La investigación judicial sobre el encargo que los hermanos Ángel y Álvaro Pérez Maura habrían hecho al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo para impedir que el primero fuera extraditado a Guatemala por un caso de sobornos se adentra ya en la recta final, a la espera de unas últimas declaraciones y, sobre todo, de que las autoridades guatemaltecas respondan a la petición del juez instructor para viajar allí.
El punto de partida de esta pieza separada del ‘caso Villarejo, denominada ‘Pit’, se sitúa en 2016, cuando Guatemala solicitó a España la entrega de Pérez Maura, acusado de pagar sobornos de hasta 30 millones de dólares a altos funcionarios de la nación centroamericana, incluidos el ex presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, para conseguir la adjudicación de una infraestructura en Puerto Quetzal.
De acuerdo con el relato judicial, los Pérez Maura habrían acudido entonces a Villarejo para que frenara la extradición de Ángel. Por este encargo, bautizado como ‘Pit’ –de ahí el nombre de la pieza separada–, el grupo empresarial del entonces comisario se habría embolsado 7,4 millones de euros.
En un principio, la investigación española se centró en ‘Pit’, pero cuando la Audiencia Nacional rechazó en 2018 la extradición de Pérez Maura a Guatemala por ser ciudadano español abrió la puerta a que fuese juzgado en España por los delitos que allí se le imputaban.
En respuesta, García Castellón asumió en abril de 2021 la causa dirigida en el país latinoamericano contra Pérez Maura por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho para concluir la fase de instrucción y, en su caso, proceder a juicio.
Desde entonces, ha solicitado diversa información a la Fiscalía guatemalteca. El pasado marzo, casi un año después de cursar la primera comisión rogatoria, recibió la documentación reclamada por valija diplomática.
No obstante, García Castellón aún espera a que el Ministerio Público de Guatemala le responda si le permite o no viajar allí para completar sobre el terreno las pesquisas pendientes de la parte guatemalteca de la causa.
Las fuentes jurídicas consultadas explican que el silencio de las autoridades guatemaltecas sobre la posibilidad de que García Castellón se traslade personalmente es en estos momentos el principal escollo para poner fin a la instrucción de ‘Pit’.
Desde la Audiencia Nacional se han emitido ya varios recordatorios a Guatemala para intentar obtener una respuesta –sea en el sentido que sea–, aunque sin éxito. Las mismas fuentes aseguran que se mandará un ultimátum para tratar de zanjar el asunto.
Al margen del eventual viaje, queda un último fleco que atar en ‘Pit’. Se trata de la declaración fijada para el próximo 21 de octubre del empresario William Anthony Schwank López, reclamado por Guatemala como presunto intermediador de una comisión ilegal para la ampliación del Puerto Quetzal.
No es la primera vez que se le llama a sede judicial. El pasado 11 de marzo, compareció como testigo pero se acogió a su derecho a no declarar al encontrarse inmerso en un proceso de extradición a Guatemala.
Schwank López es una de las seis personas, junto a Ángel Pérez Maura, contra las que la Fiscalía guatemalteca libró en 2016 órdenes de captura internacionales por su presunta implicación en el pago de sobornos para que la Terminal de Contenedores Quetzal (TQC) consiguiera el contrato de ampliación de dicho puerto. En su caso, veía presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
En febrero, pasó a disposición judicial en la Audiencia Nacional acordándose su prisión provisional incondicional en el marco del proceso de extradición. Los fiscales anticorrupción Miguel Serrano y Jorge Andújar tuvieron conocimiento de ello y pidieron interrogarle como testigo al considerar que podría ayudar a esclarecer un posible delito contra la administración pública cometido por los investigados en ‘Pit’.
El motivo de llamar a Schwank López, según expusieron los fiscales anticorrupción en su escrito –que pudo ver esta agencia de noticias–, son trece conversaciones grabadas y, en concreto, un audio de más de 40 minutos entre un sujeto identificado como Schwank López y otro «inicialmente desconocido».
En 2019, el instructor encargó a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que analizara esta conversación y otra en la que intervienen «de manera indubitada» el socio de Villarejo, Rafael Redondo; el ex policía y colaborador de las empresas del comisario Antonio Bonilla; y un tercero identificado como Antonio Serrano.
La intención era determinar si el interlocutor desconocido en el audio de Schwank López era Bonilla. La UAI concluyó que no era posible hacer un análisis completo por faltar el «estudio acústico espectográfico» pero que, a juzgar por la «percepción auditiva», no descartaba que «los discursos analizados pudieran haber sido realizados por la misma persona».
