación, señala que durante el tiempo que estuvieron al frente de la Tesorería del PP, Bárcenas, como gerente, y Lapuerta, como tesorero, gestionaron «fondos en metálico aportados por donantes» de los que «no se dejó constancia en la contabilidad que la formación política presentaba al Tribunal de Cuentas».
En este sentido, el fiscal Antonio Romeral apunta que sólo una parte de los ingresos «accedieron a la contabilidad del partido a través de las cuentas de donativos anónimos, y nominativos en un caso, mediante ingresos en efectivo que nunca superaban los límites establecidos en la ley de financiación vigente en cada momento».
Explica el fiscal que «el control de los ingresos procedentes de las anteriores donaciones así como de los gastos se llevaba en unas hojas a modo de contabilidad paralela –contabilidad B– que cumplimentaba Luis Bárcenas y supervisaba Álvaro Lapuerta».
El dinero entraba «siempre en efectivo y ajeno a todo el control del departamento de contabilidad y del cajero del partido», se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Bárcenas, añade. Así, en 2007, en concreto, constan unos ingresos de 542.000 euros y en 2008 de 1,1 millones, apunta el escrito de acusación.
En cuanto al pago de la remodelación de la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid, el representante del Ministerio Público eleva a 1,5 millones de euros el dinero negro abonado a Unifica para estas obras. En concreto, cifra en 664.000 euros la partida que fue destinada al estudio de arquitectura en el ejercicio de 2006 y en 888.000 euros el pago efectuado en 2008.
Según el fiscal, Bárcenas y Lapuerta negociaron con el arquitecto Gonzalo Urquijo realizar parte del pago con el dinero de la caja ‘b’, algo que conocía Cristóbal Páez y que tenía por finalidad «dar salida a dichos fondos y obtener un descuento del 8 o 10 por ciento en la parte de obra satisfecha con los mismos, como reparto del ahorro fiscal que ambas partes obtenían al ocultarlos a la Hacienda Pública».
Para «simular» el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, elaboraron certificaciones de obras, facturas y proyectos omitiendo y haciendo constar datos que «no se correspondían con la realidad de los hechos». «Estos pagos no se contabilizaron ni declararon a la Hacienda Pública por ninguna de las partes», concluye el fiscal.
Por otro lado, Anticorrupción también atribuye un delito de apropiación indebida a Bárcenas, al entender que, en 2004, acordó con Lapuerta incorporar al patrimonio de éste un total de 209.550 euros del PP, a través de la suscripción de 1.270 acciones de Libertad Digital para cubrir una ampliación de capital de la compañía.
Para ello, Bárcenas extrajo 139.700 euros de la caja fuerte de la formación política en octubre y entregó el dinero al que fuera su jefe, que vendió los títulos a un precio de 209.550 euros el 20 de marzo de 2007 sin reponerlos a la presunta caja ‘b’.
