El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a que este mismo sábado contacte con él o con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, para «poner en marcha cuanto antes» el acuerdo «firmado» entre administraciones y que tiene, como último fin, la demolición del hotel situado en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
«Si puede ser mañana, mañana demolemos el Algarrobico», ha indicado el presidente andaluz a preguntas de los periodistas sobre su posición para actuar sobre el inmueble promovido por Azata del Sol y del que aún pende por parte del Ayuntamiento de Carboneras la tramitación para la nulidad de la licencia de obras concedida en 2003, que condiciona el derribo del edificio, según el último pronunciamiento efectuado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado mes de julio.
Moreno ha insistido en la «voluntad» de la Junta de recuperar el espacio que ocupa el hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones, el cual invade la zona de 100 metros de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre, lo que lo convierte en un «atentado desde el punto de vista urbanístico» ante su relación con el parque natural.
Así, el presidente ha recordado que el convenio alcanzado en el marco de la comisión mixta Junta-Estado para la demolición del hotel señala que la Administración central se ocuparía del derribo del hotel mientras que la Junta «corre con todos los gastos de recuperación y reincorporación del paisaje natural anterior a ese proyecto urbanístico», según ha detallado.
«Vamos a cumplir nuestra parte, tenemos los recursos suficientes para ponerlos en marcha», ha recalcado Moreno quien, incluso, se ha mostrado dispuesto a «poner más recursos si hiciera falta» para «demoler y recuperar el paisaje natural de un bellísimo rincón de Andalucía como es ese parque».
Cabe recordar que, en los presupuestos vigentes de la Junta de Andalucía, el Ejecutivo autonómico incluyó una partida de 1,1 millones de euros, en una única anualidad con cargo al programa de Información Ambiental y Dinamización Socioeconómica Sostenible de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, para el desescombro de la zona tras el derrumbe.
No obstante, para acceder al hotel se hacía preciso, con carácter previo, tomar posesión de las fincas sobre las que se alza en ejecución del derecho de retracto por 2,3 millones de euros que el Gobierno andaluz ejerció en 2006 y que, después, fue validado en varias sentencias judiciales.
De forma paralela, el TSJA ha concluido que hay «indicios suficientes» de que la licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento para la construcción del hotel supone una «infracción grave o muy grave» a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), por lo que procede imponer al consistorio la obligación de tramitar su revisión de oficio.
NUEVAS CONVERSACIONES CON AZATA
Ante los distintos frentes que plantea la recuperación de la zona, el presidente de la Junta ha incidido en que se han tenido nuevas conversaciones con la propietaria del hotel para «intentar facilitar un acuerdo y para evitar esa escalada de recursos contenciosos».
«El propietario sabe que eso no se va a poner nunca en explotación», ha señalado el líder del Gobierno andaluz, quien a través de su gobierno va a tratar de «arreglar los problemas del pasado» a la voz de «ya», con lo que ha urgido a la ministra para retomar contactos directos con los que intentar acelerar el proceso.
En este marco, cabe recordar además que el Tribunal Supremo instaba nuevamente en marzo de este año al Gobierno, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras a remitir mensualmente un informe respecto a las actuaciones que están llevando a cabo para restaurar la legalidad urbanística en el paraje medioambientalmente protegido y en el anexo de ‘El Canillar’, no urbanizables.
