Catalunya cerró 2025 con 50.378 personas en lista de espera de dependencia pese a destinar 2.465,9 millones de euros al sistema. La cifra, recogida en la Memoria socioeconómica y laboral de 2025 del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), confirma una contradicción que define la política social catalana: nunca se ha gastado tanto para atender la dependencia y nunca ha habido tanta gente esperando.
El documento, publicado este miércoles, compara la situación del sistema con la de 2015. En una década, el número de beneficiarios ha pasado de 142.474 a 249.063 personas, un incremento del 74,8%. El sistema bate récord de atención, pero no logra absorber la demanda.
La partida destinada a la promoción de la autonomía personal también ha crecido: de 2.261,6 millones en 2015 a 2.465,9 millones en 2025. En total, 204,3 millones adicionales en una década. Solo entre 2021 y 2025, el presupuesto ha aumentado en 678,2 millones, un 37,9% más.
Más presupuesto, más beneficiarios y más espera
Hay más dinero, más expedientes y más dependientes reconocidos. Pero la lista de espera no para de crecer.
Al cierre de 2025, había 50.378 personas en lista de espera, un 13,8% más que el año anterior. Es el dato que explica la impaciencia social y la presión sobre la Generalitat: las familias ven cómo el sistema reconoce cada vez más casos, pero la resolución efectiva de cada expediente llega tarde.
Hemos consultado el calendario de resolución: Catalunya tarda una media de 209 días en reconocer el grado de dependencia desde que se presenta la solicitud. Son 26 días más que el año anterior y casi siete meses de espera. En cambio, el tiempo entre la obtención del grado y la resolución del programa individual de atención (PIA) se ha reducido en 23 días, hasta los 73 días.
Hay más dinero, más expedientes y más dependientes reconocidos. Y aun así, la lista de espera no para de crecer.
209 días de espera: la cronología del colapso
La lectura de los plazos revela dónde se atasca el sistema. Los 209 días para resolver el grado suponen el mayor tiempo de espera desde que el CTESC recoge estos datos. La mejora en el PIA (73 días, 23 menos) demuestra que cuando el grado está resuelto, el sistema funciona con agilidad. El problema está en la primera fase: el cuello de botella administrativo.
Según el informe del CTESC, la evolución de la demanda coincide con una transformación demográfica que incluye el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento progresivo y la baja natalidad. El índice de envejecimiento de Catalunya se sitúa en el 148,4%: la población de 65 años y más supera en un 48,6% a la menor de 15 años. La esperanza de vida alcanza los 84,24 años y la tasa de dependencia global es del 49,3%.
Además, la comunidad acumula siete años consecutivos de crecimiento natural negativo, de modo que el aumento de la población se debe principalmente al saldo migratorio, según los datos de IDESCAT citados por el informe.
El reto demográfico que la Generalitat no puede aplazar
El CTESC avisa de que el envejecimiento comportará una demanda más elevada de servicios de cuidados, atención sanitaria y apoyo domiciliario, así como viviendas accesibles y servicios comunitarios. La creciente necesidad de cuidados plantea retos en conciliación, igualdad de oportunidades y cohesión social, con implicaciones directas sobre el mercado de trabajo.
Observamos una paradoja. La inversión en dependencia ha crecido un 37,9% en solo cuatro años, el número de beneficiarios se ha disparado un 74,8% en una década y, aún así, la lista de espera crece a doble dígito. La conclusión es incómoda para todos los gobiernos que han gestionado el sistema: no es solo una cuestión de presupuesto, sino de capacidad administrativa y de anticipación.
El problema viene de lejos. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal de 2006 universalizó el derecho a la atención, pero la Generalitat ha tratado la dependencia como una política sectorial y no como un vector demográfico. Diez años después, la factura es esta: más presupuesto, más beneficiarios y una cola de espera que no se reduce.
El propio CTESC defiende abordar los retos demográficos de forma transversal y anticipativa integrando las dimensiones económica, laboral, social y territorial. La Memoria plantea incorporar la perspectiva demográfica en las políticas económicas y laborales. Traducción: la dependencia no es un problema de servicios sociales, sino una variable estructural que condiciona la economía catalana.
El riesgo es evidente. Con un índice de envejecimiento del 148,4%, siete años consecutivos de crecimiento natural negativo y una demanda de cuidados que solo va a ir a más, el sistema necesita reformas de gestión, no solo ampliaciones presupuestarias. De lo contrario, la lista de espera seguirá creciendo por mucho que aumente la partida.
El próximo hito será la negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2027 en el Parlament este otoño. Ahí se comprobará si la dependencia es prioridad o solo un titular. Las familias que hoy esperan una resolución del grado lo mirarán con poca paciencia.
