La única forma de que las cuentas le cuadren al Estado para mantener a las personas que depende del dinero público es que las paguen los trabajadores del sector privado. En España existen actualmente entorno a 14,1 millones de personas que dependen de la hucha de las administraciones, entre los que se encuentran los funcionarios públicos, pensionistas y personas en situación de desempleo. Unos número que es necesario observar comparándolos con los 16,5 millones de personas que trabajan en el sector privado y que sustentan los salarios, pensiones y las prestaciones al desempleo con su dinero. Que la cifra de personas en cada sector sea muy similar es toda una suerte para la administración y así lo privado mantiene a lo público.
El gasto que supone mantener a funcionarios, pensionistas y personas en situación de paro es un problema para los fondos de las administraciones. El número de empleados del sector público asciende a 3,4 millones de personas distribuidos entre todas las dependencias que se sostienen con las arcas públicas. Así, dicha cifra de trabajadores se reparte entre la Administración Estatal, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Administración de Justicia, Consejería y sus organismos autonómicos, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. Es decir, estos empleados se distribuyen entre los organismo estatales, autonómicos y locales.
Al elevado número de funciones públicos se suma la cifra de pensionistas que continúa ascendiendo año tras año. Actualmente, este número se sitúa en 8,9 millones, los jubilados suponen gran parte del coste total de las personas dependientes del sector público. Además, el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, ha anunciado una subida de las pensiones para este año 2022. Así, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que las pensiones contributivas suben para este año un 2,5% y las mínimas y no contributivas, un 3%. Una actuación que, según afirman desde el Ejecutivo, beneficiará a 11,5 millones de jubilados, así, la pensión media sube en 651 euros anuales respecto a 2021, al pasar de 15.774 € a 16.424 €. Además, el Real Decreto incluye el abono de una paga compensatoria para pensionistas y beneficiarios del IMV por la revalorización de 2021, inferior al IPC registrado ese año.
A estos dos colectivos se une el de las personas en situación de desempleo que cobran una prestación, cuya cifra se sitúa en 1.842.238 de parados que se han beneficiado de la protección por desempleo. La suma de estas tres cifras asciende a los 14,1 millones de personas, por lo tanto la cifra de dinero que se debe destinar para cubrir estos sueldos es muy elevada, es decir, todo un mazazo para el bolsillo público. Por suerte para la administración hay otros bolsillos a los que dar un sablazo para mantener esos sueldos públicos, los de los trabajadores del sector privado. Así, a golpe de impuestos sale «rentable» mantener a los dependientes de la administración a través del aumento de tasas y tributos a los que tienen que hacer frente los españoles; o, en el caso particular de los autónomos, con una modificación del sistema de cuotas.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá ha hecho cuentas y las cifras no cuadran entre el número de cotizaciones de los autónomos a la Seguridad Social y el gasto que suponen a dicho organismo. La solución de Escrivá consiste en una modificación del sistema de cuotas que permitirá ingresar 2.000 millones anuales, todo un mazazo a los bolsillos de los autónomos, a los que todavía les esperan 8.000 millones más de hachazos para que la Seguridad Social salde cuentas con el Gobierno.
Esta medida pretende paliar el pufo de 10.000 millones de euros que suponen los trabajadores por cuenta propia para la Seguridad Social y que ponen a dicha entidad en una situación de deuda frente al Estado. Y es que, según los datos presupuestarios de la administración para el ejercicio 2022, los ingresos que recibirán de las cotizaciones de los autónomos ascenderán hasta 12.017 millones de euros. Sin embargo, esta cifra es insuficiente para cubrir los gastos que suponen las pensiones de los trabajadores por cuenta propia, que constituye un desembolso de 22.442 millones de euros. Así, el nuevo plan conseguirá introducir 2.000 millones de euros, pero todavía deben hacer frente a 8.000 millones si quieren quedar en paz con el Gobierno.
Una normativa que continúa ahogando al sector privado, aunque no los únicos a los que el Estado da un sablazo, ya que la subida de impuestos en productos como la gasolina la luz afectan a todos los españoles. La luz es la que copa todos los titulares y no es para menos, ya que desde mediados del año 2021, su precio lleva una carrera desenfrenada con grandes subidas. Las facturas energéticas han batido todos los récords con los incrementos que se iban sucediendo en el tiempo, llegando a superar incluso los 300 euros el megavatio hora. Unas cifras astronómicas que van acompañadas de otras subidas en diferentes productos. La electricidad ha subido respecto a 2020 un 34,9%, los aceites un 33,1%, los combustibles líquidos un 32%, el aceite de oliva en concreto un 25,3% y la gasolina en específico nada menos que un 21%.
