La reforma constitucional impulsada por el Gobierno para acabar con el término ‘disminuido’ que recoge el artículo 49 de la Carta Magna se somete este jueves a su primer examen en el Pleno del Congreso, donde el PP y Vox defenderán sendas enmiendas de totalidad exigiendo la retirada de la iniciativa.
Aunque el Ejecutivo y sus aliados logren superar esa votación, la reforma ya empieza tocada porque aprobar este cambio puntual de la Constitución necesita un respaldo mínimo de tres quintos de la Cámara (210 votos) y la suma de PP y Vox ya impediría alcanzar ese listón.
Esta reforma constitucional fue impulsada por la Vicepresidencia de Carmen Calvo sobre la base de un texto de cuatro puntos que ya se había consensuado en la Cámara baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones para 2019.
El texto, además del cambio del término ‘disminuido’, propone destacar «los derechos y deberes previstos» en la Carta Magna «en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva» para este colectivo, sin que «pueda producirse discriminación»; y encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha de «políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad».
UN TEXTO QUE NO TIENE NI CALIDAD NI CONSENSO
En su enmienda de totalidad, Vox pide la retirada de la reforma alegando que la redacción planteada por el Gobierno «no es adecuada a los fines que persigue, habiendo sido declarada como ‘perturbadora’ por el propio Consejo de Estado, y carece de la calidad necesaria para ser incluida como artículo de la Carta Magna».
El PP, por su parte, argumenta que reformar la Constitución siempre exige «espíritu de sosiego y de pacto político, justamente dos elementos de los que en este momento de gravísima crisis económica y social se carecen». «Con estas premisas, la aspiración de proceder a una remodelación de la Carta Magna a día de hoy es imposible», avisa,
A su juicio, «la inoportunidad del momento es clara y va unida a la inestabilidad de un Ejecutivo débil sometido a permanentes presiones de sus socios coyunturales para garantizar su permanencia en el poder, lo que abona la posibilidad de que, si se abre el edificio constitucional a una reforma puntual, pueda abocar a intentos de voladora de toda la arquitectura constitucional mantenida por decenios de convivencia y de progreso y de bienestar para los españoles».
«ESTO NO ABRE NINGÚN MELÓN», DIJO CALVO
Cuando presentó la reforma ante el Congreso, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno quiso dejar claro que no iba a suponer la apertura de un proceso constituyente, ni «abre ningún melón» para tratar otros asuntos.
«No es en lo que estamos, no es en lo que está el Gobierno ni de lejos», afirmó, tras plantear algún grupo parlamentarios como ERC la necesidad de llevar acabo otras reformas de mayor calado, y alertar el PNV de que el debate de esta norma podrá ser usado para ponerlos sobre la mesa.
Calvo fue destituida por Pedro Sánchez en la crisis de Gobierno del pasado mes de julio, por lo que ahora la defensa la reforma constitucional correrá a cargo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ya ha reiterado su compromiso con la iniciativa.
En principio, el PSOE y Unidas Podemos no deberían tener problemas para superar la votación del jueves y rechazar las enmiendas de totalidad, pero la oposición del PP y Vox ya amenaza la tramitación y aprobación final de la reforma.
Y es que PP y Vox suman 140 diputados, a los que se pueden añadir los tres aliados ‘populares’ de Navarra y Asturias, UPN y Foro Asturias, por lo que el Gobierno ya tendría imposible llegar a ese mínimo de 210 diputados que se requiere para aprobar una reforma constitucional.
