Las contradicciones de los políticos en general, del Gobierno y del presidente, Pedro Sánchez, en particular, son el pan de cada día. La última y más reciente tiene que ver con su cruzada ecológica plasmada en su utópico y lejano ‘Plan España 2050’, presentado el pasado jueves. El presidente del Gobierno se desplazó este lunes a Toledo para impulsar su propuesta ecologista y su visión de cómo quiere que sea España a mediados de este siglo.
Lo curioso y para muchos indignante es que para defender esas ideas, entre otras la de prohibir vuelos en trayectos que puedan realizarse en dos horas y media en tren, Pedro Sánchez no se privó de acudir a la capital castellano-manchega en un medio aéreo tan ecológico y habitual para cualquier español como el helicóptero. Sin duda es la forma más rápida de trasladarse de Madrid a Toledo, y no le importó la huella contaminante que deja el Super Puma 402. Sánchez iba acompañado por las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Industria, Reyes Maroto. Es habitual en el presidente estos viajes aéreos y no sólo para sus labores institucionales. Vamos a recordar otros casos.
Más casos del uso del Falcon
Los ejemplos son tan numerosos que sin duda Pedro Sánchez no sería nombrado precisamente como adalid del ecologismo, más bien lo contrario. El presidente del Gobierno ha hecho uso del Falcon para desplazamientos privados relacionados con las vacaciones familiares, como en el caso de su estancia en Doñana en verano, o en Lanzarote durante las navidades.
Estos hechos han sido siempre denunciados por la oposición. Incluso las Nuevas Generaciones del PP crearon una agencia llamada «Falcon Viajes» para denunciar lo que consideran un abuso del presidente del Ejecutivo «al utilizar de forma inapropiada los vuelos para asuntos particulares». Pero el Gobierno siempre se ha defendido y justificado estos viajes, aunque nunca ha querido hacer público en número de veces reales que Sánchez ha utilizado el Falcon o el Super Puma, alegando que esta información supone un secreto oficial según un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986.
