La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles, con 15 votos a favor y 21 en contra, una Proposición No de Ley (PNL) de Ciudadanos que reclamaba acelerar la vacunación contra la COVID-19 habilitando los festivos o los fines de semana.
Grupos como PSOE, Unidas Podemos, PNV o los nacionalistas catalanes no han apoyado esta propuesta, alegando, entre otras razones, que es competencia autonómica y que el problema de ritmo es que «no hay suficientes vacunas».
El proponente, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, ha defendido que, pese a que el ritmo de vacunación en España «está por encima de la media europeo, sigue por debajo en cuanto a otros países que lo están haciendo francamente bien, como Israel». «Esos son los objetivos que tendríamos que perseguir. Pero se nos antoja difícil, porque tendríamos que estar poniendo un millón de dosis a al semana», ha argumentado.
La PNL recogía algunas medidas como «introducir el principio 24/7», es decir, vacunar «también en festivos y fines de semana, las 24 horas del día, hasta que estén vacunadas todas las personas mayores de 59 años y también aquellas con factores de riesgo».
Para evitar la sobrecarga de trabajo en los profesionales sanitarios, Ciudadanos ha reclamado que puedan vacunar los odontólogos, farmacéuticos, veterinarios y personal de las Fuerzas Armadas para «aumentar enormemente los puntos de vacunación».
Igualmente, pedían «habilitar polideportivos y otros espacios amplios como centros de vacunación masivos», así como en los coches, donde «se necesitan menos medios materiales». En el mismo sentido, el diputado popular Juan Antonio Callejas ha reclamado que el Gobierno «lidere un plan único y real». «Vacunar a toda la población lo antes posible debería ser el objetivo primordial del Gobierno», ha añadido al respecto.
Elvira Ramón Utrabo, del PSOE, ha recordado que la competencia última del plan de vacunación es «responsabilidad de las comunidades autónomas», en la misma línea que han expresado las diputadas Josune Gorospe (PNV) o Concepció Cañadell (PDeCAT).
Junto a esto, Ramón Ultrabo ha esgrimido que España «está en términos absolutos y relativos entre los primeros en vacunación». «Y no va a crecer linealmente, sino por la disponibilidad de dosis», ha agregado. «El problema es que tenemos pocas vacunas. Su PNL solo va a favorecer la mal llamada colaboración público-privada», ha sostenido también Rosa María Medel Pérez, de Unidas Podemos.
RECHAZO A EXIMIR DE IVA A TEST, GELES Y VACUNAS
Por otra parte, la Comisión de Sanidad y Consumo ha rechazado, al igual que la semana pasada, una PNL para que «excepcionalmente» y mientras dure la pandemia, el IVA aplicable a los test de autodiagnóstico, geles hidroalcohólicos y vacunas sea del 0 por ciento, dado que «se consideran pruebas diagnósticas, productos y medicamentos, de interés relevante en la prevención del contagio por coronavirus».
«Todo lo que gastemos en prevención nos lo estamos ahorrando en asistencia. Invertir en prevención es invertir en salud. Llevamos desde el 14 de marzo de 2020 insistiendo en que se eliminara el IVA de todos los productos que sirvan para prevenir los contagios», ha defendido la proponente, Carmen Riolobos, del PP.
La diputada popular ha calificado de «barbaridad» que las mascarillas FFP2 y FFP3 sigan teniendo un IVA del 21 por ciento. En este sentido, ha cargado contra el «afán recaudador» del Gobierno de Pedro Sánchez, pese a la insistencia de la oposición en que estén exentas de este impuesto.
Josune Gorospe, del PNV, ha recordado que «este tipo de productos están exentos de IVA cuando llegan a centros sanitarios, que es lo que debe importar». María Márquez Guerrero, de Unidas Podemos, ha reivindicado que «los impuestos son buenos»: «Los necesitamos para sostener y ampliar el Estado de Bienestar».
Josefa Andrés Barea, del PSOE, ha lamentado que es «la cuarta vez que se debate este tema en la Comisión». Al igual que han argumentado los socialistas en anteriores comisiones, la diputada ha justificado que la eliminación del IVA en mascarillas quirúrgicas supondría un ahorro de apenas dos céntimos por unidad, unos 60 al mes, para cada ciudadano. Asimismo, ha insistido en que los test de antígenos «ya están exentos de IVA».
