Asociaciones judiciales han mostrado públicamente su preocupación por la «situación de alto riesgo» que atraviesan las juezas y fiscales de Afganistán ante la llegada al poder del régimen talibán en el país.
A través de sus perfiles oficiales en redes sociales, varias asociaciones han alertado que los derechos fundamentales –especialmente los de mujeres y niñas– se encuentran en «peligro» tras los últimos acontecimientos.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter y ha mostrado su «solidaridad con las 270 mujeres juezas en Afganistán». Asimismo, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV) ha expresado su «preocupación por la toma del poder de los talibanes» y por «el peligro real e inminente para las mujeres en este país».
Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JjpD) han compartido el mensaje de los Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL) –de la que forma parte la asociación española– en el que se «insta a los actores internacionales a proteger a las mujeres (entre ellas, las juezas) que ven sus vidas en peligro por el deterioro de la situación».
La portavoz de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, ha insistido en la necesidad de respaldar a los jueces y juezas que, por su propia función jurisdiccional, son «especialmente vulnerables ante una situación de falta de libertad», dado que han tenido que condenar y encarcelar a personas que ahora podrían salir de prisión o ser exhonerados.
A la lista se ha sumado también la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que se ha pronunciado a través de Twitter para mostrar su «solidaridad y preocupación» por las mujeres de la judicatura «ante la situación de alto riesgo para su vida y su seguridad en estos momentos en Afganistán».
«MENSAJE CRÍTICO Y URGENTE»
Por su parte, la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés) ha avisado que teme por los derechos fundamentales de las mujeres y niñas en el país asiático «a medida que el talibán avanza y toma el control del país».
En un comunicado difundido en su página web y en sus redes sociales, la asociación -compuesta por más de 6.500 mujeres jueces de más de 100 países– ha llamado la atención sobre la situación en Afganistán y ha recordado que hay allí 270 profesionales de la judicatura que han enviado un «mensaje crítico y urgente a sus colegas internacionales».
RECLAMAN «MEDIDAS ESPECIALES»
La IAWJ ha subrayado los peligros a los que se enfrentan las juezas «debido a la naturaleza de su trabajo y las sentencias anteriores que han dictado en los tribunales penales, anticorrupción y de familia» y a la «probabilidad de que las personas a las que han condenado sean liberadas de la cárcel».
Así, la asociación internacional ha instado a los gobiernos a «incluir a las jueces afganas y sus familias, que se encuentran en una situación tan desesperada y precaria, en las medidas especiales extendidas a intérpretes, periodistas y otro personal que prestó servicios esenciales a las fuerzas militares extranjeras en Afganistán».
La Abogacía Española, en un comunicado emitido este lunes, dijo estar «extremadamente preocupado por el rápido deterioro de la situación de Afganistán» y pidió al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Unión Europea «que se haga un esfuerzo de generosidad en la acogida de ciudadanos que están tratando de huir del país».
