El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz tomará declaración este miércoles a partir de las 10.00 horas al expresidente del Banco Popular Ángel Ron a raíz de una querella por un presunto delito de estafa a inversores o incumplimiento de los deberes de información en la ampliación de capital realizada en 2012.
A pesar de que esta citación estaba inicialmente prevista para el martes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 aplazó la declaración a petición de la representación de Ron, que tenía un señalamiento coincidente.
Pedraz, que escuchará a Ron a partir de las 10.00 horas, tomará declaración a continuación al exvicepresidente del banco Roberto Higuera. Un día después, el jueves, escuchará a José María Sanz y la consultora PWC, todos como querellados.
Estas citaciones llegan después de que el juez admitiese el pasado mes de junio dos querellas contra esa ampliación de la entidad bancaria al considerar que pudieron incurrir en «omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener, incumpliendo los deberes de información establecidos en orden a garantizar la transparencia del mercado de valores».
Cabe precisar que los hechos en los que indaga Pedraz son distintos de los que se investigan en otro juzgado de la AN, el Central de Instrucción Número 4. En concreto, el juez José Luis Calama indaga en dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital de ese año, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
En una de las querellas admitidas, presentada por Miguel Ángel Pereira y en representación de otras 50 personas que perdieron su dinero como consecuencia de la citada ampliación de capital, se relata la situación financiera del banco en los años 2010, 2011 y 2012 y se enumeran los indicios por los que se entiende que se faltó a la verdad en la información dada para la ampliación de 2012.
Para Pedraz, eso exige analizar la situación financiera de la entidad antes de 2012 para clarificar si existen indicios de actuación delictiva por los querellados. Este primer escrito se dirige contra Ron, Higuera y contra el propio Banco Popular.
La segunda querella, presentada en representación de las mercantiles Cerquia Gestión y Cercupenta y de Carlos Cercadillo, se dirige por su parte contra el Banco Santander, Ron, la consultora PWC y el auditor de esta última, José María Sanz. Además, el escrito amplía el objeto de la anterior al referirse a delitos de falsedad contable desde 2008 así como de administración desleal.
Respecto a los querellados contenidos en esta última querella, Pedraz introdujo una matización importante y es que ha de «excluirse al Banco Santander como responsable penal, al que las partes querellantes consideran responsable como sucesor del Popular».
Así, y recordando que esto ya fue motivo de análisis por la Sala de lo Penal, Pedraz señalaba que el Santander «no podría responder penalmente por las operaciones que se hubieran realizado en el seno» del antiguo Popular. Todo ello «sin perjuicio de poder considerarse, por el momento, como responsable civil subsidiario».
