La defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado este lunes que CENYT, su grupo empresarial, no era una organización criminal que usara medios policiales para trabajos privados, sino que daba «cobertura» a su trabajo como agente del Estado, por lo que ha denunciado que ‘Tándem’ es «una causa absolutamente loca» ideada únicamente para «destruir» al policía retirado por enemistarse con el CNI a su salida del «sistema».
Ataviado con la toga de letrado y sentado junto a su otro abogado, Antonio José García Cabrera, Villarejo había anunciado en declaraciones a la prensa a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional (AN) en San Fernando de Henares que cabía la posibilidad de que ejerciera su propia defensa, pero finalmente ha optado por dejar las cuestiones previas a su compañero.
García Cabrera ha planteado al tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo que suspenda este triple juicio –donde se ventilan las piezas ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’ por presuntos encargos de espionaje que le hicieron particulares– para que estas tres ramas se juzguen con la pieza principal, ‘King’, donde sí se acusa a CENYT de ser una organización criminal.
Ha esgrimido que, aunque Anticorrupción no acusa por este delito en estas tres piezas, en realidad es el «tronco común» de ‘Tándem’, por lo que de manera indirecta formaría parte de los hechos ahora analizados, por cuanto se trata de determinar si hubo una «actuación ilícita del señor Villarejo con abuso de funciones policiales».
El abogado ha rechazado la premisa de la investigación judicial al sostener que CENYT sería una especie de tapadera para los trabajos que Villarejo, del que ha destacado su doble faceta de agente de Policía y del CNI, hacía para las fuerzas de seguridad del Estado.
Si lo hacía con sus propios medios, ha justificado, es porque «ese era el pacto que tenía con el Estado». «Necesitamos tus empresas porque las necesitamos como cobertura para estar imbricados en la sociedad y prevenir el delito», ha ilustrado.
Siguiendo con este razonamiento, García Cabrera ha reivindicado que, «si hay una autorización material del Estado» no se trata de algo ilegal sino, en todo caso, de una «situación alegal» que no constituiría delito de cohecho, que junto al de revelación de secretos centra las tres piezas juzgadas.
«TENDRÁN QUE VENIR SUS JEFES»
Para averiguar cuáles eran las verdaderas funciones policiales de Villarejo, García Cabrera ha estimado que «tendrán que venir sus jefes» a declarar, apuntando en ese sentido a los ministros de Interior y secretarios de Estado de Seguridad de la época.
A su juicio, prueba irrefutable de que Villarejo actuaba en todo momento para el Estado es que el ex responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Eugenio Pino declaró en el marco de la instrucción que prestaba «servicios muy importantes para la seguridad nacional».
García Cabrera, continuando con este hilo argumental, también ha revestido el informe interno sobre la compatibilidad de las actividades privadas de Villarejo con su función policial como algo «necesario» para «mantener esa estructura».
Llegados a este punto, ha concluido que solo hay dos opciones: que la AN espere a que se envíe ‘King’ a juicio para ventilar las cuatro piezas a la vez o que remita ahora estas tres a los juzgados ordinarios de Madrid porque sin acusación por organización criminal la AN no es competente.
VUELVE A SEÑALAR AL CNI
En este contexto, García Cabrera ha incidido en que «esta causa es desde su propio origen una causa viciada, una causa preparada, una causa impulsada por el resentimiento, por el exterminio del enemigo, del considerado enemigo, por la expulsión del sistema de una persona que ha servido al sistema, a su país, a su patria».
A este respecto, ha recordado que los hechos ahora enjuiciados partieron de «una denuncia anónima elaborada por el CNI», avanzando que, si continúa, en este juicio intentarán acreditar –para que se una además a la pieza principal–, que en ‘King’ «intervino el CNI» porque no solo conocía lo que estaba ocurriendo, sino que lo supervisó y tuteló «para tener conocimiento del régimen de Guinea» Ecuatorial.
«Vaya incendio que ha generado, vaya destrozo en la sociedad española, a empresas honorables, a nuestro propio patrimonio nacional, por una causa absolutamente loca para destruir al señor Villarejo», ha lamentado.
PRIVADO DE SU «MEMORIA ESCRITA»
El abogado defensor también ha llamado la atención sobre lo que ha presentado como otras vulneraciones de lo derechos fundamentales de su representado, entre ellas que buena parte del material probatorio que sustenta estas tres piezas estuvo secreto hasta que se terminó la fase de instrucción para dar paso a la vista oral, una clara indefensión, en su opinión.
García Cabrera ha recriminado que se ha hecho un «uso parcial» de los propios documentos de Villarejo, tanto de las grabaciones de conversaciones como de sus agendas personales, para utilizarlas como elementos de cargo cuando también pueden ser exculpatorios. Especialmente grave le ha parecido que se le haya privado de consultar sus cuadernos manuscritos, su «memoria escrita».
«Hay que distinguir entre el secreto de Estado y el secreto de la clase dirigente», ha reivindicado para avisar a continuación de que se está juzgando al comisario jubilado por «la punta del iceberg'» y apostillar que, «si alguien tendría que ser perseguido son las personas que le dieron las instrucciones»: «Si el señor Villarejo es un delincuente, el Estado que le mandaba es mucho más delincuente».
Sobre los audios de las charlas que mantenía con diversas personas, ha coincidido con la defensa del también comisario Enrique García Castaño en que son nulas porque o están hechas por un policía en el ejercicio de sus funciones o por un abogado en el marco de la relación con su cliente, protegida por el secreto profesional.
Y ha añadido, al igual que otras defensas, como la del hijo de Villarejo, que las famosas grabaciones deben anularse como prueba porque son fruto de una «investigación prospectiva», dado que la orden judicial que permitió encontrarlas se habría rebasado para «pescar» al «pez», rompiendo incluso la cadena de custodia, lo que propiciaría que el material intervenido no sea fiable.
Además, ha afirmado sin tapujos que este ya «nunca» podrá ser un juicio justo en la medida en que altos cargos del Gobierno, entre los que ha mencionado a Pedro Sánchez, Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska, así como a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, han tachado públicamente a Villarejo de «corrupto».
A pesar de la ristra de reproches, antes de que comenzara esta tercera sesión, Villarejo –con su ya característica gorrilla y gafas de sol–, ha reiterado que confía en la «independencia judicial», aunque se ha definido como «un cacahuete andante» porque cree que es una mera distracción.
UNA «PENA TERRORÍFICA»
En este procedimiento hay más de una treintena de encausados, si bien Villarejo es el principal. La Fiscalía pide para él lo que su abogado ha tildado de «pena terrorífica»: 109 años de cárcel, multas que superarían los 950.000 euros –a las que habría que sumar eventuales indemnizaciones– y varias inhabilitaciones.
Villarejo ya se enfrentó a un tribunal el pasado mes de enero por los delitos de injurias y denuncia falsa de los que le culpaba el ex director del CNI Félix Sanz Roldán y por los que se arriesgaba a ser sentenciado a dos años de cárcel. En esa ocasión, el Juzgado de lo Penal Número 8 de Madrid decidió absolverlo.
No obstante, aún tiene por delante un largo recorrido judicial a causa del universo ‘Tándem’, algunas de cuyas piezas avanzan ya hacia la fase de juicio oral tras haber concluido años de instrucción.
