EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Generalitat Valenciana ha admitido el aviso del Ministerio de Cultura del 11 de agosto sobre el refuerzo de museos, pero niega que fuera urgente y exige al Ayuntamiento de Villena las facturas de la vitrina blindada del Tesoro.
- ¿Quién está detrás? La Conselleria de Cultura, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Villena, en plena disputa tras el robo de 66 piezas arqueológicas.
- ¿Qué impacto tiene? El choque entre administraciones agrava la crisis de protección del patrimonio histórico en Alicante y tensa la relación entre la Generalitat y el Gobierno central.
El robo del Tesoro de Villena ha abierto una guerra de responsabilidades entre administraciones. La Generalitat Valenciana admite que recibió el aviso del Ministerio de Cultura, pero rechaza que fuera urgente. Y exige al Ayuntamiento de Villena que demuestre con facturas la seguridad que dijo tener.
La alerta de Europol y los avisos que no llegaron a tiempo
La Conselleria de Cultura (el departamento autonómico valenciano que equivale a un Ministerio de Cultura regional) ha señalado este miércoles al Ayuntamiento de Villena, del que depende el Museo de Villena, como «responsable de la seguridad del mismo». También ha cargado contra el Ministerio de Cultura por no comunicar la alerta de Europol sobre robos en museos hasta el viernes 28 de agosto, cuatro días después de su fecha y un día después del asalto.
La alerta de Europol advertía de la aparición de «delincuentes menos especializados y más violentos que buscan oro, joyas, piedras preciosas, y antigüedades» en museos. El Gobierno central defiende que el informe era público y accesible para cualquier institución. La Generalitat insiste en que, tras los robos del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz (25 de abril) y del Museo de Albacete (28 de julio), no había recibido ningún aviso oficial de Cultura.
El paradero de las 66 piezas arqueológicas sigue siendo la gran incógnita. Manuel Olcina, director del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), apunta a la hipótesis más dolorosa: que las piezas se hayan fundido para vender los metales, unos 12 kilogramos de oro, en lingotes. «Es algo monstruoso», admite Olcina. Los objetos únicos no pueden venderse tal cual porque serían reconocibles al instante.
La Generalitat ha ido más lejos y ha puesto al Ayuntamiento de Villena ante sus propias declaraciones. Le corresponde al consistorio acreditar que las medidas de seguridad que dijo tener eran reales y aportar las facturas de la nueva vitrina blindada y acorazada que afirmó que iba a construirse. Sobre la petición del Ministerio, la Conselleria confirma que la recibió el 11 de agosto: pedía información «a la mayor brevedad posible», pero sin especificar «ni el fin ni la urgencia».
El Ministerio de Cultura sostiene otra versión. Asegura que pidió dos veces al Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana) la información reclamada por la Policía Nacional para reforzar la seguridad de los museos, y que el Gobierno autonómico dejó sin respuesta esas peticiones antes del robo. El 11 de agosto requirió los datos a las comunidades y el 24 de agosto insistió a las que no habían contestado.
El robo de Villena no solo se mide en los 12 kilos de oro desaparecidos: mide la capacidad de tres administraciones para avisarse a tiempo.
La seguridad que se prometió y las facturas que nadie ve
La titularidad del Muvi es municipal, y en ese punto la Conselleria de Cultura se muestra tajante. La seguridad del museo depende del Ayuntamiento de Villena, no de la Generalitat ni del Ministerio. Por eso el Consell devuelve la presión hacia el consistorio alicantino y evita asumir la responsabilidad que le reclaman desde Madrid.
La exigencia de facturas no es un matiz burocrático. El Ayuntamiento aseguró horas después del robo que iba a construir una vitrina blindada y acorazada, y esa promesa es la que la Generalitat quiere ver convertida en documentos. Sin esos papeles, el relato municipal sobre la seguridad queda en declaraciones. Y en un caso con 66 piezas únicas y 12 kilos de oro, las palabras no cotizan.
El Escenario Valenciano
En la Generalitat Valenciana, gobernada por PP y Vox con Juanfran Pérez Llorca como president, el caso se ha convertido en un nuevo frente contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El Consell sitúa la responsabilidad en el Ayuntamiento de Villena y reprocha al Ministerio de Cultura una alerta que llegó tarde. El choque deja poco espacio para que PSPV y Compromís queden al margen: cualquier fallo en la cadena de avisos puede reprocharse desde las Corts.
La dimensión nacional es evidente. El Ministerio de Cultura ya había pedido a todas las comunidades un inventario de museos con un número significativo de oro, plata u otros metales preciosos, tras los asaltos de Badajoz y Albacete. Lo que ocurra en Villena servirá para medir la coordinación entre el Estado y las 17 autonomías en la protección del patrimonio. De hecho, el Gobierno central insiste en que el informe de Europol era público, un argumento que implica que la responsabilidad de leer y actuar estaba también del lado autonómico.
La próxima prueba será documental, no solo política. El Ayuntamiento de Villena debe acreditar ahora si existían contratos y facturas que respalden las medidas de seguridad anunciadas. Mientras tanto, la investigación sobre el paradero de las piezas seguirá abierta. En las Corts Valencianes, la cuestión puede escalar en cuanto los grupos registren iniciativas para aclarar la cadena de avisos.
Ficha del Caso
- El caso: El robo del Tesoro de Villena en el museo municipal de Villena, con 66 piezas arqueológicas y unos 12 kilos de oro, ha desatado un choque entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Cultura.
- Datos importantes: La alerta de Europol data del 24 de agosto y se comunicó el 28; el Ministerio pidió información el 11 y el 24 de agosto; el Muvi es de titularidad municipal.
- Resumen: La Generalitat admite el aviso, pero niega urgencia y exige facturas al Ayuntamiento; el Ministerio asegura que el Consell ignoró dos requerimientos.
