La definición de consentimiento y las medidas relacionadas con el ejercicio de la prostitución son los puntos incluidos en la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley ‘solo sí es sí’, que presentan mayores diferencias entre los grupos parlamentarios, según se desprende de las enmiendas registradas en el Congreso a esta norma.
Poner en el centro el consentimiento de la mujer ante una relación sexual es el objetivo principal de este nuevo texto, tal y como ha asegurado el Ministerio de Igualdad desde que anunció el impulso de esta norma. Para ello, el texto modifica el Código Penal en esta materia para unificar los delitos de agresión y abuso sexual en un mismo tipo penal.
Sin embargo, la redacción del departamento que dirige Irene Montero ha generado críticas. Primero, desde el CGPJ y el Consejo de Estado que denunciaron que ya se aplica en la legislación actual; y ahora desde algunos partidos del Congreso, como PP, EH Bildu, PdeCAT y Ciudadanos.
«Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona», recoge la norma que llegó a la Cámara baja tras su aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.
Tanto el principal partido de la oposición, como Ciudadanos y EH Bildu coinciden en que esta redacción no es necesaria.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
Los de Pablo Casado señalan en su justificación que, aunque algunos tipos penales hayan «generado una gravísima alarma social», a su juicio, la modificación que plantea esta ley «carece de seguridad jurídica» al contener «preceptos deficientes desde el punto de vista legislativo-técnico», así como «numerosas vulneraciones de derechos y libertades fundamentales» recogidas en la Constitución.
La formación vasca, por su parte, cree que «puede dar lugar a multitud de interpretaciones a la hora de decidir si ha habido o no» consentimiento por parte de los jueces. En su opinión, el segundo punto del artículo, en el que se explica aquellos casos que se considerarán violencia sexual, ya define «claramente» lo que es una agresión de esta clase.
El PDeCAT, por su parte, cree que el contenido de la Ley ‘solo sí es sí’ en este sentido produce un desplazamiento de la carga de la prueba hacia la defensa lo que, a su juicio, supone un «quebranto del principio de presunción de inocencia».
ERC, por su parte, habla también sobre consentimiento, pero en lo referente a las medidas que esta norma incluye sobre la prostitución, otro de los temas en los que existen diferencias en el Congreso. Hasta siete formaciones han registrado enmiendas sobre esta materia.
MEDIDAS ABOLICIONISTAS DESDE EL PSOE
Algunas como EH Bildu, PNV, porque consideran que recuperar la tercería locativa en esta norma –la penalización para quien alquile o ceda un local o vivienda para ejercer la prostitución– no entra dentro de los objetivos de la ley y proponen legislar sobre este tema en una norma más acorde con este fin.
Por el contrario, Junts, en Comú y ERC, rechazan parte de la redacción de la norma en este sentido al considerar que si existe consentimiento de la mujer que ejerce la prostitución no existiría delito sexual.
El PSOE ha presentado a esta norma una sola enmienda de forma individual –ha pactado una treintena con su socio de Gobierno– y es precisamente para ampliar la recuperación de la tercería locativa que propone Igualdad e incluir un «castigo al proxenetismo en general», con penas de prisión de 1 a 3 años y multas de 12 a 24 meses a quien «con ánimo de lucro promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma».
COINCIDENCIAS
Otro de los obstáculos que va a tener que superar este texto es el debate género-sexo que se inició con la tramitación de la Ley Trans y la autodeterminación de género que en ella se incluye. Así, ERC, pide especificar claramente que esta norma incluye a las mujeres trans; mientras que el PP ha registrado enmiendas para cambiar el término ‘género’ por ‘sexo’ o la ‘desigualdad de género’ por ‘desigualdad entre hombres y mujeres’.
Por su parte, Junts llama a aplicar esta norma a todas las personas víctimas de las violencias sexuales, independientemente de su género, edad o condición sexual, de forma que sea una ley «inclusiva con atención a la discriminación interseccional y múltiple».
Más allá de estos temas, entre las propuestas de los partidos hay coincidencias, como la de incluir dentro de los delitos contra la libertad sexual la esterilización o el aborto forzoso tal y como, según explican las formaciones –PP, Ciudadanos, Junts, ERC–, se recoge en el Convenio de Estambul.
Los ‘populares’ y formaciones como Junts o ERC, coinciden, además, en reclamar garantías para la indemnidad sexual entre los objetivos de este texto, para cubrir a las personas sin capacidad de ejercer su libertad sexual.
Destacar, por otra parte, otras medidas incluidas por los partidos en sus enmiendas, como el uso de dispositivos telemáticos para proteger a las víctimas de estos delitos (Ciudadanos); la creación de una comisión para inspección de libros de texto en materia de feminismo (EH Bildu); la inclusión de penas de 3 meses a 1 año para quienes roben o usen fotografías pornográficas de menores (Junts); o el aumento de 3 a 5 años del periodo para la prescripción de ayudas económicas a las víctimas de delitos sexuales (PNV).
Que se redacte de forma independiente y más clara los delitos relacionados con el uso de drogas u otras sustancias (PP); mejoras en las situaciones laborales de las víctimas (ERC); o incidir en los delitos sexuales que se realizan a través de redes sociales o el entorno digital (BNG), son otras de las medidas recogidas en las enmiendas presentadas a esta norma.
