Dos juzgados de vigilancia penitenciaria de Cataluña valorarán el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado de los presos del 1-O, así como la petición de dar efectos suspensivos al recurso –suspender la semilibertad sin esperar a la decisión final sobre el asunto tras valorar los argumentos de cada parte–.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1, con competencias sobre Puig de les Basses (Girona) y Wad-Ras (Barcelona) decidirá sobre Dolors Bassa y Carme Forcadell, mientras que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5, con competencias sobre Lledoners (Barcelona), lo hará sobre Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
En verano, cuando la Generalitat concedió por primera vez el tercer grado a los presos del 1-O, la jueza de vigilancia de Lledoners aceptó dar efectos suspensivos al recurso del fiscal al recibirlo, de manera que los presos en esa cárcel regresaron al régimen ordinario unos días después de lograr la semilibertad.
A pesar de que la magistrada rechazó después el recurso de la Fiscalía –avalando la progresión a tercer grado–, mantuvo la suspensión a la espera de la decisión final del Tribunal Supremo (TS), que en última instancia revocó la semilibertad para todos los presos del 1-O.
En cambio, el juez que debía decidir sobre Bassa y Forcadell mantuvo vigente la semilibertad hasta que se pronunció el Supremo, por lo que ambas pasaron todo el verano en tercer grado.
Con esta segunda progresión a tercer grado, de nuevo los juzgados de vigilancia penitenciaria decidirán primero si suspenden la semilibertad de manera provisional, tal como pide la Fiscalía cautelarmente, y después si tumban o no la semilibertad, si bien la decisión final, si el Ministerio Público recurre de nuevo, la tendrá el tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo.
PIDE NO DILATAR LA VUELTA A PRISIÓN
En los recursos presentados este lunes, la Fiscalía ha extendido en hasta tres páginas su argumentación al pedir los efectos suspensivos, con la intención de impedir que vuelva a darse la misma situación que con Bassa y Forcadell en verano, lo que a su parecer supondría «un no acatamiento» de la sentencia.
Así, argumenta que los efectos suspensivos que la ley prevé para las decisiones judiciales deben extenderse también a las resoluciones administrativas, en este caso, la concesión del tercer grado que ha hecho la Generalitat, y sobre la que los jueces aún no se han pronunciado.
Reclama que interpretar lo contrario sería incompatible en causas con riesgo de fuga, porque «el excarcelado tendría tiempo de sobra para huir» y haría ineficaz el recurso; y añade que, si el recurso del fiscal puede suspender un auto judicial, también debe poder suspender una resolución administrativa sujeta a la decisión del juez.
