Laura Cruzado (en la imagen) murió a los 20 años tras luchar desde los 13 contra su adicción a las drogas y los fármacos. El pasado 10 de septiembre, dos jóvenes dejaron su cuerpo en la puerta de un albergue de Jerez y su caso está bajo secreto de sumario.
“La muerte de Laura es consecuencia de muchas cosas y muestra que el sistema sociosanitario necesita una transformación urgente que garantice tratamientos dignos y eficaces”, denuncia su madre, Concepción Moreno, enfermera de profesión que ha hecho lo imposible por sacar a su hija del laberinto de la adicción y que ahora lucha porque su muerte no sea en vano.
Laura comenzó a consumir cannabis a los 13 años después de sufrir malos tratos por parte de su padre, según una sentencia de 2015. Tras la sentencia, el padre de Laura se negó a que recibiera terapia psicológica, según relata su madre. Sin acceso a tratamiento, tuvo problemas graves de comportamiento y comenzó a robar en grandes almacenes para financiar su adicción. Concepción tuvo que denunciar a su propia hija para acabar con su espiral autodestructiva de consumo e ingresarla en un centro de menores.
Tras dos estancias sucesivas en centros de menores, salió tras la mayoría de edad con una adicción añadida a los psicofármacos y con un subsidio de excarcelación de 450 euros que usó para seguir consumiendo.
“Cuando salió del centro de menores, fuimos al Centro Provincial de Adicciones, pero la lista de espera es brutal porque les faltan profesionales”, narra Concepción. “Tienes que esperar un mes y medio solo para la primera cita de valoración”.
En España, la lista de espera para ingresar en una comunidad terapéutica con financiación pública puede llegar hasta los seis meses, como en la Comunidad Valenciana. Las comunidades terapéuticas son un recurso residencial de atención sociosanitaria para personas con adicciones severas a drogas, cuya competencia recae en las comunidades autónomas. Entre los diez gobiernos regionales que han entregado datos para este reportaje, la peor media de días para lograr una plaza pública es Asturias, con 80 días de espera, seguida de Cantabria (75).
Los gobiernos de Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco se caracterizan por su opacidad: no han aportado información oficial sobre listas de espera para este reportaje. En el caso de las autonomías que han optado por no transparentar sus listas, los datos recabados por este medio consultando directamente a estos centros son peores: hasta 180 días de espera en la Comunidad Valenciana, hasta 110 días en el caso de Canarias o 100 en Galicia. En la parte luminosa se sitúa La Rioja, donde las personas adictas son internadas en los centros sin demora.
En Andalucía, la comunidad de Laura, el tiempo promedio es de 71 días, según los datos suministrados por la Consejería de Salud. Esta consejería no respondió a las preguntas de este medio sobre este caso debido al secreto de sumario. Marta Cáceres, subdirectora del área andaluza de adicciones, admitió a este medio que las listas de espera para ingreso en comunidades terapéuticas llegaron a acumular hasta cinco meses por la pandemia, Desde entonces informó que han aumentado en 20 plazas más y han pasado de 49 euros de presupuesto por plaza al día a 65.
Concepción acompañó a su hija por este vía crucis de listas de espera, pasó con Laura en casa por durísimos síndromes de abstinencia, acudió a un costoso centro privado y, ante la desesperación, también por centros religiosos no homologados.
En el transcurso de sus ocho años de consumo, Laura logró plazas públicas en centros de rehabilitación en dos ocasiones, aunque sin éxito en el tratamiento. Concepción achaca el fracaso al retraso en el tratamiento y la desatención en salud metal.
Para las familias, salir del laberinto de las drogas supone adentrarse en otro: el de nuestro sistema de atención pública y sus listas de espera post pandemia. Concepción Moreno y su hija recorrieron ese laberinto en todas las direcciones y nunca encontraron la puerta de salida.
El sistema español no cuenta con recursos específicos para mujeres en todas las comunidades, que depende de sanidad, salud mental o servicios sociales según cada gobierno autonómico, que está basado en conciertos o subvenciones anuales insuficientes y que sufre la falta de profesionales como denominador común.
La rehabilitación se convierte así es una carrera de obstáculos a contrarreloj en la que los adictos parte con ventaja según la comunidad autónoma donde residan. Y, como Laura, no todos llegan a la meta.
En 2020, murieron en España 974 personas por reacción aguda a sustancias psicoactivas, un 73% sin evidencia de suicidio, según el Informe 2022 del Observatorio Español de Drogas y Adicciones del Ministerio de Sanidad. Esa cifra ha crecido de forma sostenida desde 2011 hasta casi duplicarse en la actualidad.
Construyendo el rompecabezas
Moncloa.com solicitó información a todos los gobiernos regionales sobre su número de plazas públicas en comunidades terapéuticas, lista de espera actual y tiempo medio para conseguir ingresar en una plaza pública.
Transcurrido más de un mes de las solicitudes de información, sólo diez CCAA trasparentaron sus listas de espera de forma oficial.
Ante la información incompleta o la ausencia de información, Moncloa.com ha recurrido a organizaciones subvencionadas o concertadas que gestionan comunidades terapéuticas. Con ellas, hemos intentado completar algunas piezas del rompecabezas para reflejar unas listas de espera que perjudican la rehabilitación.
Listas de espera en cada eslabón asistencial
Casi 200.000 personas fueron atendidas en unidades ambulatorias de atención a adicciones en 2020, según la Memoria del Plan Nacional sobre Drogas de ese año. Estos dispositivos son la puerta de entrada para la derivación a otros servicios hospitalarios o residenciales como comunidades terapéuticas, centros donde recibieron tratamiento 6.017 personas en 2020. A la luz de las cifras de espera, una cifra que se queda corta.
Mientras que en La Rioja o Navarra no hay listas de espera y es posible ingresar tras ser derivados por las unidades de salud mental, en Asturias, Andalucía, Canarias, Cataluña y Galicia esta espera puede superar los tres meses y llegar hasta los seis en la Comunidad Valenciana.
“Hemos visto en este primer semestre de 2022 un incremento del 9% en la atención a adicciones y tenemos una demora para el ingreso en una comunidad terapéutica de seis a siete meses”, reconoce Vicent Andrés, director de Proyecto Hombre en Valencia. “Asistimos a un repunte de las adicciones tras la pandemia”.
En la Comunidad Valenciana, 887 personas solicitaron ingresar en 2020 en una de sus ocho comunidades terapéuticas con 193 plazas en total, según las cifras aportadas en un informe de la Consejería de Sanidad, una carga asistencial inasumible.
Según explica Luciano Poyato, presidente de la Red de Atención de las Adicciones (UNAD), cuando un adicto llega a la lista de espera para su ingreso en una comunidad terapéutica, antes ha pasado por dos listas de espera previas. La primera es la de una consulta en un centro de atención de adicciones con un técnico, normalmente asistente social. Después, prosigue la derivación al psicólogo o psiquiatra que decidirá si el adicto debe ser tratado en un centro de día, en una unidad de desintoxicación hospitalaria o en una comunidad terapéutica.
“Hay que ganar tiempo en el abordaje integral de una persona adicta y para eso hace falta inversión pública, reforzar los servicios sociales, más personal sanitario y una mejora de instalaciones”, reconoce Poyato, representante de la red nacional de centros subvencionados y concertados.
Canarias, cuya consejería de salud no aportó información para este reportaje, lideró el ranking de CCAA con más admisiones a tratamiento por cada 100.000 habitantes en 2020, según la Memoria del Plan Nacional sobre Drogas de ese año. Las Crucitas, el único centro subvencionado de la isla de Tenerife, reconoce que las listas de espera superan los 110 días para lograr una plaza.
Le sigue en ratio de admisiones Extremadura, que es la región con más plazas por cada 100 mil habitantes (14). Aun así, sus listas de espera ascienden a 45 días para lograr el ingreso en un centro.
En el otro extremo, Madrid o Baleares, que pese a contar con menos de dos plazas en comunidades terapéuticas por cada 100 mil habitantes, afirman tener listas de espera de tan sólo 31 y 30 días, respectivamente.
Galicia, a través del Servicio Gallego de Salud, solo brindó información del número de atenciones de sus servicios de drogodependencias (3.171) y número de centros, pero no de sus listas de espera.
Ante la falta de especialistas en salud metal, en CCAA como Galicia si el adicto es derivado al psiquiatra o psicólogo desde atención primaria se añadirán seis meses más en su lista de espera. Así lo explica Javier Alonso, coordinador de vivienda de la Asociación Érguete, la organización de lucha contra la drogadicción fundada por la histórica Carmen Avendaño, conocida por su lucha contra el narcotráfico desde las rías gallegas en los años 80.
Si acude directamente a una unidad de atención de adicciones, la espera para ser atendido por un especialista se acorta considerablemente- informa Érguete-, no así los tres o cuatro meses de media que la persona adicta tendrá que aguardar si necesita una comunidad terapéutica por la gravedad de su adicción.
Copago en Cataluña por subvenciones precarias
En Cataluña, la CCAA con mayor número de adictos atendidos (10.239 en 2021, según el informe de UNAD), existen 22 centros residenciales subvencionados que albergan más de 500 plazas.
La Consejería de Salud de la Generalitat no ha enviado los números oficiales de sus listas de espera para este reportaje, pero sí lo ha hecho la Coordinadora de Comunidades Terapéuticas para Drogodependientes de Cataluña, que agrupa a las comunidades terapéuticas subvencionadas. Acumulan de media listas de espera de dos meses, llegando en 2021 hasta los 143 días para lograr una plaza pública en el caso de una comunidad terapéutica, la de la organización Dianova.
Para ingresar en Cataluña a un centro subvencionado, es necesario pagar una cuota mensual. “Se estableció un copago porque la subvención es deficitaria con unos costes por plaza sin actualizar desde 2009”, explica Mercè Cervantes, coordinadora de las comunidades terapéuticas de Cataluña.
Este copago asciende a 250 euros por persona al mes, a los que se suman gastos personales en transporte o productos de aseo. “Quien no tiene nada, no paga nada”, recalca Cervantes. Están esperando a que la Generalitat ratifique el convenio y concertar las plazas subvencionadas y que, de ese modo, puedan “abordar los costes reales de la plaza”.
Sin recursos para las mujeres drogodependientes
En Aragón, un solo centro de Proyecto Hombre con 45 plazas atiende a todas las derivaciones de las unidades de salud de la CCAA, también las realizadas por las prisiones. Su lista de espera de 45 días parece corta dadas las circunstancias en las que presta servicio.
Aragón ─junto con Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra─, es una de las cinco CCAA sin recursos específicos para mujeres con adicciones, según la última memoria disponible del Plan Nacional contra las Drogas. “Tenemos que derivarlas a un centro subvencionado de la Iglesia Católica en Tarragona”, cuenta Jesús Sánchez, director del Centro de Solidaridad Zaragoza-Proyecto Hombre.
Una de cada cinco personas atendidas en la red de adicciones es mujer, según el informe Perfil de Adicciones 2021 de UNAD. El 63% es policonsumidora, siendo el alcohol la sustancia principal.
“La adicción y la violencia de género van unidas en la mayoría de los casos, pero los centros de tratamiento no están preparados para tratar ambas problemáticas al unísono”, denuncia Carmen Martínez, vicepresidenta de UNAD, que agrupa a 200 organizaciones que trabajan contra las adicciones.
Según esta red, hasta un 70% de las mujeres adictas fueron víctimas de violencia física y psíquica durante su infancia y adolescencia, un 56% sufrió violencia de género por parte de sus parejas y un tercio padeció violencia sexual.
“La estigmatización hace que oculten los consumos y no vayan a buscar ayuda debido a la sanción familiar y social, sobre todo cuando tienen a menores a su cargo por miedo a que les sea retirada la custodia”, explica la vicepresidenta de UNAD.
Por ello, desde las organizaciones que trabajan las adicciones, denuncian la visión androcéntrica de los recursos públicos y privados, que no están preparados para todas estas problemáticas.
Adicción más trastorno mental: patología dual
“¿Los pobres no tenemos derecho a la rehabilitación?“, se pregunta Elena, madre de un adicto con Trastorno de Déficit de Atención (TDHA), después de transitar durante años por listas de espera del sistema público de atención a adiciones. En Euskadi solo existe un centro público especializado en patología dual, la que sufre su hijo, pero desde los 17 años que comenzó su periplo su madre afirma que no logró ser derivado.
Se fue de casa y cometió robos reiterados. Ingresó en unidades de desintoxicación y centros subvencionados no especializados en esta patología de los que fue expulsado por consumir o por mal comportamiento. Llegó el confinamiento, cerraron los centros de rehabilitación, el juez preguntó dónde estaba su hijo y tuvo que decirle que no estaba ingresado.
“El engranaje sociosanitario está fallando y jóvenes con patología dual acaban en las cárceles”, relata Elena. País Vasco no ha brindado información para este reportaje, a pesar de las reiteradas peticiones.
Su hijo está ahora en una prisión de máxima seguridad en Aragón porque en el País Vasco no logró plaza en una cárcel para reos comunes en la que pudieran tratar su patología dual. “Es el colmo, no hay sitio para nuestros hijos en los centros de rehabilitación, pero tampoco en las cárceles”.
La encrucijada de la adicción sin tratamiento: hospital, cárcel o muerte
Para Narcóticos Anónimos, una organización sin ánimo de lucro basada en el mismo método que Alcohólicos Anónimos, sin rehabilitación los adictos llegan a una encrucijada que los lleva a la cárcel, como el hijo de Elena, a la muerte, como el de Laura, o al hospital. Ellos luchan para que la rehabilitación sea el camino elegido
“Yo saqué a mis dos hijos a las tres de la mañana, los metí en sus sillitas de bebé sin ponerles el cinturón, me fui a casa de mi camello porque me había quedado sin cocaína y los dejé con él mientras me drogaba, cuenta “Ángel”, un adicto en recuperación en Narcóticos Anónimos que lleva cinco años sin consumir.
Una treintena de familias escucha a “Ángel”, que también padece una patología dual, en una jornada abierta de Familias Anónimas a la que acude este medio.
“Después de años de consumo, robo y mentiras, hay un momento en el que tu cabeza hace clic”, narra este adicto en recuperación de Narcóticos Anónimos. “Es tu momento, has tocado fondo, te rindes, sabes que no puedes salir y buscas ayuda”.
Esta ventana de oportunidad es única e imperdible en casos graves. El abordaje sanitario y social debe ser inmediato. “Puede significar en algunos casos la diferencia entre la vida o la muerte”, recalcan en Narcóticos Anónimos.
Por eso, las familias que pueden permitírselo recurren a centros privados para evitar las listas de espera.
Familias hipotecadas en centros privados
“Luz” asiste a la reunión de Familias Anónimas para intentar ayudar a su hijo, de 22 años y con el perfil típico de patología dual: TDHA y adicción. Ha pasado por los centros de atención ambulatoria a adicciones de Usera, Arganzuela y Villaverde, en Madrid. “Es lista de espera tras lista de espera y tú lo que necesitas es que ingresen a tu hijo ya”, cuenta “Luz”.
Por eso, inició un periplo por centros privados. “A poco que tengas, te hipotecas y vas a centros donde te cobran por adelantado y, si tu hijo abandona el tratamiento antes de tiempo, no hay devolución del dinero y ahí te quedas con tu hijo y un gran agujero en tu cuenta bancaria”.
“Las familias firman un contrato con el centro antes del ingreso”, explica Cristina Salas de Adictalia, la principal red que agrupa a los centros privados de rehabilitación en España. “En Adictalia mediamos entre los centros y las familias cuando se dan estos casos”, explica.
El rango de precio oscila entre 2000 y los 50 mil euros. “Todos los centros asociados cumplen con la normativa sanitaria y cuentan con profesionales. La diferencia está en que en un rango de precio intermedio cuentan con un psiquiatra y en el rango más alto tiene que ver con el tipo de instalaciones y lujos”.
Lo más habitual en los centros privados es que a la salida los adictos en recuperación dispongan de pisos terapéuticos. “En los públicos, los tienen ingresados hasta nueve meses en una burbuja, donde es más fácil mantenerse sin consumir”, describe la responsable de Adictalia. “Salen del centro con el alta médica y muchos recaen”.
Combatir el síndrome de abstinencia solo con rezos y trabajo
“Luz”, después de meses sin contacto, ha sabido de su hijo a través de un wasap enviado por una asociación cristiana. Su hijo está en un centro no homologado trabajando como voluntario para pagarse techo y comida.
Si las familias no pueden aguantar la lista de espera ni seguir pagando centros privados, solo les queda un camino: recurrir a asociaciones religiosas gratuitas donde admiten al adicto el mismo día que solicita su ingreso.
“Carecen de profesionales especializados, de método científico y emplean a exadictos como voluntarios en un contexto de rehabilitación que no es supervisado”, explica Miguel Perlado, psicólogo especialista en adicciones y sectas. “Es el agujero negro que provoca un sistema fallido”.
Estas agrupaciones, sin autorización sanitaria, no pueden suministrar medicación sustitutoria para paliar el síndrome de abstinencia. Lo combaten rezando y con trabajos físicos extenuantes. “Terminan en dependencias cruzadas porque sustituyen una dependencia por otra: la de servir gratuitamente a una asociación durante 24 horas”, afirma Perlado.
El hijo de “Antonio”, que como el de “Luz” también padece patología dual, ha ingresado en varias ocasiones en estos centros. En una comunidad terapéutica pública tienen férreas reglas para el ingreso. La persona adicta tiene que seguir una serie de pasos previos. El más importante es mantenerse en abstinencia o pasar por una unidad de desintoxicación hospitalaria. Unos pasos que las personas con TDHA y adicciones en la mayoría de los casos no pueden dar.
“Si te dice tu hijo adicto de 22 años, consumidor desde la primera adolescencia, que quiere ingresar en un centro religioso y allí te lo admiten ese mismo día, lo llevas en patinete si hace falta”, cuenta Antonio.
“Los familiares estamos en el limbo”
“Mi hija ha sufrido desde pequeñita y no la hemos podido ayudar”, dice resignada Concepción Moreno, la madre de Laura. “Solo me queda el consuelo que ya no sufre”.
“Antonio” y “Luz” se refugian Familias Anónimas, el grupo de apoyo gratuito para familiares de adictos. Tras intentarlo todo y acumular fracasos en el sistema público y privado, se vieron obligados a aplicar lo que en Familiares Anónimos llaman “amor duro”.
Han dado la espalda a sus hijos para que toquen fondo y reaccionen. Animan a adictos y a sus familias a que acudan a las reuniones, mientras intentan salir del laberinto de la adicción y superar los obstáculos del sistema.
“Si la atención es mala para drogodependientes, los familiares estamos en el limbo”, narra “Dolores”, que lleva más de 20 años en Familias Anónimas. “Por cada adicto, hay cuatro personas sufriendo”.
