Junts da un paso más en su escalada contra el Gobierno central. El partido liderado por Carles Puigdemont considera agotada la legislatura y explora abiertamente una ruptura definitiva con el PSOE, según fuentes parlamentarias consultadas por esta redacción. La decisión, que se gesta desde hace semanas en Waterloo, transforma el tablero político catalán y pone en jaque la estabilidad de la investidura de Salvador Illa.
La calculada radicalización de Junts
El movimiento no es improvisado. Desde la dirección del partido se interpreta que el momento electoral les favorece y que cualquier concesión al Gobierno de Pedro Sánchez erosionaría su perfil independentista de cara a los comicios. El argumentario que circula entre los cuadros territoriales es nítido: la legislatura española está muerta y quien se quede a su lado será cómplice de la ‘inacción del 155 encubierto’.
En los pasillos del Parlament, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha intensificado las reuniones con los sectores más soberanistas. El objetivo es blindar la cohesión interna ante posibles disidencias que aún recelan de abandonar la vía de la interlocución con Moncloa. La consigna es clara: no facilitar ningún trámite legislativo que pueda interpretarse como un salvavidas a Sánchez.
Qué supone para Illa y para el Govern
La ofensiva de Junts no sólo tensa la relación con Madrid. En el Palau de la Generalitat ya se admite, en privado, que la estabilidad del ejecutivo de Illa está en peligro. Fuentes del Govern consultadas por Moncloa.com reconocen que, sin el apoyo tácito de Junts en el Parlament, aprobar los presupuestos de 2027 se convierte en una quimera. El president se vería obligado a adelantar las elecciones catalanas, probablemente a principios del próximo año.
Mientras, ERC observa con cautela el giro de sus antiguos socios de coalición independentista. Los republicanos, todavía digiriendo la operación de Junts, temen que un nuevo choque frontal con el Estado les arrincone como fuerza moderada y beneficie electoralmente a Puigdemont en su pugna por la hegemonía independentista. La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, evitó ayer valorar la estrategia de Junts durante una comparecencia en el Parlament. ‘No haremos comentarios sobre las decisiones internas de otro partido’, se limitó a señalar.
El papel de Waterloo y la sombra de las europeas
El exilio de Puigdemont sigue marcando la hoja de ruta. Las conversaciones entre Waterloo y la dirección en Barcelona se han acelerado tras los últimos sondeos, que otorgan a Junts una ventaja de hasta cuatro escaños sobre ERC. La percepción en el partido es que capitalizar el hartazgo por la falta de avances en la carpeta nacionalista puede traducirse en una mayoría parlamentaria suficiente para liderar una nueva etapa de confrontación.
A eso se suma que la justicia europea aún no ha clarificado la inmunidad parlamentaria de Puigdemont. El temor a un varapalo judicial que le impida seguir pilotando el proyecto desde Bruselas acelera la necesidad de dejar todo atado. Por eso, las fuentes consultadas subrayan que Junts quiere ‘quemar etapas’ antes de que el contexto judicial le reste capacidad de maniobra.
La ruptura total con el PSOE ya no es una amenaza electoral; es una estrategia de supervivencia política para un Junts que siente el aliento de la mayoría social independentista.
El tablero en Madrid: Sánchez, entre dos fuegos
Para Moncloa, el órdago de Junts es especialmente incómodo. El Gobierno central depende de los siete votos del grupo plurinacional para sacar adelante leyes clave como los Presupuestos Generales del próximo ejercicio. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha intentado minimizar el envite en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: ‘Seguimos trabajando con todos los grupos para garantizar la estabilidad’, ha afirmado.
Pero la realidad parlamentaria es tozuda. Sin Junts, la suma de PSOE, Sumar, ERC y Bildu se queda en 172 diputados, muy lejos de los 176 necesarios. Fuentes socialistas admiten que la legislatura entra en ‘zona de riesgo extremo’ y que la única salida viable pasa por un acuerdo global que satisfaga las exigencias independentistas en materia de autodeterminación y financiación. Algo que, a día de hoy, parece imposible sin romper con otros socios como el PNV.
La intrahistoria judicial que lo condiciona todo
En el fondo de cada movimiento está el proceso judicial contra los líderes del ‘procés’. La amnistía sigue atascada en el Tribunal Constitucional y los recursos presentados por la Fiscalía mantienen vivas las condenas por malversación. Junts utiliza esta parálisis como ariete contra Sánchez, acusándole de incumplir los compromisos adquiridos en la investidura. ‘Mientras la justicia siga secuestrando la voluntad popular, no habrá normalidad democrática’, repiten en el partido.
Los plazos judiciales, además, añaden presión. Se espera una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las euroórdenes en otoño. Si el fallo despoja a Puigdemont de su inmunidad como eurodiputado, Junts perdería a su principal activo mediático y estratégico. La aceleración del pulso con el Gobierno busca precisamente dejar claro que, pase lo que pase en Luxemburgo, el proyecto no se disolverá.
Conclusión: ¿hacia unas catalanas anticipadas?
En esta redacción observamos que Junts ha abandonado definitivamente el disimulo. La legislatura catalana echa el cerrojo y las elecciones anticipadas en Cataluña parecen cada vez más inevitables. Si Illa no logra recomponer la relación con los de Puigdemont —y los puentes están más quemados que nunca—, difícilmente llegará al verano de 2027 sin pasar por las urnas.
Mientras tanto, la precampaña ya se libra en los medios y en las redes. Junts aprieta el acelerador, convencido de que el momento es ahora. El relato está servido: los que pactan con el Estado traicionan; ellos, en cambio, no se arrugan. El próximo pleno del Congreso y la votación de las enmiendas a la ley de estabilidad serán el primer test real del nuevo escenario. Y la temperatura no deja de subir.
